Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
dad. Se supo que el ministro del Interior Gagliardi Schiaffino se dispuso a renunciar al día siguiente, pero que
fue convencido de no hacerlo por otras personalidades del Gobierno.
En los meses siguientes los senderistas presos fueron trasladados a la isla penal de El Frontón, cuyas instalaciones
carcelarias se reabrieron con este fin. Los atentados y ataques del PCP-SL arreciaron. Sólo en el mes
de julio hubo 34 acciones terroristas y cinco incursiones armadas a pequeños poblados. Para reforzar el trabajo
policial, Belaunde declaró el 20 de agosto el estado de emergencia en Lima y Callao. Pero las acciones senderistas
de tipo militar se sucedieron casi a diario. El 22 de agosto es atacado el puesto policial de Vilcashuamán,
donde resultan siete policías muertos tras cinco horas de combate. El 2 de septiembre, en un enfrentamiento
con la Guardia Republicana (GR), muere la dirigente senderista Edith Lagos, quien había fugado de la cárcel
de Ayacucho. Su entierro en Huamanga fue una manifestación multitudinaria.
Belaunde y algunos miembros de su Gobierno estaban seriamente preocupados tanto por las implicancias
políticas del ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de emergencia, que entonces se veía difícil de evitar,
como por los avances de la subversión. El Presidente se resistía a aprobar una campaña militar porque, según
su experiencia, había una relación causal entre la intervención militar contra las guerrillas de los años sesenta
y el golpe de las Fuerzas Armadas que lo derrocó en 1968. No le faltaba razón, porque los mismos militares
habían fundamentado aquella vez su decisión institucional de tomar el poder en la necesidad de prevenir,
mediante reformas, los levantamientos campesinos y las guerrillas marxistas. Esa visión de la situación seguía
vigente en las Fuerzas Armadas, como se pudo comprobar poco después, cuando el general Huamán Centeno
asumió el comando de la zona de emergencia. Según relato de un senador de la época, Belaunde, confrontado
por propios y extraños con la exigencia de que destacara las Fuerzas Armadas a Ayacucho, llegó a temer que
se tratara de una conspiración contra la democracia. Entre quienes apoyaban la solución militar, destacaba
Javier Alva Orlandini, secretario general de Acción Popular (AP). El primer ministro saliente, Manuel Ulloa
Elías, y el entrante, Federico Schwalb, también la apoyaban, mientras el influyente diario El Comercio publicaba
reiteradamente editoriales sobre el tema. 486 Gagliardi, desautorizado en su iniciativa de dialogar con los
líderes senderistas, insistió, sin embargo, en mejorar sustancialmente el rendimiento de los servicios de inteligencia
y equipar adecuadamente a la policía. En las declaraciones del general Luis Cisneros Vizquerra, se
mezclaban las advertencias a los políticos, a la sociedad civil y a los senderistas. «¿Antes que ingrese la Fuerza
Armada, no sería necesario que entre el país para que rechace no sólo de palabra sino de acción esta situación?»
(Gonzales 1983: 55). Advertía sobre la necesidad de que todos los grupos políticos se unieran en el rechazo
al terrorismo, pero no sólo de palabra, sino que acordasen un plan nacional para resolver los problemas
de la zona de emergencia, de forma que conquistasen el liderazgo político al mismo tiempo que se retomaba
el control militar. El carácter indiscriminado que tendría la represión militar haría más urgente y difícil conseguir
ese liderazgo democrático, y la ausencia de éste empeoraría las consecuencias de la intervención armada.
Se produjo, entonces, una confusión en la opinión pública que fue parte de ese momento de tragedia nacional.
Muchos confundieron con amenazas las terribles advertencias de Cisneros. Se le atribuyó malevolencia en vez
de considerar la gravedad de lo que decía. En esos días, Belaunde había tomado ya su decisión. 487 El 27 de
diciembre lanzó un ultimátum a los terroristas para que entregasen las armas. El día 31, una fuerza del Ejército
de alrededor de 2 mil soldados entró en acción en la zona de emergencia.
Los hechos del año 1982 dejan ver que la estrategia terrorista del PCP-SL sorprendió completamente al
gobierno de Belaunde y reveló las tensiones entre los sectores del Estado peruano. Ni el control militar del
orden interno en la zona en emergencia, previsto en la Constitución como la medida adecuada a una perturbación
grave, ni las capacidades militares existentes aseguraban una acción exitosa contra el PCP-SL; antes
bien, ponían las condiciones que el PCP-SL buscaba para pasar a una fase más avanzada de su guerra. Los
asaltos a instalaciones policiales, especialmente al Centro Penitenciario de Huamanga, no tuvieron como objetivo
tomar el control de un territorio, ni siquiera por un momento, sino sólo infligir daños a la fuerza local,
llevarse armas y eventualmente liberar prisioneros. Lo mismo vale para las incursiones armadas del PCP-SL
en poblaciones rurales. Los atentados dinamiteros, ataques a personas y especialmente a policías en el resto
486 Véase los editoriales de los días 25 de octubre 1980, 22 de agosto de 1982, 27 de septiembre de 1982, 06 de enero de 1983.
487 En el año 1982, la Secretaría de Defensa Nacional, organismo militar encargado de diseñar las estrategias nacionales, elaboró el
borrador de una directiva presidencial para las acciones contrasubversivas. Según este planteamiento, la intervención militar en la zona
de lucha contrasubversiva debía estar acompañada por otras acciones gubernamentales especiales y debía otorgarse máxima libertad de
acción a las Fuerzas Armadas. La directiva presidencial preparada por la SEDENA no fue firmada por Belaunde.
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