Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
tienen por objetivo la supresión de los derechos humanos y por método la violación de los mismos, entonces
la inacción del Estado contribuye a que esa violación se cometa sistemática y masivamente. Pero las operaciones
militares para vencer a un enemigo difícil de identificar —lo que es también distintivo del PCP-SL— acarrean
inevitablemente múltiples actos de violencia contra personas inocentes, quienes, además, son compatriotas
de los soldados: son precisamente las personas que ellos vienen a salvar. El problema moral que esto
entraña no se resuelve con registrar las víctimas inocentes como contingencias explicables dentro de un cierto
margen de error. Sostener que estos hechos tienen que producirse «normalmente» como parte de una rutina
de combate implica daños morales para los combatientes, deterioro de su ética institucional y desconfianza
entre los militares y las Fuerzas Armadas. 480 Todos estos costos y riesgos morales son ocasionados por la decisión
estatal de emplear la fuerza militar en el conflicto interno, aunque el causante y responsable principal sea,
sin duda, el grupo subversivo que emprendió una lucha armada injusta contra el Estado democrático.
El PCP-SL inició la ejecución de su plan llamado «Inicio de la Lucha Armada» contra el Estado peruano el
17de mayo de 1980, día de elecciones generales, las primeras después de catorce años. Con ello, expresó su
rechazo al sistema político democrático que estaba por reinstaurarse en el Perú. Durante los últimos años del
gobierno militar, prepararon cuidadosamente esta guerra como un plan político y militar de largo plazo, cuya
aplicación comenzaría el día en que el país regresara a la democracia. No se proponían, pues, corregir algunas
prácticas, leyes o instituciones, sino abolir por la fuerza todo el horizonte político dentro del cual los peruanos
buscaban nuevas perspectivas. No era su propósito principal vencer a las Fuerzas Armadas. Su objetivo era
destruir y reemplazar el sistema político democrático que estaba por retornar.
El PCP-SL interpretaba el regreso de la democracia como un incremento de las contradicciones entre los
distintos componentes de la sociedad peruana. La conflictividad propia de la sociedad peruana afloraba por
la brecha abierta entre, por un lado, las fuerzas corporativas y burocráticas que dirigieron al país durante
las dos fases del gobierno militar anterior y, por otro, las fuerzas políticas y movimientos sociales que estaban
accediendo a cuotas de poder mediante las elecciones. El PCP-SL se propuso explotar la vulnerabilidad
de una sociedad que sacaba sus conflictos a la luz pública. El proceso democrático trae consigo, además,
una complicación de los procedimientos para tomar decisiones políticas, un sistema de controles y balances
internos que vuelve más lentas las reacciones del Estado ante las amenazas, pero, al mismo tiempo, garantiza
la estabilidad de largo plazo que sólo puede conseguirse mediante la validación pública de las políticas
de Estado, el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos colectivos de las minorías políticas y
sociales. El PCP-SL aprovechó de inmediato la falta de conexión entre, por un lado, las concepciones sobre
política de seguridad nacional que tenían los sectores democráticos y, por otro, la concepción estratégica
que tenían las Fuerzas Armadas sobre el mismo asunto.
De hecho, en esa democracia restaurada, no había nexo claro entre política nacional y estrategia militar. Por
un lado, las ideas sobre seguridad de los políticos y de la incipiente sociedad civil de ese momento eran principistas,
abstractas, inconexas y descontextualizadas. Por el otro, las doctrinas y las capacidades profesionales de
los militares no estaban orientadas a contribuir a la superación de este problema. La brecha había sido revelada
por el retorno a la democracia y el PCP-SL planeó aprovechar esta oportunidad para destruir al Estado peruano.
Respecto a la forma de combatir, el PCP-SL se mostró decidido a violar todas las leyes de la guerra desde
el inicio de sus acciones. Por no hacer identificables a sus combatientes mediante un uniforme, no designar
líderes públicos ni personeros para posibles negociaciones ni dejar abierta ninguna perspectiva de negociación
de paz, llevó adelante una guerra sin respeto a la población civil ni cuartel para los policías o
militares que eventualmente quedasen bajo su poder, una guerra que tenía por único objeto la derrota incondicional,
la sumisión total o el exterminio de quienes se les opusieran, según el lema «salvo el poder,
todo es ilusión». En efecto, realizó sistemáticamente actos infames como asesinatos, masacres y atentados
terroristas. Por estas razones, no es posible reconocer al PCP-SL como «guerrilla» en el sentido de fuerza
beligerante que dan a esta palabra las instituciones internacionales.
La razón principal para condenar la acción armada del PCP-SL como un acto criminal contra todos los
peruanos está en que usó las armas con el fin de instaurar un régimen totalitario y de potencial genocida,
480 «Si la población percibe que se produce alguna violación a los Derechos Humanos y susbsisten tratos y acciones abusivas, de poco
sirve, sicológicamente, que se afirme la existencia de un “irrestricto respeto a los Derechos Humanos”». Ministerio de Defensa-Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estrategia integral para la contrasubversión. 2000.
TOMO II PÁGINA 170