Principios y directrices recomendados sobre Derechos Humanos y

PARTE 2.1
En primer lugar, la responsabilidad jurídica internacional
exige que el acto o la omisión sean
atribuibles al Estado.
• La conducta «oficial» (aunque sea ilícita) de
un órgano o un funcionario del Estado que
viola las normas primarias establecidas es
atribuible al Estado.
• La consideración de un acto o una omisión
como «oficial» o privado depende, en cierta
medida, de si la conducta en cuestión es
sistemática o recurrente hasta el punto que el
Estado tenía o debía tener conocimiento de ella
y haber adoptado medidas para impedirla.
• En general, no se responsabilizará a los
Estados por la conducta de entidades privadas
a menos que haya una circunstancia
especial (que indique control o aprobación)
que parezca vincular la conducta privada al
Estado propiamente dicho.
En segundo lugar, además de ser atribuible al
Estado, el acto u omisión debe también constituir
la violación de una obligación internacional por
parte del Estado.
• La cuestión de si se ha producido un incumplimiento
de una obligación depende del contenido
y la interpretación de la norma primaria;
• En la esfera de los derechos humanos y la
trata de personas, las obligaciones generales
de los Estados van más allá de las obligaciones
negativas de no interferencia para incluir
obligaciones positivas como la reforma legislativa,
la previsión de medidas de reparación
y la protección frente a la interferencia de
agentes no estatales. La compleja naturaleza
de la trata de personas se refleja en el hecho
de que los incumplimientos de obligaciones a
menudo se refieren a actos complejos.
En tercer lugar, a pesar de la norma general
de no atribución de conductas privadas, hay
circunstancias en las que se puede hacer responsable
al Estado de infracciones relacionadas con
la trata derivadas de la conducta de personas
o entidades privadas:
• En los casos en los que la responsabilidad por
el acto inicial no recae en el Estado, aún puede
imputarse a éste responsabilidad por no
haber, de manera concomitante o subsiguiente,
prevenido, dado respuesta o reparado los
abusos cometidos por personas o entidades
privadas. El hecho de que la responsabilidad
pueda ser imputada de este modo en un caso
particular dependerá siempre del contenido
de la norma primaria pertinente (es decir, de
si la norma primaria realmente obliga a los
Estados a prevenir, responder a los abusos o
repararlos).
• Los tratados de derechos humanos a menudo
imponen a los Estados la obligación general
de «respetar» o «garantizar». En otras palabras,
los Estados deben garantizar derechos,
y no sólo limitarse a no interferir con su
disfrute. Por lo general, esto exigirá que el
Estado al menos actúe de algún modo para
prevenir y responder a la interferencia con los
derechos establecidos por parte de agentes
no estatales.
• En el contexto de los derechos humanos, la
norma de «diligencia debida» se está convirtiendo
en la referencia aceptada respecto de
la cual se valoran las medidas de los Estados
para prevenir o responder a las violaciones
derivadas de los actos de terceros. La valoración
de si un Estado ha cumplido esta norma
dependerá del contenido de la obligación
inicial (la norma primaria), así como de los
hechos y circunstancias del caso.
En conclusión, los Estados serán responsables
por aquellos de sus propios actos u omisiones
que incumplan sus obligaciones en virtud del
derecho internacional. Además, los Estados en
general no podrán eludir la responsabilidad
de los actos de particulares cuando se haya
demostrado su capacidad para influir en un resultado
diferente y más positivo (en relación con
84 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas