Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

vas o de otro tipo para impedir que las personas
emigren en busca de trabajo. Pueden someter (o
no impedir que agentes no gubernamentales sometan)
a las víctimas de trata, sean nacionales o
extranjeras, a custodia «de protección». Pueden
impedir que una víctima regrese a su lugar de
origen hasta que cumpla ciertos requisitos, como
prestar testimonio contra los traficantes.
Los Principios y Directrices sobre la trata de personas
contienen una referencia específica a la
libertad de circulación en el contexto de la protección
de los derechos establecidos:
Los Estados […] deberían considerar la posibilidad
de […] proteger el derecho de todas
las personas a la libertad de desplazamiento y
asegurarse de que las medidas contra la trata
de personas no lo vulneren (Directriz 1.5).
Cuando se consideran las repercusiones que
tiene en los derechos humanos cierta medida
dirigida contra la trata, es importante tener presente
que la libertad de circulación y los derechos
conexos no son absolutos. Por ejemplo, con
arreglo a las condiciones del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (art. 12 1)), la
libertad de circulación sólo está garantizada,
como cuestión de derecho, a las personas que
se encuentran legalmente en el territorio del
Estado de que se trate. La libertad de circulación
y el derecho a abandonar un país también
pueden estar sujetos a restricciones lícitas por
motivos de seguridad nacional, orden público,
salud o moral públicas o derechos y libertades
de terceros 144 . Estas limitaciones podrían ofrecer
una justificación legal para la imposición de res-
144
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
art. 12 3). En relación con el derecho a abandonar el propio
país, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos
(art. 3) como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (arts. 22 y 23) disponen que esas restricciones
deben ser necesarias en una sociedad democrática.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos expone
el alcance de las restricciones en el artículo 30.
tricciones a la libertad de circulación que tengan
por objeto, por ejemplo, conseguir testigos para
un proceso judicial o proteger a personas víctimas
de trata de las represalias y la intimidación.
Los argumentos correspondientes habrían de ser
juzgados en relación con su fondo. También sería
importante verificar de modo independiente
que las restricciones aducidas no vulneran por
separado otros derechos reconocidos, como la
prohibición de la discriminación, examinada en
detalle más arriba 145 .
El Comité de Derechos Humanos, al examinar
la aplicación de esta excepción, ha señalado
que la libertad de circulación es «una condición
indispensable para el libre desarrollo de
la persona» 146 . Todas las restricciones a este
derecho «deben ser previstas por la ley, deben
ser necesarias […] y deben ser compatibles con
todos los demás derechos» (párr. 11). El Comité
también ha señalado lo siguiente:
Las medidas restrictivas deben ajustarse al
principio de proporcionalidad; deben ser
adecuadas para desempeñar su función
protectora; deben ser el instrumento menos
perturbador de los que permitan conseguir
el resultado deseado, y deben guardar proporción
con el interés que debe protegerse.
[…] El principio de proporcionalidad debe
respetarse no sólo en la ley que defina las
restricciones sino también por las autoridades
administrativas y judiciales que lo apliquen
(párrs. 14 y 15).
Para decidir si una restricción a la libertad de
circulación es lícita, pues, es preciso saber si
esa restricción: i) está prevista en la ley; ii) es
145
En cuanto a la compatibilidad entre las restricciones a
la libertad de circulación y otros derechos protegidos en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, véase
Nowak, op. cit., págs. 273 y 274.
146
Comité de Derechos Humanos, Observación general
Nº 27: Libertad de circulación, párr. 1.
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