Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.2
y transmisión de pruebas para los enjuiciamientos,
las extradiciones de infractores y el
apoyo a la detección, incautación y confiscación
de los productos de la corrupción (cap. IV,
en especial arts. 43 y 44).
La Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción se basa en parte y refuerza varios
acuerdos regionales sobre estas cuestiones, entre
ellos la Convención de la UA para prevenir y
combatir la corrupción y los delitos conexos; la
Convención Interamericana contra la Corrupción;
la Convención de la OCDE para combatir el
cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales; la
Convención Penal del Consejo de Europa contra
la corrupción (que penaliza los actos de corrupción);
y el Convenio civil del Consejo de Europa
sobre la corrupción (que prevé reparación para
las víctimas de la corrupción).
6.3. Responsabilidad del Estado y
diligencia debida en el contexto
de la complicidad del sector
público en la trata de personas
El Principio 6 confirma que los Estados son responsables
de detectar y dar respuesta a los casos de
complicidad del sector público en la trata de personas.
El Comentario, en relación con el Principio
2 y las directrices conexas, ya ha expuesto los
puntos fundamentales de la legislación en materia
de responsabilidad, confirmando que un Estado
será responsable de los actos u omisiones que
son: i) atribuibles al Estado, y ii) una infracción de
sus obligaciones jurídicas internacionales. Estas
cuestiones se examinan en detalle más adelante,
haciendo referencia específica a la complicidad
del sector público en la trata de personas.
Atribución de responsabilidad por la
conducta de los funcionarios públicos
El derecho internacional no deja lugar a dudas en
cuanto a que la conducta de cualquier órgano del
Estado, como un tribunal o el poder legislativo,
siempre se considerará un acto de ese Estado, del
que éste es directamente responsable (Proyecto
de artículos sobre la responsabilidad del Estado,
art. 4) 239 . La atribución de responsabilidad por
los actos de funcionarios que forman parte de un
órgano del Estado (como agentes de policía, fiscales,
funcionarios de inmigración) dependerá de
si la persona afectada actúa de forma evidente
en su capacidad oficial o simulando autoridad.
Un aspecto importante es que, a este respecto,
no es pertinente que la persona de que se trata
haya tenido motivos ulteriores o impropios o esté
abusando de la autoridad pública (art. 4, párr.
13). El hecho de que el acto de que se trata no
estuviera autorizado o fuera ultra vires tampoco
es pertinente cuando se trata de determinar si ha
de ser caracterizado o no como acto del Estado
(art. 7) 240 . Se trata de dos principios importantes
en el contexto que nos ocupa. Los Estados pueden
defenderse contra las acusaciones de participación
del sector público en la trata de personas
señalando que esa participación es contraria a la
legislación y las políticas nacionales. Con arreglo
a las normas de atribución de responsabilidad,
las conductas de personas investidas de autoridad
gubernamental serán atribuidas al Estado
como actos de ese Estado 241 . Por consiguiente, la
239
La Corte Internacional de Justicia confirmó que
este principio es una norma de derecho internacional
consuetudinario (Difference Relating to Immunity from Legal
Process of a Special Rapporteur of the Commission on
Human Rights, opinión consultiva, ICJ Reports 1999, pág.
87, párr. 62.
240
Obsérvese que esta disposición se aplica tanto a los
órganos del Estado como a una persona o entidad facultada
para ejercer elementos de la autoridad gubernamental. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que las
autoridades del Estado son estrictamente responsables de la
conducta de sus subordinados; tienen el derecho de imponer
su voluntad y no pueden esgrimir como justificación su
incapacidad para hacerla respetar. Ilascu et al c. Moldova y
Rusia (48787/99) [2004] TEDH 318 (8 de julio de 2004),
párr. 319.
241
Petrolane Inc. c. República Islámica del Irán (1991)
27 Iran-U.S.C.T.R., 64, pág. 92, citado el en Proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, art. 7, párr.
126 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas