Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
donar el Palacio de Gobierno, pero las acciones previstas por los golpistas fueron debeladas antes de consumarse
y todos los oficiales involucrados fueron rápidamente detenidos.
Semanas después, en enero de 1993, diecinueve generales en retiro, encabezados por el general (r) Luis
Cisneros Vizquerra, protestan por los maltratos que reciben los militares implicados en el fallido intento de
golpe en carta dirigida al general Nicolás Hermoza Ríos. Cisneros es reprimido entonces mediante un proceso
en el fuero privativo de Justicia Militar, por presunto delito de «ultraje a la Nación e insulto al superior».
La disidencia militar alcanza un momento crucial en mayo, cuando el general de división Rodolfo Robles,
unos de los hombres más destacados del Ejército, denuncia la violación sistemática de lo derechos humanos
por parte de escuadrones de operaciones encubiertas del SIN. Su denuncia involucra a Hermoza Ríos, quien
es señalado por Robles como gestor y encubridor de prácticas criminales contrarias a la ética militar. El Comando
Conjunto emite un comunicado en que desmiente estas acusaciones y el ministro de defensa, general
Malca Villanueva, asiste al CCD con el mismo propósito. El propio Fujimori se pronuncia rechazando lo dicho
por Robles y reafirmando su confianza en las Fuerzas Armadas. Robles es expulsado del servicio activo y es
procesado por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Sin embargo, días después Fujimori firma un indulto a
favor de once de los oficiales implicados en el intento de golpe de noviembre, con el obvio propósito de apaciguar
al movimiento disidente que continuaba agitándose en las filas de las Fuerzas Armadas.
A lo largo de los diez años que gobernó Fujimori, Vladimiro Montesinos se encargó de presionar, chantajear,
enjuiciar, sobornar cuando pudo y, sobre todo, alejar del país a todos los oficiales que no se amoldasen al
papel que el régimen establecía para las Fuerzas Armadas. Uno de los primeros fue el general Alberto Arciniega,
Jefe del Comando Político Militar del Frente Huallaga desde mediados de 1989 hasta enero de 1990.
Montesinos hizo ingresar personal de operaciones especiales a su domicilio en horas en que él y su familia no
estaban allí, causando destrozos y dejándole mensajes insultantes con el propósito de amedrentarlo. Al repetirse
las amenazas y, en vista de que no conseguía garantías contra esto dentro de su institución, Arciniega y
sus familiares más cercanos emigraron a Argentina, donde vivieron sin apoyo alguno del Estado peruano.
Otros, entre ellos muchos de los más distinguidos por sus méritos personales, fueron asignados a puestos
burocráticos o diplomáticos donde se estancaba su carrera, como el puesto de agregado militar en Ucrania o el
de Cuba. El general de brigada Walter Ledesma, siendo jefe de una unidad militar de frontera, no expresó
aprobación ni respaldo al golpe de Estado, debido a lo cual fue destacado a un puesto burocrático en la Secretaría
de Defensa Nacional y relegado en su carrera hasta que finalmente fue dado de baja. A poco de estar en
retiro, se integró al movimiento opositor Unión por el Perú (UPP). En 1995 fue condenado por el Consejo Supremo
de justicia Militar por «ultraje a la Nación y las Fuerzas Armadas» y cumplió cuarenta días de prisión
efectiva. El general de división en situación de retiro Carlos Mauricio se había integrado también a UPP, fue
candidato al congreso y asesor de Javier Pérez de Cuéllar en la campaña electoral de 1994. Al expresar en varios
programas de radio y televisión, durante el conflicto con el Ecuador, juicios críticos sobre la conducción
de las Fuerzas Armadas, se le acusó de una presunta violación de secretos militares. Mauricio fue enjuiciado
por «ultraje a la Nación y a la Fuerza Armada» y condenado en 1995 a un año de prisión efectiva y al pago de
una reparación al Estado. La represión estaba dirigida también, pues, a los oficiales en retiro, a fin de que no
empleasen su autoridad sobre los oficiales más jóvenes para alentar actitudes críticas hacia el régimen. La
historia de resistencia de Rodolfo Robles tuvo un segundo capítulo. Se refugió en la Argentina durante 1994 y
en 1996, de regreso en el Perú, denunció que fueron agentes del SIN los autores de un atentado ocurrido en
Puno. A raíz de eso, fue detenido y procesado de nuevo por el Consejo Supremo de Justicia Militar. A causa
de las circunstancias ominosas en que Robles había sido detenido, la popularidad de Fujimori sufrió una caída
inmediata, tras lo cual Fujimori promulgó una ley de amnistía obviamente destinada sólo al caso Robles.
La postergación o alejamiento de los oficiales mejor preparados, quienes se distinguían también naturalmente
por su independencia de criterio y liderazgo militar, ha sido uno de los daños que han sufrido las
Fuerzas Armadas, y con ellas el Estado peruano, como consecuencia del respaldo institucional militar al golpe
de Estado del 5 de abril. Con cambios legales como los que permitieron la permanencia indefinida en los cargos
de los miembros del Comando Conjunto a voluntad del Presidente de la República y el ascenso a comandante
general de oficiales de los servicios de inteligencia militares (como Antonio Ibárcena en la Marina), Fujimori
y Montesinos consiguieron colocar a las Fuerzas Armadas bajo el poder de oficiales autoritarios,
antidemocráticos, obsecuentes con el abuso de poder y corruptos.
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