Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

Esta posición está respaldada por la Directriz
6.2 que afirma, en relación con la atención de
salud y el asesoramiento psicológico, que «no
debe exigirse a las víctimas de la trata de personas
que acepten esa atención o asistencia ni
obligarlas a hacerse análisis para determinar si
padecen enfermedades, incluido el VIH/SIDA».
El Convenio Europeo sobre la trata de seres humanos
va aún más allá: exige, en relación con
todas las medidas de asistencia previstas en el
instrumento, que los Estados Partes se cercioren
de que los servicios pertinentes «se presten desde
una base de consenso e información, que
tenga en cuenta de forma adecuada las necesidades
específicas de las personas en situación
vulnerable y los derechos de los niños en materia
de alojamiento, educación y atención sanitaria
adecuados» (art. 12 7)). El Informe Explicativo
del Convenio alude específicamente a la cuestión
de las pruebas médicas y señala que las
víctimas deben tener la oportunidad de prestar
su acuerdo para la detección de enfermedades
como el VIH/SIDA para que las pruebas sean
lícitas (párr. 171).
En su Observación general Nº 3 (2003), el
Comité de los Derechos del Niño afirmó que los
Estados «deben en toda circunstancia abstenerse
de imponer pruebas de detección del VIH/
SIDA a los niños y velar por su protección contra
esas medidas. Aunque la etapa de desarrollo
en que se halle el niño o la niña determinará si
se requiere su consentimiento directamente o el
de su padre o madre, o tutor, los Estados Partes
deben velar [...] por que, antes de que se lleve
a cabo ninguna prueba de detección del VIH
[...] se sopesen los riesgos y las ventajas de
dicha prueba para que se pueda adoptar una
decisión con conocimiento de causa» (párr. 23).
La Relatora Especial sobre la violencia contra
la mujer también ha recomendado que sólo se
realicen las pruebas de detección del VIH si así
lo solicita la persona interesada 344 . El principio
344
E/CN.4/2000/68, párr. 116 c).
de no coacción también está respaldado por la
Declaración de Bruselas, que prohíbe la obligatoriedad
de las pruebas de detección del VIH/
SIDA y recomienda que la prestación de apoyo
se realice de forma consensuada y plenamente
informada (párr. 13).
Es importante observar que en este ámbito,
como en otros, las circunstancias del caso pueden
exigir que se sopesen distintos derechos y
responsabilidades. En el caso de los niños víctimas
de la trata, por ejemplo, la aplicación del
principio del interés superior del niño (examinado
con más detalle en relación con el Principio
10 y las directrices conexas) puede exigir la
prestación de servicios como alojamiento y tratamiento
médico sin consentimiento previo.
8.6. Períodos de reflexión y
recuperación
Cada vez más Estados están estudiando la posibilidad
de ofrecer un «período de reflexión» a
las víctimas de la trata, proporcionarles tiempo
y espacio para decidir acerca de sus opciones,
incluso la de si van a cooperar con los organismos
de justicia penal en el enjuiciamiento de sus
explotadores. Aunque el concepto del período
de reflexión ha surgido con posterioridad a los
Principios y Directrices, esta innovación a todas
luces supone un avance para alcanzar su objetivo
de velar por que las personas objeto de trata estén
en condiciones de adoptar una decisión libre e
informada sobre la posibilidad de cooperar, sin la
presión de que la asistencia esté supeditada a que
lo hagan.
El concepto de reflexión y recuperación surgió en
Europa occidental. Fue el objeto de una Directiva
de la UE de abril de 2004 y se incorporó al derecho
internacional por conducto del Convenio
Europeo sobre la trata de seres humanos. En el
modelo europeo, se concede a las víctimas que
se encuentran irregularmente en un Estado (y las
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