Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

neral de los Estados de garantizar el respeto y la
aplicación del derecho de los derechos humanos
incluye la obligación de garantizar un acceso
igual y efectivo a la justicia y la disponibilidad de
recursos. También confirma que el derecho a reparación
por graves violaciones de los derechos
humanos, que incluiría los casos más graves de
trata de personas, incluye el derecho de acceso a
la justicia, el derecho a reparación por los daños
sufridos y el derecho de acceso a la información
relativa a las violaciones y los mecanismos de
reparación. Se considera que el acceso a la justicia
incluye la protección de la intimidad y la seguridad
de las víctimas mientras duren los procedimientos
legales, así como medidas destinadas
a garantizar que las víctimas realmente puedan
ejercer su derecho a reparación.
Los Principios y directrices básicos sobre el derecho
a reparaciones afirman que la finalidad de
la reparación es promover la justicia remediando
las violaciones. La reparación está, como se ha
indicado, vinculada a una responsabilidad: el
Estado debe otorgar reparación por los actos u
omisiones que puedan atribuírsele. En relación
con los actos que no puedan atribuirse al Estado,
la responsabilidad de la reparación recae en
el autor, y los fallos en este sentido deben ser
aplicados de manera efectiva por el Estado. Si
no es posible garantizar la reparación para las
víctimas de este modo, el propio Estado debe
esforzarse por garantizar que la reparación se
haga efectiva y se preste otro tipo de asistencia.
Los Principios y directrices básicos confirman
que la reparación para las víctimas de graves
violaciones de los derechos humanos debe ser
plena y efectiva, respetando al mismo tiempo el
principio de «apropiada y proporcionada». La
reparación abarca los elementos determinados
en la sección 17.5, incluidas la restitución, la
indemnización y la satisfacción. También se
destacan las garantías de no repetición como
importante elemento añadido que va por encima
y más allá de la víctima particular y se centra,
especialmente, en garantizar la prevención de
futuras violaciones.
17.3. Derecho a reparación en los
casos de violencia contra la
mujer
La obligación de los Estados de investigar y
enjuiciar los actos de violencia contra la mujer
ha quedado confirmada en varios lugares del
presente Comentario. Una parte fundamental de
esa obligación es el deber jurídico concomitante
de proporcionar recursos imparciales y efectivos
a las mujeres sometidas a esa violencia. Todos
los grandes instrumentos jurídicos y normativos
relacionados con la violencia contra la mujer
afirman la importancia del acceso a los recursos,
entre ellos la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer 577 , la Declaración de la Asamblea
General sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer 578 , la Recomendación general
Nº 19 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer 579 y la Plataforma
577
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art. 7 g) (las
mujeres víctimas de violencia deben tener «acceso efectivo
a resarcimiento, reparación del daño y otros medios de
comprensión justos y eficaces»).
578
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, art. 4 d) (los Estados deben proporcionar a
las mujeres que sean objeto de violencia «acceso a los
mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en
la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz
por el daño que hayan padecido; los Estados deben
además informar a las mujeres de sus derechos a pedir
reparación por medio de esos mecanismos»).
579
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, Recomendación general Nº 19, párr. 24 i) (previsión
de procedimientos eficaces de denuncia y reparación,
la indemnización inclusive). Véase también la resolución
52/86 de la Asamblea General, anexo, párr. 10 c) (en la
que se exhorta a los Estados Miembros a que se cercioren de
que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia reciban
una «reparación rápida y justa» del daño sufrido, incluido el
derecho a reclamar restitución o compensación).
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