Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
tar es, por lo general, muy complicada, no es una consecuencia automática de cualquier declaración o acción
de un oponente, por más agresivo que sea su comportamiento. Especialmente difícil es tomar tal decisión
cuando se trata de un conflicto armado interno. El presidente Belaunde tenía que considerar las posibles
consecuencias políticas, sociales y humanitarias. En la decisión sobre cuándo es oportuno emplear la
fuerza de las armas para enfrentar una amenaza, no sólo pesa el comportamiento del enemigo, sino también
otros asuntos como qué sacrificios, esfuerzos, trastornos o cambios en la vida del país están implicados
en la estrategia que se adopta, y cuál es el objetivo estratégico al que se dirigen los esfuerzos nacionales.
Ninguna de estas preguntas tenía respuesta clara en ese momento.
Cuando tomó la decisión, Belaunde aprobó un plan de campaña para combatir militarmente a las «guerrillas»,
pero no convocó un esfuerzo integral de todos los sectores del Estado y la sociedad. El Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas dio las órdenes correspondientes, pero su estrategia no respondió a la verdadera
estrategia del PCP-SL, que consistía en aislar del resto del país a la población local y enfrentarla a las
Fuerzas Armadas. El resultado fue que se intentó pelear y ganar una guerra interna al margen del país, una
guerra sólo reconocida a medias, sin el amplio apoyo del Poder Legislativo que corresponde a estos casos, sin
adecuada política de imagen, sin plan político alguno para ganar el apoyo de la población de las zonas afectadas
y sin medidas ciertas para evitar violaciones a los derechos humanos. La explicación de estos errores está
en las contradicciones internas del Estado peruano y en la indiferencia irresponsable de la sociedad peruana
ante el sufrimiento de los pobladores de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Éstos, así como soportaron
pobreza y abandono por siglos, así tuvieron que soportar que se peleara en sus pueblos y campos una guerra
que, según los planes oficiales, debía acabar sin mayores consecuencias para el país.
3.1.1. La decisión política de enfrentar a la subversión con una campaña militar
Los primeros dos meses de la declarada «guerra popular prolongada del campo a la ciudad» transcurrieron
antes de la transferencia del mando, bajo el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuya
Junta Militar había ratificado como Presidente de la República a Francisco Morales Bermúdez. Está claro que
el gobierno militar no reconoció la gravedad de la amenaza representada por el PCP-SL. En todo caso, consideró
más importante la transferencia del gobierno a los civiles, proceso que se dificultaba si se emprendía al
mismo tiempo una campaña militar contra un enemigo interno. Además, en los años setenta, eran muchos los
grupos políticos de izquierda que se planteaban la posibilidad de la lucha armada. No era fácil distinguir si
alguno de ellos, y cuál, había empezado a dar pasos firmes en esa dirección. Según el relato de un alto mando
militar de esa época, el gobierno militar puso al tanto de las amenazas internas a los dos principales grupos
políticos de la Asamblea Constituyente, el Partido Aprista Peruano (PAP) y el Partido Popular Cristiano
(PPC), con cuyos líderes —Haya de la Torre y Bedoya Reyes, respectivamente— se acordó por consenso dar
prioridad a la transferencia. Según esta misma fuente, a poco de iniciado el gobierno de Belaunde, el alto
mando militar propuso una reunión con un grupo de ministros para presentarles las apreciaciones de inteligencia
sobre las amenazas internas. Esta reunión tuvo lugar en agosto de 1980, con la participación de los
ministros Osterling, de la Jara, Grados y Alarco. Estas apreciaciones, preparadas por los servicios de inteligencia
de las Fuerzas Armadas, fueron expuestas por el coronel Marquesi.
La parsimonia con que se trató el asunto se explica en el contexto de las convicciones ideológicas del momento.
Muchos altos oficiales de las Fuerzas Armadas se habían desempeñado como políticos durante la década
del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y creían que la reforma agraria que habían hecho bastaba
para eliminar, desde sus causas, la aparición de guerrillas. Recuérdese que, en esos años, la reforma agraria continuaba
siendo un objetivo de las guerrillas de América Central. No obstante, Morales Bermúdez no se consideraba
un revolucionario, pertenecía a la corriente «institucionalista» que desplazó al general Velasco en 1975 y
que planteó el retorno a la democracia. Dos objetivos principales guiaban a su gobierno: entregar el poder a un
gobernante elegido y obtener para las Fuerzas Armadas una posición firme e influyente dentro del nuevo orden
constitucional. El consenso entre los militares ex gobernantes era que el cambio social más importante, la reforma
agraria, ya había sido logrado, y que el regreso a la democracia permitiría sobrellevar mejor las oleadas de
huelgas y nuevos movimientos populares de izquierda. La única actividad militar dirigida a la hipótesis de subversión
fue la formación de una unidad contrasubversiva dentro de cada división de infantería, lo cual se hizo
con los manuales y experiencia de los años sesenta. Durante el cambio de gobierno, los militares se aseguraron
conservar un amplio margen de decisión y acción en lo que a la política de defensa se refiere. Fue muy sonada
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