Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

vamente, incluidas lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdidas económicas
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones
u omisiones que constituyan una violación
manifiesta de las normas internacionales de
derechos humanos o una violación grave del
derecho internacional humanitario. Cuando
corresponda, y en conformidad con el derecho
interno, el término «víctima» también
comprenderá a la familia inmediata o las
personas a cargo de la víctima directa y a las
personas que hayan sufrido daños al intervenir
para prestar asistencia a víctimas en peligro
o para impedir la victimización 261 .
Los Principios y directrices básicos sobre el derecho
a reparaciones también confirman que
una persona será considerada víctima con independencia
de si el autor de la violación ha sido
identificado, aprehendido, juzgado o condenado
y de la relación familiar que pueda existir
entre el autor y la víctima (párr. 9). El instrumento
confirma además que las víctimas tienen el
derecho a ser tratadas con humanidad y respeto
de su dignidad y sus derechos humanos, y que
han de adoptarse las medidas apropiadas para
garantizar su bienestar físico y evitar que sean
sometidas a un nuevo trauma (párr. 10), probable
consecuencia de la penalización.
7.3. Enjuiciamiento por delitos
relacionados con la condición
de víctima de la trata
El Principio 7 afirma claramente que las personas
objeto de trata no deben ser acusadas
ni procesadas por delitos que hayan cometido
mientras han sido objeto de trata. Este principio
está complementado por la Directriz 2.5, que,
en el contexto de la necesidad de que las personas
víctimas de trata sean identificadas rápida y
correctamente, pide a los Estados y otros agentes
que se cercioren de que «las víctimas de trata
no sean procesadas por infracciones de las leyes
de inmigración o por actividades en que participen
como consecuencia directa de su situación
de tales».
La Directriz 4.5 también examina la cuestión del
procesamiento por los delitos relacionados con
la situación de víctimas de trata en relación con
la necesidad de un marco jurídico adecuado, y
exige a los Estados que sigan cerciorándose «de
que la legislación impida que las víctimas de la
trata de personas sean procesadas, detenidas o
sancionadas por el carácter ilegal de su entrada
al país o residencia en él o por las actividades
en que participen como consecuencia directa de
su situación de tales».
El Protocolo sobre la trata de personas no
aborda específicamente la cuestión del procesamiento
por delitos relacionados con la condición
de víctima de la trata. No obstante, el órgano
creado para formular recomendaciones sobre
la aplicación efectiva del Protocolo ha afirmado
recientemente: «[L]os Estados parte deberían […]
[e]studiar, de conformidad con su legislación
nacional, la posibilidad de no sancionar ni enjuiciar
a las víctimas de la trata de personas por
los actos ilegales cometidos como consecuencia
directa de su situación de víctimas de la trata de
personas o por haberse visto obligadas a cometer
esos actos ilegales» 262 .
La evolución que ha tenido lugar desde la
adopción del Protocolo es una indicación más
de que la norma establecida en los Principios
y Directrices sobre la trata de personas está recibiendo
un apoyo creciente. El artículo 26 del
261
Principios y directrices básicos sobre el derecho a
interponer recursos y obtener reparaciones, resolución
60/147 de la Asamblea General, párr. 8.
262
Informe sobre la reunión del Grupo de Trabajo sobre la
trata de personas celebrada en Viena los días 14 y 15 de
abril de 2009 (CTOC/COP/WG.4/2009/2, párr. 12).
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