presente y futuro - Educación Especial

CAPÍTULO 4: EL IMPACTO EN LA EDUCACIÓN DE. LA CONVENCIÓN DE LA ONU
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Para concluir con las relaciones entre el derecho a la educación y el resto de derechos
recogidos en la Convención, habría que destacar que la relación también se da en el sen-
tido de que en la medida en que el acceso a la educación resulta un elemento de acceso
para la realización efectiva de los demás derechos, por cuanto se conecta con la no igual-
dad de oportunidades.
6. El modelo español de discapacidad y educación
Como es bien sabido, el derecho a la educación se recoge en el artículo 27 de la
Constitución española, que establece que todos tienen derecho a la educación y que ésta
tendrá por objeto "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los prin-
cipios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".
También en la Constitución, el artículo 49 está referido específicamente a las personas
con discapacidad. A pesar de su carácter medico-rehabilitador, incide inequívocamente
en la idea de la titularidad de los derechos fundamentales, lo que tendría que servir -y ha
podido servir- como base constitucional para políticas más audaces: "Los poderes públi-
cos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializa-
da que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este
Título otorga a todos los ciudadanos".
6.1. El contraste entre la Convención y la legislación española
Desde el punto de vista de la normativa, se podría decir que prácticamente todos los
principios de la Convención que afectan a la educación, se encuentran de alguna manera
recogidos en la legislación española. En algunos casos, incluso, la legislación española
va más allá de lo exigido por la Convención. En algunos otros, la legislación podría avan-
zar algo más en términos de ser más categórica en el cumplimiento de los principios de
la Convención, pero, con carácter general, no hay ningún punto en el que exista una con-
tradicción flagrante entre lo que exige la Convención y lo recogido en la legislación espa-
ñola, como se puede ver en la tabla siguiente. Otra cosa será -como veremos- el que se
cumplan plenamente las finalidades y los objetivos marcados por uno u otro cuerpo nor-
mativo, aunque este asunto lo trataremos más abajo.
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