Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
basado no en el respeto a los derechos básicos de las personas sino en la visión de una sociedad supuestamente
perfecta que construirían mediante la violencia. Una segunda razón para señalar la «guerra popular»
del PCP-SL como acto criminal deriva del tipo de sociedad que el Estado peruano defendía —una sociedad
que respetaba de modo significativo las libertades y derechos básicos de los individuos, en especial el principio
de autodeterminación política—.
Es cierto que el sistema democrático peruano nunca funcionó adecuadamente. Muchas autoridades eran
abusivas y corruptas, grandes sectores de la población del país se veían excluidos de la vida política y las
condiciones económicas y sociales impedían que muchos ciudadanos tuviesen acceso a los bienes primarios
necesarios para hacer un uso apropiado de sus libertades. Pero, a pesar de todas estas imperfecciones, el sistema
político peruano permitía que los ciudadanos tuviesen la oportunidad y los medios suficientes para reivindicar
sus intereses por medios no-violentos. Prueba de esto fue el éxito político de la izquierda legal durante
los años ochenta, así como los numerosos paros y huelgas organizados por los movimientos sindicales
durante el mismo período. Y, aunque la legitimidad del Estado peruano se vio seriamente afectada durante
los años noventa, a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, ello no le dio tampoco entonces derecho
alguno al PCP-SL a hacer su guerra contraria a los derechos básicos de la población.
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) emprendió la lucha armada contra el Estado peruano
al ver que el PCP-SL había conseguido desencadenar una guerra interna, con lo cual ellos creyeron
llegado el momento para emprender su propio proyecto violento. Sus fines políticos fueron más abiertos que
los del PCP-SL e intentaron demostrarlo respetando inicialmente las leyes de la guerra, vistiendo uniforme y
dando repetidas señales de estar dispuestos a negociaciones de paz; pero cayeron pronto en graves contradicciones,
pues trataron como enemigos a gobiernos que hacían respetar los derechos básicos y terminaron
uniendo fuerzas a las de los criminales. El MRTA se ofreció como el brazo armado de la izquierda legal, pero
tal pretensión fue rechazada por la izquierda legal misma, ya que el sistema democrático ofrecía las condiciones
básicas para impulsar planes políticos dentro de la legalidad. En cuanto al modo de combatir, el MRTA, a
diferencia del PCP-SL, intentó ceñirse inicialmente a los requerimientos de las leyes de la guerra, se abstuvo
de atacar a la población inerme y concentró sus ataques en las fuerzas del orden. Sin embargo, en los últimos
años del conflicto incurrió también en acciones criminales.
En resumen, la «guerra popular» declarada por el PCP-SL así como la que emprendió poco después el
MRTA fueron ataques contra la paz, la autodeterminación democrática y los derechos fundamentales de los
peruanos. Por ello, el Estado democrático, aunque quedó enfrentado a un enemigo interno, surgido de la propia
población, tuvo en todo momento derecho a defenderse con la fuerza de las armas, porque es justo que un
Gobierno legítimo se defienda de insurrecciones injustas.
Aquí se abren, sin embargo, dos cuestiones que serán abordadas a lo largo del presente estudio. Primero,
debemos intentar establecer hasta qué punto las violaciones de derechos básicos de la población cometidas
durante el conflicto por miembros de las Fuerzas Armadas responden a políticas y estrategias generales que
las propiciaran. Segundo, debemos evaluar los daños que les hizo a las instituciones de la seguridad y la defensa
del país el régimen de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, iniciado en el golpe de Estado del 5 de
abril de 1992. Este régimen abusó de la circunstancia de que la población se hallaba necesitada de mayor protección
frente a los avances del PCP-SL. Procedió a violar sistemáticamente los derechos básicos de la población,
aprovechando el hecho de que ésta se encontraba bajo fuego de los subversivos y que, por lo tanto, las
fuerzas democráticas no podían llamar a resistir al gobierno golpista, pues éste al menos combatía al enemigo
mayor, es decir, al terrorismo del PCP-SL. Los peruanos quedaron entre dos fuegos. Ello explica que hayan
aceptado el régimen de Fujimori, pues nadie está obligado a resistir a quien atenta contra sus derechos si es
que resistir implica poner en riesgo la existencia misma.
3.1. 1983-1985: CONFLICTO ARMADO INTERNO NO ASUMIDO
Desde que el PCP-SL inició su guerra revolucionaria contra el Estado peruano, el 17 de mayo de 1980,
transcurrieron dos años y siete meses hasta que el gobierno de Fernando Belaunde Terry ordenó la respuesta
militar. Este plazo parece una dilación si se juzga que se trataba de un enemigo interno que se había declarado
en campaña militar contra el Estado y, además, se propalaba con virulencia en los Andes centrales
usando el terror y la propaganda armada. Pero la decisión de ordenar un esfuerzo nacional de defensa mili-
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