Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
En el frente Huallaga, este proceso había empezado 16 meses antes con la rendición de la base policial de
Uchiza ante columnas narcoterroristas y el ingreso del general EP Alberto Arciniega como jefe político militar
del frente. Las bases policiales fueron desactivadas y se instalaron numerosas bases militares. Quedaron policías
sólo en algunos puntos y en calidad de fuerzas auxiliares de las Fuerzas Armadas. Llegado Fujimori al
poder y alejado Arciniega de la zona, la red de informantes que había desarrollado antes la DIGIMIN fue integrada
al Servicio de Inteligencia del Ejército bajo control del SIN. Esto implicó que los oficiales G-2 y G-3 del
frente Huallaga (operaciones especiales e inteligencia) de pronto se convirtieron en enlaces entre el SIN y una
red de agentes encubiertos muy familiarizados con el narcotráfico. En esas circunstancias, era casi inevitable
para ellos verse implicados en operaciones de apoyo al narcotráfico.
Así se produjo en 1991 una situación paradójica. Mientras Fujimori negociaba intensamente con los Estados
Unidos para recibir ayuda militar y el Departamento de Estado insistía ante el Congreso norteamericano
en la necesidad de ayudar militarmente al Perú para «reducir el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos»,
Montesinos y Hermoza Ríos monopolizaban la presencia del Estado en el alto Huallaga, propiciando la corrupción
total del alto mando militar peruano y del personal destacado en dicha zona. Ese doble juego fue
eclipsado por otro peor, el golpe de Estado del 5 de abril. Así como los criminales avezados obligan a las personas
a colaborar con ellos en ciertos crímenes bajo la amenaza de hacerlas víctimas de crímenes aun peores,
así también obligó Fujimori a la comunidad internacional a sobrellevar el control directo del narcotráfico por
el SIN, bajo la amenaza de aniquilar irreversiblemente las débiles instituciones democráticas peruanas. Cuando
Fujimori entró en negociaciones sobre el retorno a un régimen constitucional, los observadores internacionales
se sintieron aliviados y muchos opositores políticos se aprestaron a aprovechar con entusiasmo el pequeño
espacio democrático recuperado. Así quedó establecido sin discusión pública nacional ni internacional
el control monopólico del SIN y las Fuerzas Armadas sobre la lucha contra el narcotráfico.
A más tardar en enero de 1992 se había reanudado en Uchiza el pago de cupos a las bases contrasubversivas
(BCS). Cada jefe de BCS recibía 2,000 dólares por cada vuelo que despegaba de la pista controlada por la
base. Otro tanto recibían el alcalde, el gobernador y el frente cocalero. Simultáneamente se pagaba también al
PCP-SL y a la base policial de Santa Lucía. En otras palabras, todos los actores de la zona que tenían capacidad
para afectar el narcotráfico recibían cupos regularmente. En la base militar, el cupo se repartía en forma
proporcional, cantidades mayores a los oficiales y menores a los subalternos. Una parte se reservaba para
alimentación, otra eventualmente para combustible y mejoras de las instalaciones. 626
Esta «financiación» se quiso justificar torpemente con el concepto de contrainteligencia, que permite usar
recursos y personal del enemigo para combatirlo. Es usual que esto lo practiquen los agentes infiltrados y los
agentes dobles para cumplir con su misión de espionaje, sabotaje o contrainteligencia, cuando están aislados
por haber penetrado profundamente en el campo enemigo. Entonces tiene que utilizar los medios del enemigo
contra el enemigo mismo. Pero en el caso de la financiación de las BCS del Huallaga, el efecto concreto es
que ellas resultaron instrumentalizadas por el narcotráfico.
De todas formas, hay que precisar que las bases sólo recibían cantidades menores de dinero. Los oficiales
pagaban para ser destinados allí y su mayor expectativa era recibir una parte proporcional del cupo que cada
vuelo pagaba a la base. La excepción fue un oficial que llegó a mercar directamente con la droga e hizo sus propios
embarques a Colombia. En resumen, en 1992, las Fuerzas Armadas y el SIN, únicos agentes del Estado responsables
de combatir el narcotráfico, permitieron que las mismas bases militares le prestaran servicios y facilidades,
en vez de combatirlo, a cambio de módicas sumas que permitían incrementar la presencia militar en la
zona. Así estuvieron dadas las condiciones para que el narcotráfico acumulara ganancias, invirtiera y se expandiera.
Jefe del frente Huallaga era en ese tiempo el general EP Ríos Araico, quien llegó a admitir, cuando fue
procesado por narcotráfico junto con la mayoría de sus oficiales, que el rancho y otros gastos semejantes se mejoraban
con esos dineros. Las pistas asociadas a bases llegaron a ser 18 y la más importante, la de Campanilla, fue
usada por unos 280 vuelos. Durante 1992, cuando el narcotráfico medraba, el Comando Conjunto y el SIN dejaron
hacer y pasar esas actividades, mientras su red de inteligencia los mantenía al tanto de esa expansión. 627
626 Véase el subcapítulo «Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción» en el tomo V de este Informe.
627 Véase el importante informe de inteligencia del agente SIE «Chanamé» en el subcapítulo «Narcotráfico, conflicto armado interno y
corrupción» en el tomo V.
TOMO II PÁGINA 242