Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.2
al Principio 2 y las directrices conexas, la norma
de diligencia debida se utiliza comúnmente
para determinar las obligaciones de los Estados
cuando se trata de responder a los actos
cometidos por entidades privadas que interfieren
con los derechos establecidos. Los principios
pertinentes confirman que el hecho de no cumplir
esta norma, en lo que se refiere a prevenir un
abuso previsto de los derechos humanos por
una entidad privada, o de responder de manera
efectiva a un abuso de ese tipo, entrañará la
responsabilidad del Estado. La diligencia debida
también es la norma apropiada en las siguientes
situaciones:
• Al evaluar si el Estado ha tomado medidas
suficientes para impedir la participación de
sus funcionarios en la trata de personas, y
• Al evaluar si el Estado ha cumplido su obligación
de detectar, investigar y sancionar la
complicidad del sector público en la trata de
personas.
El estudio sobre la diligencia debida que se
hace en relación con el Principio 2 y las directrices
conexas confirmaba que decidir si un Estado
está cumpliendo o no la norma de diligencia
debida en última instancia se reduce a evaluar
si está cumpliendo su obligación de prevenir,
respetar y proteger con seriedad los derechos
humanos. En el contexto actual, esas obligaciones
incluyen prevenir y dar respuesta a la
complicidad del sector público en las violaciones
de los derechos humanos asociados a la trata de
personas. El Comité de Derechos Humanos ha
explicado los pasos que deben darse para hacer
frente a las violaciones de los derechos humanos
en las que participan funcionarios públicos:
El Comité recomienda que para combatir la
impunidad se adopten medidas estrictas a fin
de garantizar que todas las alegaciones de
violaciones de derechos humanos se investiguen
con prontitud e imparcialidad, que los
autores de los delitos sean procesados, que
se impongan las penas adecuadas a los condenados
en esos casos y que se indemnice
de forma apropiada a las víctimas. Hay que
velar por que los funcionarios condenados
por delitos graves sean apartados permanentemente
de sus funciones y que sean suspendidos
los que son objeto de investigaciones por
haberse formulado acusaciones contra ellos
en relación con tales delitos 244 .
Los siguientes puntos adicionales, basados principalmente
en la jurisprudencia, indican otras
acciones que tal vez tengan que realizar los
Estados para alcanzar la norma de diligencia
debida establecida en el Principio 6 :
• Los Estados deben garantizar que el marco
jurídico proporcione los medios adecuados
para la identificación, investigación y enjuiciamiento
de los delitos relacionados con la
trata, inclusive los cometidos por funcionarios
públicos o con la complicidad de éstos;
• Los Estados deben velar por que la participación
de funcionarios públicos en la trata de
personas y otros delitos conexos constituya un
agravante que lleve consigo penas relativamente
más estrictas 245 ;
• Los Estados deben garantizar que existan
procedimientos para la investigación efectiva
de las denuncias de trata en la que participen
o estén implicados funcionarios públicos. Esos
procedimientos deben asegurar la rendición
de cuentas, mantener la confianza del público
y aliviar las inquietudes legítimas. Por consiguiente,
la investigación debe comenzar rápidamente
y llevarse a cabo de forma expedita.
No debe limitarse a ser una mera formalidad,
sino ser capaz de llevar a la identificación y
la sanción de los culpables. La investigación
ha de ser independiente y pública. Deben
244
Comité de Derechos Humanos, observaciones finales:
Colombia (CCPR/C/79/Add.76, párr. 32).
245
Véase también el análisis de los delitos con agravante
en relación con el Principio 15 y las directrices conexas.
128 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas