Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
1985 se debió a la adquisición de una escuadra de aviones de combate Mirage, lo cual no tenía nada que ver
con el conflicto interno ni tampoco guardaba relación clara con las necesidades de la defensa exterior.
Cuadro 4
PERÚ 1974-1985: GASTO MILITAR (GM) EN PROPORCIÓN AL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)
GOBIERNO MILITAR
GOBIERNO DE AP
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
3.2 4.1 4.8 7.0 5.2 3.7 5.0 4.2 4.6 4.8 5.6 6.5
Fuente: ACDA World Military Expediture and Arms Transfer 1971-1980 y 1990
Otra herencia dejada por el Gobierno Militar fue el Sistema de Defensa Nacional (SDN) y sus leyes. El
SDN, concebido principalmente para la defensa exterior, determina la concentración de fuerzas en las Regiones
Militares I (norte) y III (sur); la II Región, que abarcaba la sierra central donde ocurría el conflicto, quedó
con la mayor parte de su personal efectivo en Lima.
Pero lo peor de este legado es que el SDN establece una neta segmentación del Estado, que otorga a los
militares la iniciativa y competencia en política de defensa, con la sola obligación de sustentarla ante el Presidente.
Ello se refleja en la Constitución de 1979, que confiere a las Fuerzas Armadas el mandato constitucional
de «garantizar» la seguridad y la defensa nacional. En vez de ser un paso hacia un rol más moderno de las
Fuerzas Armadas, la Constitución de 1979 elevó al rango de norma suprema del Estado la función «tutelar»
de las Fuerzas Armadas. Según esta doctrina, sólo parte del poder nacional surge del voto democrático y fluye
a través de las directivas del gobierno y los ministros responsables. Otra parte sustancial reside en las Fuerzas
Armadas —es decir, el cuerpo de oficiales militares, marinos y pilotos de guerra peruanos—. Los oficiales
reciben directamente de la Constitución un mandato que deben cumplir sea o no coincidente con la política de
los Poderes elegidos, es decir, la Defensa Nacional es una función del mismo rango que la función del Poder
Ejecutivo o el Legislativo, sólo que es «no deliberante», precisión que resultó muy confusa y hasta ahora nadie
sabe qué significa. Esta doctrina fue elaborada por las Fuerzas Armadas e insertada en la Constitución por la
vía del arreglo político para la transferencia del poder. El efecto de su constitucionalización fue que se bloqueó
la posibilidad de una política integral contrasubversiva elaborada conjuntamente por los poderes ejecutivo
y legislativo y los militares, pues estos últimos siguieron sintiéndose capaces de definir por sí solos la
política de defensa y los políticos, tanto en los ministerios como en el Congreso, y no asumieron en la práctica
esa tarea. Añádase a esto el hecho ya mencionado de que las leyes orgánicas correspondientes a este capítulo
de la Constitución, en las cuales se establecía claramente las prerrogativas políticas de las instituciones militares,
fueron dictadas en secreto por el gobierno militar poco antes de la transferencia. Cuando los militares
empezaron a desarrollar conceptos contrasubversivos más abarcadores, que implicaban políticas generales del
Estado, éstos chocaron con una profunda incomprensión por parte del Gobierno y el Parlamento.
Los numerosos atentados cometidos por el PCP-SL en 1980 —la mayoría de ellos petardistas, algunos ya
cruentos— desencadenaron al final de ese año un debate dentro del recién instaurado gobierno democrático. El
ministro del Interior, José María de la Jara, se pronunció el 23 de diciembre en contra de que se declarasen en
estado de emergencia las zonas afectadas. El gobierno militar había usado en los dos años anteriores reiteradamente
la suspensión de garantías constitucionales para enfrentar las huelgas sindicales. De la Jara consideraba
que el terrorismo se podía controlar sin suspender las garantías, sino con medios policiales, pues la Guardia
Civil (GC) y, particularmente, la Policía de Investigaciones (PIP) venían haciendo significativas capturas. 485 Sin
embargo, desde esos primeros momentos, a inicios de 1981, el Gobierno calificaba los actos del PCP-SL como
terrorismo, algunos sectores proponían ya el empleo de las Fuerzas Armadas y el mismo Presidente de la República
declaró que, a su parecer, quienes pretendieran destruir las riquezas del país y perturbar la paz con actos
de terrorismo y sabotaje debían ser considerados traidores a la Patria. En enero de 1981, José María de la Jara
presentó al Consejo de Ministros un proyecto de decreto legislativo que tipificaba el delito de terrorismo, lo cual
ocasionó expresiones públicas de rechazo de diversos sectores de izquierda. La intención del Ministro era reforzar
los medios legales de la lucha policial contra el terrorismo, la cual, mediante numerosas capturas, había logrado
reducir notoriamente el número de atentados en los últimos meses. El decreto legislativo 046, que tipificó
el delito de terrorismo y estableció las penas, se promulgó el 10 de marzo de 1981. Sin embargo, ante la conti-
485 Véase en este tomo el apartado sobre el proceso de las Fuerzas Policiales.
TOMO II PÁGINA 174