Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
teamericanas. Este proceso duró todo el año 1991 y en 1992, luego de haber recibido el Perú las primeras promesas
de desembolso, fue interrumpido abruptamente por el golpe de Estado de 1992.
La INCA ponía las siguientes condiciones para prestar ayuda económica:
1. El país tiene que implementar programas para reducir el flujo de cocaína a los Estados Unidos de acuerdo con
acuerdos bilaterales o multilaterales [...]
2. Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales de ese país no pueden estar comprometidas en patrones consistentes
de violaciones mayores de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y el Gobierno de ese país tiene
que haber hecho progresos significativos en la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
particularmente en:
a) Asegurar que la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes o el castigo, la detención como
incomunicado o la detención sin cargos ni juicio, las desapariciones y otras violaciones flagrantes del derecho
a la vida, la libertad o la seguridad de la persona no son practicadas y
b) Permitir una investigación sin obstáculos de las violaciones denunciadas de derechos humanos internacionalmente
reconocidos, lo que implica proveer a las organizaciones internacionales pertinentes (incluidas
las organizaciones no gubernamentales como el Comité Internacional de la Cruz Roja) o a los
grupos que actúan bajo la autoridad de la Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos
el acceso a los centros de detención; y que el Gobierno de ese país tenga control efectivo sobre las
operaciones policiales y militares relacionadas con las actividades antinarcóticos y contrainsurgentes.
En el primer informe de la Embajada al Secretario de Estado sobre la situación de los derechos humanos
en el Perú en el marco de estas consultas, enviado el 26 de marzo, se reporta que los tres mayores actores del
conflicto, «los terroristas, el Ejército y la Policía» son culpables de violaciones significativas de los derechos
humanos, las cuales aumentaron en 1990, aunque hay esfuerzos aislados considerables, como la liberación de
prisioneros que no van a juicio y la mejora del acceso de la Cruz Roja a los detenidos por las Fuerzas Policiales.
En mayo la consulta había profundizado en los aspectos organizativos y de control de las agencias estatales,
con los siguientes resultados:
La corrupción por narcóticos en las áreas productoras de coca está ampliamente difundida. Se considera que sus
efectos hacia arriba en la cadena de explotación del negocio son significativos pero de baja magnitud. Aunque
hay cooperación organizada de la policía con los traficantes, los policías son más ampliamente conocidos como
individuos que se involucran por su cuenta («free lancers»), pagan para ser transferidos a una unidad antinarcóticos
y entonces extorsionan a los agricultores cocaleros locales y a los traficantes para obtener ganancias personales.
Un reporte reciente [texto eliminado] afirma que la corrupción del narcotráfico afecta al Ejército en todos los
niveles en el Huallaga. La corrupción del Ejército está más organizada. Los comandantes de unidades ofrecen
protección a los aeropuertos y paso libre a los traficantes. En algunos casos las ganancias del desnatado del narcotráfico
se usan para alimentar a la tropa. Hay menos evidencia disponible sobre corrupción por narcotráfico en la
policía y el Ejército en el nivel nacional, pero es casi seguro que existe.
Casi al mismo tiempo, el informe de inteligencia militar del Comando Conjunto en Washington del 24 de
mayo destaca que el comandante del Ejército en el Frente Mantaro está decidido a detener el narcotráfico y
reestablecer el control del gobierno en Satipo, donde ha instalado su cuartel general. En medio de grandes
dificultades y afrontando grave escasez de recursos, este oficial ha concentrado en Satipo un número importante
de tropas con el que está derrotando al terrorismo y al narcotráfico.
Como un paso preparatorio para obtener la ayuda económica, el gobierno del Perú firmó con los Estados
Unidos en el mismo mes de mayo un convenio antidrogas. El borrador de este convenio había sido revisado a
la luz de los resultados de la Conferencia Internacional «Narcotráfico, a un año de Cartagena» que tuvo lugar
en abril. De todos modos, la firma del convenio se realizó sin consulta al Congreso peruano, por lo cual el
Congreso interpeló al primer ministro Carlos Torres y Torres Lara, quien tuvo que contestar las 92 preguntas
del pliego interpelatorio. Sobre la base del convenio, el Departamento de Estado proveería 34.9 millones de
dólares en el año fiscal 1991 y una cantidad igual o mayor en 1992.
Por parte de los Estados Unidos hay una expectativa llena de dudas y debate entre el Congreso y el Ejecutivo.
Mientras este último estima que son posibles avances básicos en respeto a los derechos humanos e importantes
avances en lucha antinarcóticos, el Congreso pone énfasis exclusivamente en la cuestión de los derechos
humanos, convencido de que la situación es sumamente grave. Nuevos informes de la Embajada en
Lima llaman la atención sobre el mérito especial de la lucha del gobierno de Fujimori contra el PCP-SL y el
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