Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

Estados Parte «adoptarán medidas legislativas o
de otra índole, tales como medidas educativas,
sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes,
recurriendo en particular a la cooperación
bilateral y multilateral, a fin de desalentar la
demanda que propicia cualquier forma de explotación
conducente a la trata de personas,
especialmente mujeres y niños». Como se señala
en las Guías Legislativas para la aplicación del
Protocolo, esta disposición es obligatoria. Los
Estados Parte en el Protocolo deben al menos
adoptar algunas medidas para reducir la demanda
conducente a la trata de personas 173 .
En su artículo 6, el Convenio Europeo sobre la
trata de seres humanos exige a los Estados partes
que adopten medidas legislativas, administrativas,
educativas, sociales, culturales o de otro
tipo, o las refuercen, «con el fin de desincentivar
la demanda que favorece todas las formas de
explotación de las personas, en particular las
mujeres y los niños, que tiene como resultado la
trata». A continuación, el Convenio enumera lo
que en su Informe Explicativo (párr. 110) define
como «medidas mínimas»: investigación sobre
las mejores prácticas, métodos y estrategias;
medidas destinadas a que se tome conciencia de
la responsabilidad y del importante papel de los
medios de comunicación y de la sociedad civil
para identificar la demanda como una de las
causas profundas de la trata de seres humanos;
campañas de información especializadas, en
las que participen, cuando resulte adecuado, las
autoridades públicas y los responsables políticos,
y medidas preventivas que incluyan programas
educativos destinados a niñas y niños durante su
escolaridad, que subrayen el carácter inaceptable
de la discriminación basada en el sexo y sus consecuencias
nefastas, la importancia de la igualdad
entre las mujeres y los hombres, así como la
dignidad y la integridad de cada ser humano.
173
Guías Legislativas de la Convención contra la
Delincuencia Organizada y sus Protocolos, párr. 70.
El Informe Explicativo del Convenio Europeo sobre
la trata de seres humanos confirma que esta
disposición impone una obligación positiva a los
Estados, la de adoptar o reforzar las medidas
destinadas a desincentivar la demanda respecto
de todas las formas de trata. El Informe señala
que al dedicar un artículo específico a esta cuestión,
los redactores pretendían subrayar la importancia
de hacer frente a la demanda con el fin de
prevenir y combatir la trata propiamente dicha. El
objetivo de las medidas es lograr un efecto disuasorio
efectivo (véanse los párrs. 108 y 109).
El papel de la demanda como incentivo de la
trata y la importancia de abordar la demanda
como parte de una respuesta amplia a la trata de
personas y la explotación asociada han sido repetidamente
reconocidos en otros contextos. En el
preámbulo del Protocolo Facultativo sobre la venta
de niños, por ejemplo, se alude a los esfuerzos
que se necesitan para aumentar la concienciación
del público y reducir la demanda de los consumidores
en relación con la venta de niños 174 . Varios
de los órganos de derechos humanos creados
en virtud de tratados 175 y de los procedimientos
174
Obsérvese que el artículo 10 3) exige la cooperación
internacional en la lucha contra las causas fundamentales
de los delitos a que se refiere el Protocolo.
175
Véase, por ejemplo, Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, observaciones finales:
Guatemala (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 24) («alienta
al Estado parte a preparar y ejecutar programas de
concienciación»); Rwanda (CEDAW/C/RWA/CO/6,
párr. 27) («preocupa al Comité la falta de conciencia del
alcance de este fenómeno […] Preocupa además al Comité
la penalización de las mujeres y las niñas que practican
la prostitución, en tanto que no se aborda la demanda de
esos servicios»); Camerún (CEDAW/C/CMR/CO/3, párr.
31) («exhorta también al Estado parte a que intensifique
las medidas de prevención de la trata, en particular [...] las
campañas de concienciación e información»); Jamahiriya
Árabe Libia (CEDAW/C/LBY/CO/5, párr. 28) («pide [...] al
Estado parte que adopte todas las medidas que corresponda
para reprimir la explotación de la prostitución de la mujer, en
particular desalentando la demanda masculina»); Uruguay
(Continúa en la página siguiente)
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