Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
por la Paz, obviamente usado también para apaciguar las críticas internacionales. Siguiendo la misma lógica,
llega a Lima ese mes, invitada por el gobierno peruano, una delegación de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para informarse sobre los casos denunciados.
El 17 de enero de 1992, el Departamento de Estado aceptó «reluctante» las condiciones impuestas por el
Congreso, con tal de no omitir ningún esfuerzo por reducir el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos.
Comunicaron a las autoridades peruanas las condiciones, con énfasis en el registro de detenidos, y que la
ayuda no incluiría los 10.05 millones para entrenar tres batallones contrasubversivos del Ejército.
El apoyo económico y la asistencia militar en la lucha contra el narcotráfico y la subversión se interrumpieron
a causa del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. En mayo de ese año, el secretario de Estado
Adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, se entrevistó con Fujimori y respaldó los criterios
adoptados por la OEA. A Fujimori no le imprersionaba mucho el asunto, pues los montos de la ayuda en
cuestión no eran determinantes para sus planes. En marzo de 1992 viajó en visita oficial al Japón, donde
comprometió ayuda por 127 millones de dólares. El año 1991 estuvo lleno de éxitos en lo que se refiere a
obtención de ayuda no reembolsable y créditos de desarrollo. El Fondo Latinoamericano de Reserva había
otorgado 403 millones de dólares para obras de desarrollo; el Grupo de Río, 100 millones; y el Banco Interamericano
de Desarrollo, 1.100 millones. El Perú tenía ya un acuerdo con el FMI sobre un Programa de Referencia
para lograr su reinserción en el sistema financiero internacional. Además, Fujimori tenía por delante
un amplio programa de privatizaciones. En este contexto se entiende que en septiembre, en plena
incertidumbre sobre el apoyo norteamericano, Fujimori destinara una partida especial del tesoro público de
200 millones de dólares a la renovación de material militar y armamento.
Con el golpe de Estado de 1992, se confirmaron brutalmente las advertencias del Congreso
norteamericano sobre la poca confiabilidad de Fujimori. La negociación de ayuda con los Estados Unidos —
así como otras gestiones internacionales, incluida una visita oficial a Alemania que se había programado en
detalle y se canceló— resultó ser parte de las maniobras de distracción de un régimen que simulaba hacer
progresos en el respeto a los derechos humanos sólo para ganar tiempo mientras preparaba un golpe contra
todas las leyes y valores democráticos.
De lo visto podemos concluir que no sólo la naturaleza más selectiva de la estrategia adoptada a partir de
1989 influyó en la reducción de la cantidad de violaciones de los derechos humanos a partir de 1990. Un factor
poderoso fue el padrón de prisioneros actualizado diariamente y supervisado por el Comité de la Cruz Roja
Internacional y los fiscales peruanos. Este padrón fue introducido para cumplir con una condición puesta por
el Congreso de los Estados Unidos para autorizar la ayuda económica al Perú. Eso contribuyó a que los líderes
senderistas que fuesen detenidos no fuesen luego desaparecidos, ni torturados ni muertos. Los interrogatorios
de inteligencia dejaron de tener consecuencias letales.
3.3.4.4. Del enfrentamiento con el Legislativo al golpe de Estado de 1992
Otro factor influyente en esta evolución fue la necesidad del gobierno de Fujimori de mantener algunas formas
políticas democráticas, las cuales dieron espacio a quienes insistían en controlar con criterios básicos de
moral y justicia las acciones de las Fuerzas Armadas. Esta necesidad se creó porque Fujimori pretendió y consiguió
paulatinamente un liderazgo personal sobre la Fuerzas Armadas, en vez de desempeñar el papel decorativo
que ellas habían previsto pare el presidente en el Plan Político-Militar.
La fuente de iniciativa política de Fujimori era la contrasubversión entendida como un proceso de transformación
de la sociedad y del Estado superior al proceso democrático. Para cohesionar a sus seguidores,
empezando por las Fuerzas Armadas, forzaba el enfrentamiento con las posiciones de los demás grupos políticos
reclamando para la acción contrasubversiva cada vez más autonomía frente a los poderes legislativo y
judicial. Ésta era una manera eficaz de acumular poder y prestigio para él solo en un país asolado por el terrorismo,
pues sus exigencias eran de tal tipo que ningún partido democrático podía suscribirlas. En otras palabras,
la vehemencia en dejar atrás los controles éticos y legales de la acción armada no respondía a necesidades
intrínsecas de ésta, sino a la propia y particular necesidad de Fujimori de hacerse un capital político. Esta
ayuda exageradamente solícita a las Fuerzas Armadas no era, pues, gratuita ni generosa, por lo cual muchos
altos oficiales empezaron pronto a desconfiar del nuevo presidente y de su camarilla. Lo mismo ocurrió con
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