Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

y enjuiciar) supondría un incumplimiento por parte
del Estado de su obligación de hacer respetar
efectivamente el derecho correspondiente.
La penalización de una gama más amplia de
delitos también tiene una dimensión práctica,
como parte de una estrategia nacional amplia
para combatir la trata de personas. Desde la
perspectiva de la justicia penal, la definición de
la trata de personas es compleja y los distintos
elementos del delito a menudo son difíciles de
demostrar. Estudios recientes han indicado que
quizá sea más fácil investigar y enjuiciar delitos
más establecidos y mejor conocidos como la
servidumbre por deudas, la agresión sexual o
el trabajo forzoso, en lugar del complejo delito
de la trata de personas, que requiere cuantiosos
recursos 437 . Esta conclusión ha sido confirmada
por las principales organizaciones intergubernamentales
que trabajan en este ámbito, todas las
cuales alientan a los Estados a apoyarse en los
delitos conexos para conseguir el enjuiciamiento
de los tratantes 438 . Naturalmente, los Estados y
otros agentes deben mantenerse alertas para
garantizar que la utilización de otros delitos
tenga como resultado el reforzamiento, y no el
menoscabo, de la eficacia global de la respuesta
de justicia penal, inclusive su capacidad para
hacer llegar la justicia a las víctimas.
La expresión «conductas afines» o «conexas» en
ocasiones se utiliza también para referirse a acciones
que facilitan la comisión de un delito de
trata de personas, como la producción de documentos
de viaje fraudulentos para permitirla.
Los tratados internacionales en general exigen
la tipificación como delito de esas «conductas
afines» 439 .
437
Gallagher y Holmes, loc. cit.
438
Ibíd.
439
Véase, por ejemplo, Convenio Europeo sobre la trata
de seres humanos, art. 20.
Utilización de delitos conexos para
el enjuiciamiento de casos de trata
de personas
Los Estados pueden utilizar los delitos conexos
(como la violación, las agresiones sexuales, las
agresiones físicas, la servidumbre por deudas,
la esclavitud, incluso el blanqueo de dinero y
la corrupción) para conseguir condenar a los
tratantes. Este enfoque puede resultar particularmente
útil en aquellos países donde:
• Aún no existe el delito penal específico de la
trata de personas;
• Las penas que se imponen a la trata de personas
no reflejan suficientemente la naturaleza
del delito, o
• Las pruebas disponibles en un caso concreto
no bastan para apoyar una acción penal por
trata de personas, pero sí pueden ser suficientes
para emprender esa acción por conductas
conexas.
El enjuiciamiento por delitos conexos en lugar de
por trata de personas puede ser atractivo a corto
plazo, pero a largo plazo tiene varias consecuencias
potencialmente importantes que es preciso tener
en cuenta. Por ejemplo, una acusación de trata de
personas puede permitir que las víctimas tengan
acceso a servicios de apoyo, protección y asistencia
que de otro modo no estarían a su alcance. Como
ya se ha señalado, esos servicios de apoyo pueden
incluir la posibilidad de un período de reflexión y de
la concesión de un permiso de residencia temporal,
incluso permanente, en el país de destino.
Penalización del uso de los servicios de
una víctima de la trata de personas
¿Exigen los Principios y Directrices sobre la trata
de personas que los Estados sancionen a los que
utilizan o se benefician de algún modo de los
servicios de las víctimas de la trata? Por ejemplo,
¿debe una persona (o una empresa) que adquiere
bienes producidos por trabajadores objeto de
trata tener responsabilidad penal? ¿Debe considerarse
que el cliente de una persona víctima de
COMENTARIO
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