Retos del Hábitat

pacidad de inscripción en la norma en la Constitución
de 1991, liderada por Fedevivienda en
red con el HIC).
En cuanto al derecho a la ciudad –trabajado
desde Henry Lefevbre, David Harvey, Jordi
Borja, entre otros, e institucionalmente por HIC
y CLACSO y muchos más–, este forma parte de
una concurrencia mundial que lo reclama, a
pesar de que sobre este hay múltiples interpretaciones
y respuestas, por ejemplo, reducido a
la disponibilidad de espacios públicos (con la
consabida paradoja entre un urbanismo expulsor
de ciertos usos que se ampara en enunciados
discursivos del derecho). En muy pocas ocasiones
este derecho a la ciudad forma parte de los
acuerdos constitucionales de los países (como sí
lo es en Ecuador cuya constitución consigna el
derecho a la vivienda y a la ciudad).
Mientras el derecho al territorio está supeditado
a las comunidades indígenas, como bien lo
aclara el profesor Uprimny, desde su trayectoria
en defensa de los derechos y con las poblaciones
indígenas, en su reflexión sobre la relación territorio-justicia-derechos
no hay nada en Colombia
que se asocie a un derecho generalizable al
territorio; es decir, no existe un derecho universal
al territorio, sino el derecho a la propiedad
(muchas veces en contradicción con aquel), salvo
en el caso de las comunidades indígenas para
estos programas de vivienda. Artículo 64. Es deber del Estado promover
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios
de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos, la asistencia técnica
y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida
de los campesinos.
quienes dicho derecho sí cuenta con el amparo
constitucional, 2 el cual no es extensible a las comunidades
campesinas ni urbanas.
Este recorrido a seguir partirá de las orientaciones
del profesor Uprimny sobre las relaciones
entre conflictos territoriales, justicia y derechos
de cara a los desafíos de nuestra Colombia
diversa, pasando por los aprendizajes sobre el
hábitat como espacios de construcción social
de la vida, entre lo posible y lo imposible, desde
las experiencias en México compartidas por el
profesor Enrique Ortiz Flores; por los aportes
de tres eventos de discusión colectiva sobre los
derechos, de un lado el seminario nacional Pensamiento
y praxis académica y social en torno
al derecho a la ciudad y al territorio expuesto
por María Clara Echeverría Ramírez (Colombia),
el Seminario Internacional Derecho a la
Ciudad en América Latina compartido por la
profesora Alicia Ziccardi (México) y el Foro Social
Urbano Alternativo y Popular presentado
por Yolima Bedoya Jaramillo (Colombia). Al final
se darán las reflexiones y percepciones provenientes
de diferentes voces.
2 Constitución Política de Colombia, Artículo 329. Trata sobre
la conformación de entidades territoriales indígenas, delimitación
por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes
de las comunidades indígenas, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos como
propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá sus relaciones
y coordinación con aquellas de las cuales formen parte.
Si un territorio indígena comprende el territorio de dos o más departamentos,
su administración se hará por los consejos indígenas en
coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos.
En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial,
se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el inciso primero de este artículo. Artículo 330. Que refiere que los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados
y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.
14 RETOS DEL HÁBITAT
Por la vida, la equidad y
los derechos territoriales