Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

ienes de personas naturales o jurídicas (como
empresas y negocios) involucradas en la trata de
personas. El Principio se ve complementado por
la Directriz 4.4, en la que se pide a los Estados
que consideren la posibilidad de «establecer en
la legislación el decomiso de los instrumentos
y el producto de la trata de personas y delitos
conexos». Como se ha señalado a lo largo del
presente Comentario, debe entenderse por delitos
conexos la explotación sexual, los trabajos o
servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud y la servidumbre, la
servidumbre por deudas, las peores formas de
trabajo infantil y el matrimonio forzoso 550 .
La Directriz 11.10 se centra en la dimensión
de cooperación internacional del decomiso de
bienes. Pide a los Estados que «establezcan
mecanismos de cooperación para el decomiso
del producto de la trata de personas. La cooperación
debería incluir la prestación de asistencia
para encontrar, detectar, congelar y decomisar
bienes relacionados con la trata de personas y
actos conexos de explotación».
Las normas a este respecto contenidas en tratados
confirman la obligación de los Estados de
aprehender y decomisar los bienes obtenidos
mediante la trata de personas. La Convención
contra la Delincuencia Organizada establece
normas y procedimientos detallados para la identificación,
localización, el embargo preventivo
o la incautación de bienes y el decomiso de los
beneficios de delitos definidos, entre ellos la trata
de personas (arts. 12 a 14). Los Estados Partes
en la Convención y el Protocolo sobre la trata de
personas 551 deben adoptar las medidas que sean
550
Véase supra el examen de los delitos conexos en
relación con el Principio 12 y las directrices conexas.
551
Un Estado que sea parte en la Convención pero no en
el Protocolo habría de establecer que, en su ordenamiento
jurídico, la trata de personas es un delito grave tal y como
lo define la Convención, para que estas disposiciones
se apliquen a los delitos de trata; Convención contra la
Delincuencia Organizada, art. 2 9) b); Guías Legislativas
necesarias (en materia tanto legislativa como de
procedimiento) para permitir y apoyar el decomiso
y la incautación 552 . La Convención también
expone varios mecanismos para mejorar la cooperación
internacional para fines de decomiso a
fin de eliminar las ventajas que suponen para los
delincuentes las fronteras nacionales y las diferencias
entre ordenamientos jurídicos (art. 13). Los
Estados Partes deben cumplir las solicitudes de
decomiso que presente otro Estado Parte. Las obligaciones
de asistencia jurídica mutua previstas en
la Convención, ya examinadas en el contexto del
Principio 14 y las Directrices conexas, deben aplicarse
en esa cooperación internacional.
El Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos
exige a los Estados Partes que adopten «las
medidas legislativas o de otro tipo que resulten
necesarias para que sea posible la cconfiscación
o de cualquier otra forma la incautación de los
instrumentos y productos de las infracciones penales
tipificadas [en el Convenio], o de los bienes
cuyo valor corresponda a dichos productos» (art.
23 3)). Obsérvese el vínculo entre esta disposición
y el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento,
embargo y decomiso de los productos del delito.
Los tratados internacionales y regionales sobre
cuestiones conexas como la corrupción 553 y
la venta de niños, la prostitución infantil y la
pornografía infantil 554 imponen a los Estados
Partes la obligación de decomisar los beneficios
y productos de los delitos correspondientes. En
de la Convención contra la Delincuencia Organizada y
sus Protocolos, parte 1, párr. 302.
552
Convención contra la Delincuencia Organizada, art.
12. Véase también Guías Legislativas de la Convención
contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte
1, párrs. 302 a 313.
553
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, art. 31; Convención Interamericana contra la
Corrupción, art. XV; Convenio Penal sobre la Corrupción,
art. 23; Convención de la Unión Africana sobre la lucha
contra la Corrupción, art. 16.
554
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, art. 7.
COMENTARIO
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