presente y futuro - Educación Especial

CAPÍTULO 10: LA EDUCACIÓN: LABOR COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA Y El. CENTRO ESCOLAR
Tanto la LOE, como la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985 regula-
dora del Derecho a la Educación (LODE), reflejan los derechos de los padres, aludiendo
a la garantía de la calidad de la educación y reconociéndoles como primeros responsa-
bles de la educación de sus hijos, y determinan los deberes que les corresponden. Entre
otros, conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso geducativo. No obstante,
es sólo en la Etapa de Infantil donde, expresamente, entre sus principios generales, se
señala que deberá existir estrecha cooperación de los centros con los padres, dada la res-
ponsabilidad de éstos en esta etapa. Ahora bien, no se articula ninguna medida para
hacer todo ello efectivo, quedando la iniciativa en manos de los centros. Y en el resto de
las etapas educativas el vacío es mayor: no hay una mención genérica de esta naturaleza,
ni tampoco se articula ninguna medida.
Sin embargo, no podemos olvidarnos que la familia continua desempeñando un papel
único e intransferible a lo largo de todo la evolución personal y educativa de los hijos,
especialmente en aquellas edades que marcan un cambio madurativo en lo personal y,
también, en el tránsito por los distintos niveles educativos y de formación hacia la vida
adulta (Jaúdenes, 2007).
De manera específica, en el caso de las personas con discapacidad, la familia se con-
vierte en el referente fundamental de sus hijos y de sus hijas como agente activo en su
proceso de desarrollo y en su integración educativa, social y laboral. No sólo se nos debe
ver como "clientes" de la educación, sino como "participantes" (Agencia Europea,
2003). Es crucial que nuestras necesidades también se vean atendidas.
La LOE, que dedica el Capítulo I del Título II al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, establece que corresponde a las Administraciones educativas garan-
tizar su escolarizacion y regular y asegurar la participación de los padres o tutores en
las decisiones que afecten a la escolarizacion y a los procesos educativos de este alum-
nado. Igualmente, les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres
de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la infor-
mación necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.
Sin embargo, los padres comprobamos cómo, revisión tras revisión de la legislación
en materia educativa, la participación de las familias queda solamente esbozada en fra-
ses que reflejan buenas intenciones, sin llegar a establecer medidas concretas, ni siquie-
ra en los desarrollos normativos posteriores con los que se acerca más a la práctica coti-
diana. Sirva para ilustrar esta situación que la mayor concreción que encontramos en la
norma es la previsión de que una vez informada la familia del dictamen de escolarizacion
de su hijo, tiene la posibilidad de interponer un recurso en el caso de disconformidad con
el mismo.
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