Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.4
la cuestión particular de la trata de personas, la
Asamblea General ha destacado la importancia
del decomiso de bienes 555 , y varias organizaciones
regionales también lo han hecho 556 .
16.3. Utilización de los bienes
decomisados para apoyar a
las víctimas de la trata
El Principio 16 exige a los Estados que consideren
la posibilidad de que, en la medida de lo posible,
los bienes decomisados sean destinados a dar
asistencia e indemnizar a las víctimas de la trata.
La Directriz 4.4 es aún más concreta, y pide que
se establezca en la legislación el decomiso de los
instrumentos y el producto de la trata de personas
y delitos conexos y, de ser posible, especifica que
«el producto decomisado de la trata de personas
sea utilizado en beneficio de las víctimas de ella.
Habría que considerar la posibilidad de establecer
un fondo de indemnización para esas víctimas y de
utilizar los haberes decomisados para financiarlo».
Como ya se ha señalado, los Estados en general
regulan la utilización de los bienes confiscados en
la legislación nacional y los procedimientos administrativos.
La vinculación de la medida de justicia
penal, como la confiscación de bienes, al apoyo a
las víctimas es un importante paso adelante en la
integración de un enfoque de derechos humanos
555
Resoluciones 61/144 (párr. 10), 59/166 (párr. 9) y
58/137 (párr. 1).
556
Véanse, por ejemplo, las Directrices de la ASEAN para
especialistas, parte 1.A.3 (se recomienda que los delitos
de trata de personas, junto con los delitos relacionados con
ella, sean delitos determinantes respecto de la legislación
sobre blanqueo de dinero y las disposiciones en materia
de decomiso de bienes) y parte 2.D.6 (debe estudiarse la
posibilidad de enmendar la legislación interna para velar
por que se adopten medidas para identificar, localizar
y proceder al embargo preventivo o la incautación del
producto del delito de trata de personas con miras a su
posible decomiso). Véase también Declaración de Bruselas,
párr. 16; Plan de mejores prácticas de la UE, párr. 4
v); Plan de Acción de la OSCE, recomendación III 1.5);
Recomendaciones de la OEA sobre la trata de personas,
secc. III 3).
en la trata de personas. Cuenta con un considerable
respaldo en el derecho pertinente contenido
en tratados. Mientras que la Convención sobre
la Delincuencia Organizada no contiene disposiciones
obligatorias sobre el destino de los bienes
o propiedades decomisados, se exige que los
Estados Partes estudien opciones concretas de utilización.
La opción prioritaria es la indemnización
de las víctimas. De acuerdo con la Convención,
al dar curso a una solicitud presentada por otro
Estado Parte, los Estados Partes, en la medida en
que lo permita su derecho interno y de ser requeridos
a hacerlo, «darán consideración prioritaria
a la devolución del producto del delito o de los
bienes decomisados al Estado Parte requirente a
fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas
del delito o devolver ese producto del delito o esos
bienes a sus propietarios legítimos» (art. 14 2)).
Las disposiciones del Convenio Europeo sobre la
trata de seres humanos a este respecto también
son de carácter orientativo más que obligatorio.
Los Estados Partes deben garantizar la indemnización
de las víctimas «por ejemplo mediante
la creación de un fondo para la indemnización
de las víctimas o mediante otras medidas o programas
destinados a la asistencia e integración
sociales de las víctimas, que podrían financiarse
con cargo a los haberes procedentes de las
medidas [de decomiso]» (art. 15 4), cursiva
añadida). Los órganos de derechos humanos y
los instrumentos normativos regionales ofrecen
pruebas añadidas de que cada vez se acepta
mejor la idea de que el producto del delito de
trata de personas que haya sido decomisado
por el Estado debe ser restituido, de una u otra
forma, a las víctimas cuya explotación haya
hecho posible ese producto 557 . Se ha señalado,
557
Véase, por ejemplo, Directrices de la ASEAN para
especialistas, parte 1.A.4 (en la medida de lo posible, los
bienes decomisados deben utilizarse para financiar tanto
las reclamaciones de indemnización de las víctimas y,
cuando proceda, otras iniciativas para combatir la trata»;
Plan de Acción de la OSCE, recomendación III 1.5); E/
CN.4/2006/62/Add.2, párr. 78. Véase también la
234 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas