Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

sobre la protección frente a mayores daños que
se aplicarían a ciertos niños víctimas de trata
(art. 8 1) f) y 5)).
En el caso Rantsev c. Chipre y Rusia, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha examinado
recientemente la cuestión de la protección en
relación con los casos de trata de personas tanto
reales como potenciales. El Tribunal afirmó que
para que una obligación positiva de adoptar
medidas operativas [como la de protección] surjan
en el contexto de un caso particular, es preciso
demostrar que las autoridades del Estado
conocían, o debían haber conocido, las circunstancias
que den lugar a una sospecha creíble
de que una persona identificada había estado o
estaba en peligro real e inmediato de ser objeto
de trata o explotación en el sentido del artículo
3 a) del Protocolo de Palermo y del artículo 4
a) del Convenio sobre la lucha contra la trata
de personas. En el caso de que la respuesta sea
afirmativa, se estará produciendo una violación
del artículo 4 del Convenio respecto de la cual
las autoridades no toman medidas apropiadas
en el ámbito de sus facultades para sacar a
esa persona de dicha situación o dicho riesgo
(párr. 286).
Varios instrumentos y documentos no vinculantes
apoyan la obligación de proteger a las víctimas
de la trata de personas frente a daños mayores.
Diversas resoluciones de la Asamblea General
y el Consejo de Derechos Humanos (antes
Comisión de Derechos Humanos) han pedido a
los gobiernos que garanticen la «protección» de
las víctimas de la trata 309 y, más recientemente,
309
Consejo de Derechos Humanos, resolución 7/29 sobre
los derechos del niño, párr. 36 («Exhorta a todos los
Estados a que […] atiendan efectivamente a las necesidades
de las víctimas de la trata […] incluidas su seguridad y
protección»); resolución 61/144 de la Asamblea General,
párr. 19 («Invita a los gobiernos a que adopten medidas
para que en los procedimientos de justicia penal y en los
programas de protección de testigos se tengan muy en
cuenta la situación particular de las mujeres y las niñas
que son víctimas de la trata […] y a que velen por que
han definido la obligación de prestar esa protección
310 . El Comité de Derechos Humanos ha
hecho repetidos llamamientos en relación con
la protección de las víctimas para que éstas
puedan prestar testimonio contra los autores de
delitos de trata de personas 311 .
El contenido preciso de la obligación de proteger
de daños mayores dependerá de las
circunstancias de cada caso. La norma de la
diligencia debida, examinada en diversos lugares
del presente Comentario, sin duda exigirá
que los Estados adopten medidas razonables
con ese fin. En la mayoría de las situaciones,
una protección razonable frente al daño exigirá
una acción positiva e inmediata por parte del
Estado de trasladar a la persona objeto de trata
fuera del lugar de explotación a un lugar seguro.
También es probable que la protección frente
a daños mayores exija prestar atención a las
necesidades médicas inmediatas de la víctima.
[durante el proceso de justicia penal] tengan acceso a […]
protección»); Comisión de Derechos Humanos, resolución
2005/44 sobre los derechos del niño, párr. 32; resolución
59/166 de la Asamblea General, párr. 17; resolución
2004/45 de la Comisión de Derechos Humanos, Trata de
mujeres y niñas, párr. 10 («Exhorta a los gobiernos a que
tipifiquen como delito la trata de personas […] velando
al propio tiempo por que se proporcione protección y
asistencia a las víctimas de la trata»), y resolución 58/137
de la Asamblea General, párr. 6 («Invita asimismo a los
Estados Miembros a que […] adopten medidas para […]
proporcionar asistencia y protección a las víctimas de la
trata de personas») y párr. 7 («Invita además a los Estados
Miembros a que, cuando proceda, elaboren directrices
para la protección de las víctimas de la trata antes, durante
y después de las actuaciones penales»).
310
Véase, por ejemplo, la resolución 61/180 de la
Asamblea General, preámbulo («los Estados Miembros
tienen la obligación de ofrecer protección a las víctimas»).
311
Comité de Derechos Humanos, observaciones finales:
Kosovo (Serbia) (CCPR/C/UNK/CO/1, párr. 16); Brasil
(CCPR/C/BRA/CO/2, párr. 15); Eslovenia (CCPR/
CO/84/SVN, párr. 11); Tailandia (CCPR/CO/84/THA,
párr. 21); Kenya (CCPR/CO/83/KEN, párr. 25); Albania
(CCPR/CO/82/ALB, párr. 15); Serbia y Montenegro
(CCPR/CO81/SEMO, párr. 16); Letonia (CCPR/CO/79/
LVA, párr. 12); Federación de Rusia (CCPR/CO/79/RUS,
párr. 10); Eslovaquia (CCPR/CO/78/SVK, párr. 10).
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