Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
Esta ley contempla dos cambios importantes con miras a asegurar una mayor coordinación entre las instituciones
que las componen. En primer lugar, se crea un órgano de dirección único, la Dirección General de las
Fuerzas Policiales, al tiempo que se mantienen las Direcciones Superiores de la Guardia Civil, la Guardia Republicana
y la Policía de Investigaciones como órganos de ejecución. Se establece que la Dirección General es
el órgano de más alto nivel de las Fuerzas Policiales y que es responsable del planeamiento, coordinación,
dirección y control de las actividades de dichas fuerzas y del empleo de los recursos asignados a ellas (artículo
14). Por otro lado, las Direcciones Superiores serán los «órganos encargados de conducir las operaciones de la
respectiva Fuerza Policial, siguiendo las directivas de la Dirección General» (artículo 15). Esta medida no sólo
permitirá la unificación del comando, sino también un mayor control y dirección desde el Ministerio, dado
que será éste el que designe al director general. Ese mismo mes se nombró al teniente general GC Carlos Rodríguez
Tirado como primer Director General de las Fuerzas Policiales.
En segundo lugar, se crearon las direcciones regionales de las Fuerzas Policiales como órganos encargados
de coordinar las acciones de las mismas en el área territorial del país a ellas asignadas. 252 En otras palabras,
se concretó la unificación del comando policial también a nivel regional, que, en adelante, dependería
directamente del Director General de las Fuerzas Policiales (artículo 17). Hasta entonces, cada instituto policial
tenía sus propias direcciones regionales y departamentales, cada una al mando de un oficial de alta graduación.
Esta medida fue muy mal recibida por los tres cuerpos de policía, porque sentían que afectaba directamente
sus fueros institucionales. Al llevarse a cabo la regionalización, todo el personal tuvo que estar bajo el
mando de un solo oficial, que generalmente provino de la GC.
El decreto consideró, por excepción, al personal que pasó y pasaría al retiro en aplicación de la ley de reorganización
24294 como comprendido en los alcances de la causal de retiro por límite de edad. 253 A pesar de
esto, el proceso de reforma generó gran disconformidad en los tres cuerpos de policía. Ello no obedeció solamente
a los cambios considerados que implicarían nuevas tensiones entre los cuerpos policiales, sino también
por el hecho de que aquel proceso no tomó en cuenta la participación de policías. En efecto, el Ministro del
Interior, que conducía el proceso, sostenía que, alejando a los altos mandos policiales del proceso de reforma,
se lograba una mayor objetividad y no se beneficiaba ni a un grupo ni a otro (Acha 2001). Sin constituir una
reforma integral, la reorganización no resolvió varios de los problemas más sentidos por los policías como los
bajos salarios, precarias condiciones de trabajo acompañadas de gran inseguridad y riesgo por la violencia en
expansión. Como veremos, la tensión acumulada estallaría en 1987.
2.2.11. La matanza de Lurigancho
En medio de este contexto de incertidumbre y cambios en las Fuerzas Policiales, se producirá un evento de
gran repercusión pública e implicancia política que cierra este capítulo. 254 Nos referimos a la matanza de presos
acusados por el delito de terrorismo vinculados al PCP-SL, perpetrada por miembros de la GR en el CRAS
San Pedro —Lurigancho—.
En la mañana del 18 de junio de 1986, los presos del PCP-SL recluidos en los penales San Juan Bautista (Isla
El Frontón), San Pedro (Lurigancho) y Santa Bárbara (Callao), iniciaron simultáneamente un motín armado,
tomaron el control de sus pabellones y capturaron rehenes. 255 Realizada una evaluación de la situación en el
Consejo de Ministros, el Gobierno ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFuerzas Armadas)
debelar los motines y tomar el control de los penales. 256 En contraste con lo sucedido en los otros penales,
el operativo militar aplicado en Lurigancho no se definió en el alto nivel de comando que se requería; sólo se
formularon términos muy genéricos para la actuación de las fuerzas del orden (Ames 1988: 261). El Ejército,
responsable asignado a Lurigancho por el CCFuerzas Armadas, precisó que una compañía especial de comandos
a su cargo realizaría la tarea de abrir boquetes para el ingreso al pabellón Industrial —donde se
252 De acuerdo con el decreto legislativo, las direcciones regionales comprenderían las jefaturas departamentales y otras de menor rango
(artículo 17).
253 En efecto, en marzo del mismo año, 237 oficiales serían también invitados a pasar al retiro de conformidad con la ley de bases (Desco.
Resumen Semanal, 358, 14-20 de marzo de 1986).
254 Para un desarrollo a mayor profundidad sobre el evento y sus repercusiones políticas, véase los subcapítulos sobre el PCP-SL, las
Fuerzas Armadas y el PAP.
255 Un agente penitenciario en el caso de Lurigancho
256 Para mayor información sobre las consideraciones tomadas en cuenta para tal decisión, véase Ames 1988.
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