Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
Los cambios en los casos de los oficiales generales, muchas veces relacionados con las decisiones de la Dirección
General en coordinación con el Ministerio, no posibilitan tampoco una real y adecuada dirección del
trabajo. Los agentes de la DIRCOTE, a través de los años, lograrían con suerte que varios de estos oficiales al
mando, los «dejaran trabajar» tranquilos y no entorpecieran el trabajo; o que algunos, realmente se preocuparan
en trabajar de la mano y aprender de ellos.
En general, los conocidos fenómenos de la vara y la argolla, tan extendidos en nuestro país, no fueron ajenos
a las decisiones policiales y de los gobiernos de turno. Definitivamente, éste fue otro de los factores que
incidieron en el desempeño policial en la lucha contrasubversiva, pues no necesariamente se tuvo al mando
de unidades clave al personal indicado.
2.3.8. Las Fuerzas Policiales y la administración de justicia
La relación con organismos y representantes del sistema de administración de justicia durante el proceso de
guerra interna será un tema sumamente sensible para las Fuerzas Policiales. Será una denuncia recurrente en
policías que el Poder Judicial dejaba en libertad a numerosos miembros del PCP-SL y del MRTA alegando
falta de pruebas, cuando en realidad lo que existía era temor a represalias e incluso corrupción.
Efectivamente, la ineficiencia o inoperancia del sistema judicial en la represión del fenómeno subversivo
durante los años ochenta fue un problema mayor. Sin embargo, se dejó pasar y agravar la situación durante
varios años. Entre los indicadores más alarmantes y que más ofuscaban a las fuerzas del orden se encontraba
la constatación de una desproporción grande entre el número de detenidos y el número de procesados; entre
éstos y el número de condenados, sin contar con el grave problema del número alto de condenados que eran
liberados por beneficios penitenciarios. 366 El «coladero» sería una de las expresiones acuñadas para dar cuenta,
gráficamente, de las continuas liberaciones por el Poder Judicial de subversivos que habían logrado ser
capturados por las Fuerzas Policiales (De la Jara 2001: 40).
Efectivamente, como se comprobaría años después, muchos dirigentes de importancia, tanto del PCP-SL
como del MRTA, fueron capturados por las Fuerzas Policiales y posteriormente liberados por el Poder Judicial.
Baste señalar, entre otros, los casos de Laura Zambrano, Margie Clavo Peralta, Hugo Deodato Juárez
Cruzatt, Edmundo Cox y Víctor Zavala Cataño —todos éstos pertenecientes al PCP-SL—; y Peter Cárdenas
Schulte, del MRTA. La gravedad de la situación ameritó incluso que, hacia fines de 1988, la Embajada de los
Estados Unidos dedicara un informe amplio a analizar los obstáculos para la condena de terroristas en el Perú.
En éste advertía con preocupación que:
Peru has a notoriously low rate of conviction of persons charged with terrorism —only 20 percent of those detained
on suspicion of terrorism are eventually convicted and sentenced. The low conviction rate is in our view a
significant source of serious human rights abuses, as the police and military are prone in these circumstances to
take justice into their hands. 367
Ésta era una situación riesgosa: la baja de moral y frustración sentida por policías y militares debido al mal
funcionamiento del canal legal para la administración de justicia los alentaba, peligrosamente, a seguir apostando
por otro tipo de soluciones ilegales, como asesinatos y desapariciones. Estos años coinciden, además, con los
de la propagación de grupos paramilitares locales o regionales que buscaban hacer justicia propia.
Pero ¿cómo explicar la prolongación innecesaria de esta situación? Tratando de ir más allá de las explicaciones
unilaterales del fenómeno del «coladero», De la Jara expone los siguientes factores: 1) la falta de conocimiento
y de comprensión del fenómeno que se estaba enfrentando y juzgando (terrorismo con objetivos
políticos); 2) el estado en el que llegaban los casos al Poder Judicial; 3) la falta de coordinación; 4) la ineficiencia
estructural de la administración de justicia en el Perú; 5) la falta de motivación sobre el importante papel
que policías, jueces y fiscales debían cumplir en la persecución, juzgamiento y sanción del terrorismo; y, por
último, pero con un peso menor; 6) la existencia de grupos de abogados y familiares vinculados al PCP-SL.
«Todo esto, más un poco de miedo y otro de corrupción» (De la Jara 2001: 47) era la situación existente.
366 Por ejemplo, en marzo de 1992 el Instituto de Defensa Legal (IDL) dio cuenta de treinta liberaciones indebidas a través de beneficios de
semilibertad (Idéele, 35, marzo de 1992, p. 33).
367 Embajada de los Estados Unidos. «Obstacles to terrorist convictions in Peru». 191820Z, septiembre de 1988.
TOMO II PÁGINA 143