Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
hallaban los amotinados— y, sin abordar aspectos específicos de la planificación del operativo, ordenó a la GR
que asumiera la realización de la intervención (Ames 1988). Finalmente, ante la presión del Gobierno, que
exigía rapidez en la debelación del motín, y problemas en la coordinación entre el mismo y el CCFuerzas Armadas,
se envió a un grupo de GR sin la preparación debida (Ames 1988: 262-263).
Luego de una sucesión de acontecimientos en la que se evidenció un desorden generado por el apresuramiento
y la falta de preparación (incluyendo falta de claridad sobre quién era el responsable del operativo), la
intervención de los republicanos no dejó sobrevivientes. Después de enfrentar a los elementos armados del
PCP-SL y dar muerte alrededor de veinte o treinta de ellos, los agentes de la GR ejecutaron a los internos que
no murieron en el combate y dejaron un total de 124 fallecidos. Una vez producida la matanza, no se permitió
el ingreso de autoridades civiles al recinto penitenciario. Con investigaciones posteriores, se confirmaron las
violaciones a los derechos humanos en las que se incurrieron.
La magnitud de este hecho, empero, no debe hacernos olvidar los precedentes que evidenciaban la propensión
de los GR a hacer un uso excesivo de fuerza en debelaciones y requisas, por un lado; y, por otro, la
situación crítica que, desde años atrás, arrastraban los penales. Estos factores juntos hacían prever las trágicas
consecuencias de una incursión armada sin una dirección y planificación adecuadas.
No era la primera vez que la intervención de la GR en la debelación de motines en cárceles —de presos comunes
como de acusados de terrorismo— o en la organización de requisas dejaba resultados lamentables: un
número innecesariamente alto de muertos y heridos. Algunos hechos de gran repercusión pública habían tenido
lugar en años anteriores. Uno de los más recordados —las imágenes fueron transmitidas en directo por televisión—
fue la matanza de presos comunes en el penal de El Sexto en abril de 1984, en la que murieron veinte
personas como consecuencia del operativo policial. Por otro lado, se tenía ya el precedente de la muerte de treinta
reclusos vinculados al PCP-SL durante una requisa de armas efectuada por la GR en el mismo CRAS de Lurigancho
el 10 de octubre de 1985. Sobre el hecho, circularon versiones contradictorias que dejaban abierta la posibilidad
de que los guardias republicanos hubiesen disparado al cuerpo a los reclusos. 257 En general, estos hechos
alertaban ya sobre un grave problema en la actuación policial en intervenciones de este tipo. En general, la práctica
policial usual de la GR —instituto policial más militarizado— en las cárceles tenía también un componente
represivo importante con un uso frecuente de fuerza innecesaria. 258 La tradición represiva para solucionar conflictos
que no era exclusiva de nuestro país —por entonces no era raro que los motines carcelarios terminaran en
matanzas también en otros países como, por ejemplo, Brasil— y que, por estar dirigida contra sectores de la población
criminalizados, 259 no despertaban necesariamente la indignación pública. En Lurigancho de 1986, lo que
se observa es, fundamentalmente, un cambio significativo en la escala numérica de las víctimas, en la magnitud
de la violación. Pero lo cierto es que, a pesar del impacto público que tuvo este hecho, una matanza también
importante (aunque no de tales proporciones) se repetiría en el penal de Castro Castro en mayo de 1992. 260
Por otro lado, cabe llamar la atención hacia la grave situación que se venía acumulando en las prisiones
debido a las precarias condiciones carcelarias que debían soportar los reclusos —situación que se convirtiera
en objeto de debate público por lo menos desde 1981—, así como el control casi absoluto por elementos del
PCP-SL de los pabellones que ocupaban.
Ya en 1981, los responsables del Ministerio de Justicia del gobierno de AP encontraron una situación carcelaria
crítica, debido al hacinamiento extremo de los reclusos y las precarias condiciones de vida en los penales,
entre otros factores. Sin embargo, lejos de revertir completamente este proceso de deterioro, la situación se
haría más compleja por la inacción gubernamental 261 y el comportamiento peculiar de los reclusos pertenecientes
al PCP-SL, quienes hicieron de las cárceles sus luminosas trincheras de combate. En efecto, los senderistas
presos llegaron a tener niveles increíbles de autonomía en los penales que, en la práctica, significaron un
control casi absoluto de ellos a la vista y paciencia de las autoridades penitenciarias, de la GR o junto con al-
257 Durante la requisa, se produjo un incendio. Entre otras temas, se especulaba sobre la responsabilidad de la GR en su provocación o su
no extinción. Para mayores detalles, véase Ames (1988); Desco. Resumen Semanal, 337, 4-10 de octubre de 1985.
258 Véase, por ejemplo, Renshaw (1985) para referencia sobre su actuación durante las requisas a presos comunes en las que también se
incurría en malos tratos y tortura.
259 Los más pobres y marginados de la sociedad
260 Véase el estudio del caso en el tomo VII.
261 Al respecto, véase el subcapítulo sobre Acción Popular en el tomo III.
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