Retos del Hábitat

derecho-justicia-democracia, si un Estado
consideraba de interés general hacer una
represa y allí hubiese personas que van a
perder sus propiedades entonces se aplicarían
unas reglas muy fáciles: 1) Esas personas tienen
derecho a ser indemnizadas porque pierden
sus propiedades; 2) El interés general prima
sobre el particular, luego la represa tiene que
ser hecha y 3) Es una decisión democrática,
las mayorías gobiernan y ahí no van a venir
unas minorías a decir qué podemos hacer,
y si hay unos indígenas que se oponen pues
los relocalizamos y si no quieren entonces los
indemnizamos por sus tierras y punto. Eso es
lo que cabría en la visión clásica, que diría: “…
los indígenas son ciudadanos como los otros y
por qué van a tener unos derechos especiales,
lo que les falta es asimilarse mejor para que
sean ciudadanos como todos los otros; y, por
consiguiente, eso se puede hacer y a lo más que
se puede aspirar es a que sean indemnizados”.
Y eso se hizo en muchas ocasiones con indígenas
o campesinos desplazados sin grandes
problemas, con gran dolor y sufrimiento de
estas comunidades, con resistencia práctica de
ellas pero sin una gran discusión jurídica, porque
el esquema clásico le daba la capacidad al
gobierno nacional para determinar el interés
general por procedimientos globales mayoritarios
democráticos, y por consiguiente de hacer
efectivas sus decisiones.
Si eso ocurriera hoy la cosa sería muchísimo
más complicada porque empezaría por reconocer
que, si bien el Estado nacional tiene el derecho
a determinar orientaciones del desarrollo en
su territorio y tiene derecho a tomar decisiones
de política general (y en eso sigue siendo válida
la visión clásica), este mismo Estado, y las nuevas
regulaciones jurídicas, reconocen su deber
de proteger la identidad cultural de los pueblos
indígenas o de las comunidades afrodescendientes,
ya que estas tienen en sus territorios ciertos
derechos de autogobierno.
Una gran dificultad radica en cómo articular
ambos elementos, tensión que no es fácil de
solucionar y que genera un fuerte debate que
pasa por el derecho de consulta previa; a pesar
de que, cuando se lo ha dicho, los distintos
enfoques parecen estar de acuerdo con dicha
consulta previa: la globalización neoliberal
(incluso el Banco Mundial la ha defendido), la
idea de globalización de los movimientos indígenas
y la globalización cosmopolita. Pero lo
que en realidad ocurre se presenta en el artículo
“Etnicidad.gov los recursos naturales, los
pueblos indígenas y el derecho a la consulta
previa en los campos sociales minados” de César
Rodríguez Garavito, y en su mencionado
estudio con Natalia Orduz.
Desafío teórico y práctico: derecho al
territorio de grupos colectivos
Al respecto, hay desafíos teóricos y prácticos
muy complejos que pasan por las muy distintas
formas como se entiende la consulta previa.
Se puede ver la “consulta previa trivializada”,
simplemente para cumplir el trámite, tener una
lista de chequeo y hacer la inversión, o se puede
tener una “consulta previa sustantiva”, en la
25 HÁBITAT:
vida,
equidad y
derecho...