Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
En 1998 surgieron una tras otra las denuncias e investigaciones sobre las operaciones especiales con personal
militar comandado directamente desde el SIN. Mesmer Carles Talledo, un ex informante del SIN, revela las actividades
del grupo Colina. El jefe de este grupo, el amnistiado mayor EP Santiago Martin Rivas, es investigado por
el Congreso y se produce su célebre retirada por una ventana del palacio legislativo para eludir a la prensa. La ex
agente de inteligencia del Ejército Luisa Zanatta denuncia desde Miami, donde está oculta, las presiones y chantajes
del SIN a las instituciones electorales, los candidatos de oposición y la prensa.
Montesinos, a diferencia de Hermoza Ríos, afrontó el vendaval con un audaz proyecto para continuar la expansión
de los poderes presidenciales y del SIN. El presidente Fujimori anunció que el SIN y los servicios de inteligencia
de las Fuerzas Armadas se encargarían en adelante también de la lucha contra la delincuencia. La idea era
aprovechar la inseguridad sentida por la población a causa de los delitos comunes para ampliar la ingerencia del
SIN en los procedimientos policiales y penales y aplicar a los demás delitos los procedimientos sumarios inventados
para combatir el terrorismo. El Congreso otorgó al Ejecutivo facultades especiales para legislar sobre este
tema y el Ejecutivo respondió con un amplio paquete de decretos leyes. Con el concepto de «terrorismo agravado»
se designó a todas las acciones delictivas que empleasen munición mayor a cierto calibre, explosivos, o tuviesen
una organización que resultase una amenaza para la seguridad nacional. En adelante, se les aplicaría a todos
esos delitos normas semejantes a las que impuso Fujimori mediante los decretos leyes de noviembre de 1991 (cuyo
cuestionamiento por el Congreso fue señalado como una razón para dar el golpe de Estado). Con motivo de
una investigación policial por «terrorismo agravado», y sin que medie orden de captura ni denuncia ante los magistrados,
un sospechoso puede permanecer detenido por la policía hasta catorce días. Si se la libera antes de
cumplido ese plazo, la policía no es responsable de la restricción de libertad que ha sufrido esa persona, porque
está en sus atribuciones detener a cualquiera para los fines de tal investigación. También se crean beneficios para
delincuentes arrepentidos y se sobrepenalizan una serie de figuras, dando hasta veinticinco años de cárcel a los
menores de edad que actúan en pandillas juveniles, es decir, el mismo trato que ya recibían los menores condenados
por terrorismo. El Defensor del Pueblo presentó un detallado informe que demostró la inconstitucionalidad
de la mayoría de estas normas y su carácter contrario al desarrollo del estado democrático de derecho. Lamentablemente,
eso tuvo poco efecto. Este último éxito de Montesinos correspondió a una demanda de la Policía Nacional
del Perú para simplificar el trabajo de captura e investigación. Repetidamente venían solicitando, para su
ley orgánica, que fuera una atribución policial detener hasta por 48 horas con motivo de una investigación policial
o para mantener el orden público. Como esto habría sido una fuente más de atropellos y chantajes cotidianos a la
población, no prosperó por la vía legislativa regular. Por la vía de los decretos legislativos, se obtuvo largamente.
La detención sin cargos hasta por catorce días, originada durante la guerra contrasubversiva en la práctica del
interrogatorio militar anterior a la entrega del detenido al Poder Judicial, había difundido la costumbre de usar
ese período de detención para que el detenido colaborase en la obtención de las pruebas o testimonios que hacían
falta para procesarlo a él mismo o a otros acusados. La demanda, por parte de los policías, de que esto mismo se
aplicase a los delitos comunes, indica que ellos ya habían perdido las capacidades profesionales de investigación
necesarias para ser eficaces sin recurrir a la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas.
El problema resultante de esto es que los jueces tendrían que acostumbrarse también a condenar sobre la base de
atestados policiales compuestos mediante interrogatorios y delaciones. Lo más grave de este éxito de Montesinos
es que ha dejado una huella en el actual sistema penal, el cual se ha vuelto dependiente del concepto (atenuado)
de «delito agravado». A Montesinos le interesaba esta medida, en primer lugar, por su valor político como iniciativa
para mostrar decisión y mano dura, y en segundo lugar, porque el nuevo papel del SIN en todos estos procedimientos
le daría acceso pronto a más información privada y le permitiría usar tiempo después a las Fuerzas
Policiales como apoyo de sus operaciones especiales de inteligencia, así como ya usaba a las Fuerzas Armadas.
El 20 de agosto de 1998, Nicolás Hermoza Ríos es relevado de su cargo de Comandante General del Ejército.
La despedida fue sorprendentemente discreta y expeditiva, tratándose de un hombre que había ejercido gran
parte del poder del Estado y había sido uno de los pilares del régimen desde el golpe de Estado del 5 de abril de
1992. Lo sucedió el general EP César Saucedo. Como una señal de que Hermoza Ríos había caído en desgracia, la
Fiscal de la Nación dispuso el 12 de marzo de 1999 que la 46 Fiscalía provisional de Lima investigase a Hermoza
Ríos por los delitos de rebelión, daños al país, violación de la libertad de expresión y abuso de autoridad.
Al día siguiente, el 13 de marzo, tuvo lugar una sesión especial del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, en la cual participaron también los altos mandos de la Policía y representantes del SIN, incluyendo
a Vladimiro Montesinos. El objetivo de la reunión fue suscribir un acuerdo de respaldar el golpe de Es-
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