Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.3
bajo custodia administrativa prolongada sin
posibilidad de recurso administrativo o judicial
puede constituir detención arbitraria 279 . Las
Directrices del ACNUR sobre la detención de
solicitantes de asilo establecen una presunción
contraria a la detención y el requisito de que se
estudien en primer lugar otros medios para conseguir
resultados lícitos (como la identificación o
la protección de las víctimas, entre otros) 280 .
Por último, el derecho internacional exige a los
Estados que se aseguren de que existan las necesarias
garantías procesales para identificar y
dar respuesta a las situaciones de privación de
libertad ilícita o arbitraria. El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos especifica varias
de esas garantías procesales, entre ellas el derecho
de toda persona que sea privada de libertad
en virtud de detención o prisión a recurrir
ante un tribunal a fin de que éste decida sobre
la legalidad de su prisión (art. 9 4)), así como el
derecho efectivo a obtener reparación en caso
de que haya sido oficialmente detenida o presa
(art. 9 5)).
Según este análisis, resulta evidente que la detención
de las víctimas de la trata en cárceles,
comisarías, establecimientos de detención de
inmigrantes, centros sociales o albergues puede
constituir privación ilícita de libertad y viola la
prohibición de la detención arbitraria. El riesgo
de que la detención sea caracterizada como
ilícita o arbitraria es particularmente elevado si
puede demostrarse que esa detención:
279
Comisión de Derechos Humanos, resolución 1997/50
sobre la cuestión de la detención arbitraria; Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de deliberación
Nº 5, situación relativa a los inmigrantes y a los
solicitantes de asilo (E/CN.4/2000/4, anexo II).
280
ACNUR, Directrices revisadas sobre criterios aplicables
y estándares relativos a la detención de solicitantes
de asilo (febrero de 1999); pueden consultarse en la
dirección http://www.unhcr.org/refworld.
• No está específicamente prevista en la ley o
se impone de forma contraria a ésta;
• Está prevista o es impuesta de forma discriminatoria
281 ;
• Es impuesta por un período prolongado, indeterminado
o indefinido;
• Es injusta, impredecible o desproporcionada;
• No está sometida a revisión judicial o administrativa
que confirme su legalidad y que sigue
siendo necesaria en las circunstancias del
caso, con la posibilidad de liberación cuando
no existan motivos para que continúe.
Detención, obligación de protección
y prohibición de la discriminación por
razones de sexo
¿Podría ser la detención necesaria para proteger
a las víctimas de nuevos daños? Al estudiar esta
cuestión, es importante reconocer que la trata de
personas en general sólo es posible y se sostiene
mediante el temor, la violencia y la intimidación.
A diferencia de muchos otros delitos, la amenaza
para la víctima no termina una vez que ha escapado
o ha sido rescatada de su situación de explotación.
En algunos casos, particularmente cuando la
víctima está en contacto con el sistema de justicia
penal, la libertad posterior a una situación de trata
incluso puede agudizar el riesgo para la seguridad
y el bienestar de esa persona 282 . También los
niños pueden enfrentarse a riesgos añadidos.
281
Los motivos de esa discriminación ilícita incluirían
los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos: raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, propiedades, nacimiento u otra condición,
teniendo en cuenta las potenciales limitaciones a los
derechos de los no ciudadanos que se han esbozado
en la parte 2, sección 1.3. Obsérvese que la detención
considerada discriminatoria por razones de discapacidad
contravendría, en ausencia de una justificación adecuada,
el artículo 14 de la Convención sobre la discapacidad.
282
Véase además UNODC, Toolkit to Combat Trafficking
in Persons (publicación de las Naciones Unidas, Nº de
venta E.08.V.14), págs. 224 a 240.
142 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas