Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.3
fundamentales del derecho internacional y debe
ser considerada ilícita prima facie. En algunas
circunstancias, la detención sistemática de las
víctimas de la trata viola el derecho a la libertad
de circulación y, en la mayoría de las circunstancias,
si no en todas, infringe las prohibiciones
de privación ilícita de libertad y de detención
arbitraria. El derecho internacional prohíbe de
manera absoluta la detención discriminatoria de
las víctimas, incluida la detención vinculada al
sexo de la víctima. La práctica de la detención
sistemática de mujeres y niñas en albergues, por
ejemplo, es claramente discriminatoria y por consiguiente
ilícita. La detención sistemática de niños
objeto de trata también es directamente contraria
al derecho internacional y no puede justificarse
en circunstancia alguna.
Un Estado puede, siguiendo un criterio caso por
caso, ser capaz de argumentar con éxito la detención
de víctimas aludiendo, por ejemplo, a imperativos
de la justicia penal, exigencias del orden
público o necesidades de la seguridad de las víctimas.
Los principios internacionalmente aceptados
de necesidad, legalidad y proporcionalidad
deben utilizarse para valorar la legalidad de esos
argumentos. La aplicación de esos principios, con
toda probabilidad, servirían como base para una
detención lícita sólo en las situaciones en que la
detención se practica como último recurso y en
respuesta a amenazas creíbles y específicas contra
la seguridad de una víctima concreta. Incluso
cuando esas pruebas básicas se satisfacen, debe
existir una gama de protecciones que velen por
que los derechos de la persona detenida sean
respetados y protegidos. Esas medidas incluirían,
entre otras, la supervisión judicial de la situación
para determinar su viabilidad y sus necesidades
sostenidas, y el derecho exigible de recurrir contra
el hecho de la detención.
El derecho internacional requiere justificaciones
y protecciones especiales en todos los casos de
detención de niños. La autoridad responsable
debe ser capaz de demostrar que la detención
persigue el interés superior del niño. También
debe poder demostrar, en relación con todos y
cada uno de los casos, que no existe ninguna
alternativa razonable a la detención del menor.
Las protecciones específicas, incluida la supervisión
judicial administrativa y el derecho de
recurso, deben mantenerse en todas las situaciones
en las que el hecho de la detención puede
justificarse legalmente.
La inacción del Estado en la prevención de la
detención ilícita de víctimas por entidades públicas
o privadas invoca la responsabilidad jurídica
internacional de ese Estado (véase el análisis relacionado
con los Principios 2, 6 y 13 y las directrices
correspondientes). Las víctimas pueden tener
derecho a reparación, inclusive indemnizaciones,
por una detención ilícita. La cuestión de la reparación
se examina con mayor detalle en relación
con el Principio 17 y las directrices conexas.
7.5. Nota sobre el derecho de acceso
a representantes diplomáticos y
al apoyo de ÉSTOS
En la Directriz 6.3 se pide a los Estados y otros
agentes que se cercioren «de que se informe a
las víctimas de la trata de personas que tienen
derecho a ponerse en contacto con representantes
diplomáticos y consulares del Estado de su nacionalidad».
Recomienda que el personal de embajadas
y consulados reciba formación adecuada
para que atienda las necesidades de información
y asistencia de las víctimas de trata.
Como se ha señalado a lo largo de esta sección,
la penalización de las víctimas de la trata de
personas, inclusive por delitos relacionados con
su condición, sigue estando muy generalizada en
todas las partes del mundo. El derecho de acceso
y apoyo por parte de embajadas y consulados es
especialmente importante para las personas objeto
de trata que han sido arrestadas, detenidas o
acusadas del delito. Con arreglo a la Convención
146 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas