Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
• El derecho (o la obligación) de negarse a la
extradición porque la solicitud es discriminatoria
en sus fines, o si los derechos de la persona
cuya extradición se solicita pueden verse vulnerados
por uno de los motivos reconocidos,
como la raza, el sexo, la confesión religiosa,
la nacionalidad, el origen étnico o las opiniones
políticas 509 ;
• El derecho a denegarse a la extradición
basándose en que el delito para el que se solicita
acarrea la pena capital (a menos que el
Estado requirente facilite garantías de que no
impondrá la pena capital o no la ejecutará en
caso de que sea impuesta) 510 , y
• El derecho (o la obligación) de denegar la extradición
porque la persona cuya extradición
se solicita sería sometida a tortura o a tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes o
sufriría la ausencia de las garantías mínimas
durante las actuaciones penales 511 .
14.3. La obligación de extraditar o
enjuiciar
Como se ha señalado, los Estados pueden
rechazar la extradición por una serie de motivos.
Pueden negarse a extraditar a uno de sus
nacionales, por ejemplo, si el delito para el que
509
El argumento autorizado de que esa negativa
sería obligatoria en virtud del derecho internacional
se encuentra en las disposiciones antidiscriminatorias
de todos los grandes tratados de derechos humanos
internacionales y regionales. Véase también Convenio
Europeo de Extradición, art. 3 2); Convención
Interamericana sobre Extradición, art. 4 5); Convención
sobre Extradición de la CEDEAO, art. 4 2).
510
Véase Convenio Europeo de Extradición, art. 11;
Convención Interamericana sobre Extradición, art. 9;
Convención sobre Extradición de la CEDEAO, art. 17
(a menos que la pena capital también sea impuesta en
el Estado requerido).
511
La fuente autorizada para afirmar que esa negativa
sería obligatoria con arreglo al derecho internacional se
encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 7) y en la Convención contra la Tortura (art. 3).
se solicita la extradición está castigado con la
pena de muerte. Aunque se respetan esos derechos,
el derecho internacional obliga en cualquier
caso a los Estados que niegan la extradición a
enjuiciar ciertos delitos. Esta violación del principio
de extraditar o enjuiciar/procesar (aut dedere
aut judicare, o aut dedere aut prosequi) tiene una
larga trayectoria en el derecho internacional,
particularmente en el derecho internacional humanitario.
Se especifica en los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 en la relación con la comisión
de graves infracciones de los Convenios 512 . La
Convención contra la Tortura contiene una obligación
análoga 513 , al igual que el Estatuto de la
Corte Penal Internacional 514 . Cuando se trata de
violaciones de las normas de jus cogens (incluidas
las relacionadas con la esclavitud y el comercio
de esclavos), se acepta que la obligación de extraditar
o enjuiciar/procesar se aplica a todos los
Estados como cuestión de derecho internacional
consuetudinario 515 . Cuando el acto de trata de
personas no entraña violaciones de las normas de
512
Por ejemplo, el artículo 146 del IV Convenio de
Ginebra afirma lo siguiente: «Cada una de las Partes
Contratantes tendrá la obligación de buscar a las
personas acusadas de haber cometido, u ordenado
cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales,
sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo
prefiere, y según las condiciones previstas en la propia
legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra
Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra
ella cargos suficientes».
513
«El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea
hallada la persona de la cual se supone que ha cometido
cualquiera de los delitos a que se hace referencia en
el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5,
si no procede a su extradición, someterá el caso a sus
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento»
(art. 7 1)).
514
Estatuto de Roma, en particular, parte 2, arts. 5, 8 1),
11, 12, 13, 17 y 19, y Parte 3, art. 26.
515
M. Cherif Bassiouni y Edward M. Wise, Aut Dedere Aut
Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International
Law, 1995. Véase también Colleen Enache-Brown y Ari
Fried, «Universal crime, jurisdiction y duty: the obligation
of aut dedere aut judicare in international law», McGill
Law Journal, vol. 43 (1998), pág. 613.
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