Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
del país, sobre todo en Lima, demostraban capacidad de acción puntual. Los subversivos abandonaban sin
problemas los lugares donde habían hecho presencia y dejaban a su suerte a los pobladores que, bajo amenaza,
en muchos casos los habían apoyado. En otras palabras, no buscaban el dominio militar. Ello se explica
porque el PCP-SL no se proponía garantizar ningún conjunto de derechos básicos, su poder consistía únicamente
en la acumulación de fuerzas para realizar su proyecto político de larguísimo plazo.
El objetivo militar clásico de establecer el dominio o el absoluto monopolio de la violencia en un determinado
territorio es derivado del objetivo político de establecer un estado de derecho, lo cual es una característica
esencial de los Estados modernos. Esto no interesó en ningún momento al PCP-SL. Su «justicia revolucionaria»
era sumamente autoritaria y arbitraria; respondía a la finalidad de demostrar el poder del partido. Ahora bien, el
sistema policial y penal del Estado no tenía suficiente presencia en las zonas donde el PCP-SL empezó sus actividades
y no pudo desarticular la organización clandestina, aunque sus acciones sólo producían más inestabilidad,
incertidumbre y pobreza para la población. Ello se explica porque la policía y el Poder Judicial sólo pueden
actuar allí donde están dadas ciertas condiciones sociales mínimas. Para que la policía pueda actuar, la sociedad
tiene que estar estructurada en cierto grado según derechos iguales para todas las personas y éstas tienen que
contar con el recurso a la policía y al Poder Judicial para reforzar esos derechos cuando sean desafiados. Éste es
un rasgo distintivo de una sociedad civil, el predominio de las relaciones de derecho igualitario. Por eso no hay
policía en una sociedad feudal, sólo milicias del gobernante. El PCP-SL logró, en 1982, destruir pronto los escasos
avances del estado de derecho en los Andes centrales y empezó a prosperar como un poder local pese a no
ofrecer ningún estado de derecho alternativo. En esto consistía la situación gravísima que afrontaba el Estado
peruano. Bajo los golpes de una agrupación terrorista, colapsaron las precarias estructuras jurídicas e institucionales
modernas en un amplio territorio del interior del país. No era el caso que una fuerza militar enemiga estuviera
imponiendo a la población una jurisdicción distinta, como en las provincias que Chile ocupó en la Guerra
del Pacífico. El PCP-SL no establecía ningún orden jurídico igualitario. Quienes estaban con el partido lo podían
todo y quienes estaban contra él no tenían derecho a nada.
¿Qué puede hacer un ejército para convertir a la población bajo su dominio en una sociedad civil? ¿Cómo
luchar contra los enemigos de los derechos civiles que se ocultan en un medio social donde el común de la gente
no conoce ni ejerce esos derechos? La decisión de encargar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en
la zona de emergencia se hizo sin claridad ni estudio sobre la especial dificultad de esta misión. Es obvio que no
se trataba de ocupar militarmente la zona. Las bases militares existentes en la zona antes de establecido el control
militar del orden interno nunca fueron atacadas por el PCP-SL, ni tampoco los transportes ni el personal
militar, por más que quedaran eventualmente en situación vulnerable. Tampoco se trataba de proteger o reinstaurar
un sistema policial, judicial e institucional desbordado por las acciones de una agrupación criminal pero
requerido por la población, porque ese sistema ya no funcionaba como tal, si alguna vez lo hizo. De tener escasa
presencia había pasado en un año a no tener ninguna y a limitarse a reprimir y perseguir las acciones del PCP-
SL. La misión real de las Fuerzas Armadas era mucho más extraña y difícil: era poner las condiciones para el
surgimiento de un estado de derecho allí donde no las había, es decir, posibilitar que se genere en la población la
conciencia de tener derechos básicos y de pertenecer a un Estado que los garantiza, y, para ello, eliminar a la
organización empeñada en destruir todo asomo de esa conciencia, el PCP-SL. Como se ve, las responsabilidades
encargadas a las Fuerzas Armadas en el momento en que el Presidente dispone que «asuman el control del orden
interno» son desmesuradas en comparación con sus prerrogativas (Degregori y Rivera 1993: 9-10). Poner las
condiciones para el imperio de la ley y para que pueda funcionar un sistema policial y judicial supone una acción
integral del Estado, no sólo conquistar por las armas el dominio territorial. Si este gran objetivo se encarga
exclusivamente a las Fuerzas Armadas, se entiende que ellas tienen que dirigir y organizar esa acción integral, la
cual incluirá desarrollo económico, educativo, institucional, normativo.
Belaunde tenía temores fundados sobre la tendencia a reconstruir el poder político de los militares que esta
decisión reanudaba. Que las Fuerzas Armadas fueran a promover el desarrollo económico, a educar y a dar
derechos a las personas era en ese momento tan falso como lo fue durante toda la década pasada. Iban a patrullar,
encañonar y disparar, iban a matar en nombre de la Patria, tal como lo había advertido Cisneros. Belaunde
asumió la responsabilidad de mantener la misión de las Fuerzas Armadas limitada estrictamente al
plano bélico, esperando así que no se repitiera la ilusión militarista de la década anterior. De hecho, el retraso
de las capacidades civiles, especialmente de los partidos políticos, podía atribuirse en ese momento a la misma
dictadura militar, la cual tuvo a Belaunde doce años desterrado. El movimiento Cooperación Popular
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