Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
muy importante para las Fuerzas Armadas. Por ello, Fujimori promulgó todos los decretos modificados ese
verano salvo éste y se reservó el derecho a insistir en él más adelante. Los decretos sobre los que el Congreso
no se pronunció quedaron firmes al cumplirse los treinta días del plazo de revisión.
La Comisión de Pacificación del Senado presentó un informe muy duro sobre el «costo social» de la violencia
en el país durante 1991. Entró a tallar entonces, como va a ser lo común de aquí en adelante, el presidente
del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien declaró públicamente su respaldo a la
estrategia de pacificación a la que obedecen los decretos legislativos que el ejecutivo promulgó en virtud de
las facultades que le delegó el Congreso. Esta declaración fue el preludio de la larga serie de comunicados del
Comando Conjunto que en los años siguientes van a apuntalar al régimen.
3.4. 1992-2000: EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS DESDE EL GOLPE DE ESTADO DE 1992 HASTA LA SALIDA DE ALBERTO FUJIMORI
No corresponde referir aquí los acontecimientos del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, pero sí destacar que
se trató de un amplio operativo militar, de la misma naturaleza y dimensiones que el operativo previsto en el
Plan Político-Militar. Incluyó toma de control de locales públicos, detenciones de congresistas, magistrados,
periodistas y líderes sindicales, y uso de instalaciones militares —bases, cuarteles y naves de guerra— como
centros de reclusión. Inmediatamente después del mensaje televisivo de Fujimori, se difundió un comunicado
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que expresaba su total respaldo a las
medidas tomadas por el Presidente. Militares y vehículos blindados salieron a las calles, tomaron posesión del
Congreso de la República y otros locales públicos, y detuvieron a numerosas personalidades con la finalidad,
sobre todo, de impedir que se reuniera el Congreso. Este apoyo de las Fuerzas Armadas al autodenominado
Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional fue tan «institucional» como los golpes militares de Lindley
(1962), de Velasco (1968) y de Morales Bermúdez contra Velasco (1975). Cuando se trata de un golpe institucional,
el despliegue de tropas, las detenciones y allanamientos y todas las violaciones a los derechos fundamentales
cometidas con este fin por personal militar son parte de un operativo conjunto del Ejército, la Marina de Guerra
y la Fuerza Aérea, bajo la jefatura del Comando Conjunto. Cuando el golpe se da contra un gobierno
legítimo, es un delito contra las normas constitucionales básicas cometido solidariamente por los altos mandos y
por todos los oficiales que impartieron órdenes específicas en cumplimiento de esas directivas superiores.
El domingo 5 de abril de 1992 las operaciones golpistas se concentraron en Lima, porque en el Perú el poder
político está centralizado (mientras que el poderío militar no). Las fuerzas de Lima ejecutaron, pues, las
operaciones, las de las regiones y frentes se limitaron a prestar su respaldo. Ese día, en horas de la tarde, fueron
llamados por teléfono todos los comandantes de unidades operativas, para indicarles que debían ver por
televisión el mensaje presidencial que se propalaría esa noche y luego llamar por teléfono a su comandancia
general. Los jefes regionales llamaron esa misma noche para expresar su respaldo al golpe de Estado. Sólo
sabemos de una honrosa excepción, pero no podemos descartar que haya habido más de una.
En las circunstancias que el país atravesaba, era explicable que la gran mayoría de la población no ofreciera
resistencia al golpe de Estado y que esa conformidad fuera interpretada como apoyo al régimen por sus partidarios
civiles y militares. La razón que explica este comportamiento no está en la crisis económica ni en la crisis
política, por graves que éstas fueran. El Perú se batía contra un enemigo interno, la subversión terrorista. Como
el golpe de Estado fue una acción armada, ofrecerle resistencia implicaba necesariamente desencadenar un segundo
conflicto interno, lo cual equivaldría a arriesgar la existencia del país. Los golpistas sabían esto y abusaron
de esta situación de indefensión en que se encontraba la ciudadanía para proclamarse salvadores, así como
lo hicieron los distintos bandos político-militares durante la Guerra del Pacífico. La desobediencia civil protagonizada
en los días siguientes al golpe de Estado por muchos congresistas y líderes de la sociedad civil en verdad
no tenía objeto, pues le hacía frente a una fuerza resuelta a emplear las armas y a violar todas las libertades fundamentales
para consumar sus propósitos. Por ello, fue breve y simbólica. Pero lo más característico de ese operativo
militar, y del régimen que así nacía y que las Fuerzas Armadas apoyaron institucionalmente durante ocho
años, fue el uso insidioso de operaciones encubiertas y psicosociales para controlar el proceso político.
La técnica fundamental de este control está bien explicada en la doctrina de la «guerra política» de la escuela
de Taiwán. Las masas son controladas mediante información y desinformación propagandística. Los emisores
de estas informaciones —comunicadores sociales, líderes sociales y políticos— son controlados mediante una
organización secreta que les administra presiones y estímulos, incluyendo operativos de persuasión individual.
TOMO II PÁGINA 233