Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
en gestación confirman la tónica general de
estas disposiciones 537 . En general, las sanciones
deben ser acordes con el daño provocado y los
beneficios obtenidos de la trata y la explotación
conexa. En resumidas cuentas, deben ser «claramente
superiores a los beneficios del delito» 538 .
La norma de la pena «efectiva y proporcionada»
exige tener en cuenta muchos otros factores.
Como se ha señalado, una sentencias excesivamente
leves que no reflejan el daño causado,
o los beneficios obtenidos, ponen en peligro la
tarea de la justicia penal e incluso pueden menoscabar
la eficacia de los procedimientos de cooperación
internacional como la extradición. Esas
sentencias también perjudican a las víctimas, pues
no les ofrecen la protección que merecen. Al mismo
tiempo, como ya se ha señalado en relación
con las sanciones correspondientes a los delitos
de violencia contra la mujer, las penas excesivas
y desproporcionadas respecto del daño causado
pueden tener la consecuencia involuntaria de reducir
el número de denuncias y de condenas 539 .
Cuando se considera si las sanciones cumplen
la norma generalmente aceptada, es importante
tener presentes a las múltiples y diversas partes
que intervienen. En un caso típico de trata de
personas pueden estar implicados reclutadores
y negociadores en calidad de acusados, además
de las personas más directamente implicadas
en la explotación. Los beneficios que cada
parte obtiene de la explotación probablemente
sean muy distintos, al igual que su contribución
al daño provocado a las víctimas. Puede aducirse,
sobre esta base, que unas penas mínimas
impuestas por la ley, particularmente si son muy
severas, vulneran la norma porque eliminan el
grado de discrecionalidad judicial que se necesita
para cumplir la norma obligatoria de la pena
efectiva y proporcionada 540 . La pena capital
también suscita problemas, y no sólo desde la
perspectiva de los derechos humanos. Mientras
que el derecho internacional aún no rechaza
categóricamente la pena de muerte 541 , es poco
probable que castigar los delitos de trata con
esa sanción cumpla la norma de la pena efectiva
y proporcionada en todos los casos, habida
cuenta de la complejidad del delito de la trata,
las inevitables dificultades de las investigaciones
y los muy diversos grados de participación de
los delincuentes 542 .
15.4. Delitos con circunstancias
agravantes y condenas
anteriores
537
Véanse, por ejemplo, las Directrices de la ASEAN,
parte 1.A.2 (las penas que se impongan a los condenados
por el delito de trata de personas y otros delitos conexos
deberán ser apropiadas para la gravedad del delito y
reflejar las circunstancias agravantes»). Los órganos de las
Naciones Unidas creados en virtud de tratados en algunos
casos han pedido específicamente a los Estados que se
aseguren de que las penas aplicadas son proporcionadas
respecto de la gravedad de los actos cometidos: Comité
de Derechos Humanos, observaciones finales: Costa Rica
(CCPR/C/CRI/CO/5, párr. 12); Comité contra la Tortura,
observaciones finales: Bosnia y Herzegovina (CAT/C/
BIH/CO/1, párr. 21); Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, observaciones finales:
Marruecos (CEDAW/C/MAR/CO/4, párr. 23).
538
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, parte 1, párr.
262.
539
A/61/122/Add.1, párr. 360.
En la Directriz 4.3 se pide a los Estados que
consideren, cuando proceda, establecer en su
legislación la imposición de penas adicionales
a quienes sean declarados culpables de trata de
540
Véase además Gallagher y Holmes, loc. cit.
541
Véase en general William Schabas, The Abolition of
the Death Penalty in International Law, 3a ed., 2002; y
Nowak, op. cit., págs. 133 a 153.
542
Gallagher y Holmes, loc. cit. Algunos tratados de
extradición especifican que los Estados no concederán la
extradición cuando el delito de que se trate sea punible
en el Estado solicitante con la pena capital (Convención
Interamericana sobre Extradición, art. 9); o, al menos,
que los Estados pueden denegar la extradición en esas
circunstancias (Convenio Europeo de Extradición, art. 11;
Convención sobre Extradición de la CEDEAO, art. 17).
228 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas