Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
dos, especialmente Colombia, pues «Siberia» no era más que un conjunto de seguimientos e informaciones compartido
por Perú y Colombia que Montesinos se había apropiado deslealmente, mezclándolo además con información
tergiversada y falsa. La pérdida de control sobre sus propios medios por parte de Montesinos, puesta en
evidencia por el desenlace de la operación «Siberia», se convirtió en la catástrofe de su estructura de poder la
noche en que se propaló el «vladivideo» en que aparece el asesor sobornando a un congresista.
3.5. CONCLUSIONES
Las Fuerzas Armadas, en tanto fuerzas de seguridad legítimas del Estado peruano, tenían el deber de
enfrentar, por decisión de la autoridad civil, a los grupos subversivos que desafiaban el orden constitucional
de la República y vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este mandato
debía desarrollarse solamente a través del empleo de medios lícitos.
La autoridad civil, al asumir la decisión de encargar el combate contrasubversivo a las Fuerzas Armadas,
tenía, por su parte, el deber de diseñar una estrategia integral que no redujera las acciones a un
componente exclusivamente militar que necesariamente pondría en grave riesgo los derechos humanos
de la población civil.
La CVR ha encontrado que las Fuerzas Armadas, que asumieron la lucha contra la subversión por decisión
del gobierno constitucional mediante decreto supremo expedido el 29 de diciembre de 1982, lo
hicieron aplicando una estrategia que no distinguía entre miembros de las organizaciones subversivas
y población ajena a ellas, que no se ajustaba a criterios de respeto de los derechos humanos de la población,
y que no contaba con mecanismos para poner coto a abusos cometidos por los miembros de
la institución militar.
La CVR afirma, sobre la base de investigaciones imparciales y mediante el recojo y el análisis de información
directas, de índole testimonial, documental y forense, que se detalla en diversos volúmenes
del presente Informe, que, en ciertos lugares y períodos del conflicto, la actuación de los miembros de
Fuerzas Armadas involucró prácticas generalizadas y en algunos casos sistemáticas de violaciones de
los derechos humanos, lo que constituye crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, las tácticas
aplicadas en la medida en que eran indiscriminadas e ignoraban la distinción entre elementos hostiles
y pacíficos constituyeron también infracciones de las normas del derecho internacional humanitario,
aplicable a todo conflicto armado, cuyo respeto era obligatorio para el Estado peruano. Muchos mandos
militares que debían honrar el deber de utilizar apropiada y honorablemente las armas en defensa
de la seguridad e integridad nacional fallaron en este compromiso y, por el contrario, cometieron graves
delitos de acuerdo con el derecho nacional e internacional.
Estas acciones fueron cometidas bajo comando u obligado conocimiento de mandos de las Fuerzas
Armadas que actuaban en representación de sus instituciones, y que seguían doctrinas y estrategias
institucionales, mandos que, por tanto, han incurrido en responsabilidades funcionales, éticamente
condenables y, según los casos específicos, merecedoras de sanción penal. La CVR precisa, sin embargo,
que junto con la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas, existe también grave responsabilidad
en las autoridades políticas del Estado.
Estas conductas ocurrieron en un marco de impunidad garantizado por la abdicación de la autoridad
civil y del deber de investigar y sancionar el delito que corresponde al sistema judicial. La justicia militar,
sistemáticamente favorecida por fallos de la Corte Suprema en las contiendas de competencia
que surgieron, no se utilizó para que la institución castigara a los culpables, sino como un instrumento
para proteger a los perpetradores.
Al momento de su intervención en la lucha contra la subversión, las Fuerzas Armadas tenían preparación
y equipamiento para enfrentar un eventual conflicto convencional externo. Durante los primeros
años de su intervención (1983-1985), carecieron de un adecuado trabajo de inteligencia sobre la organización,
el perfil de los militantes y la estrategia del PCP-SL. Su objetivo fue terminar rápidamente el
conflicto, sin tomar en cuenta el costo en vidas humanas. Se plantearon recuperar el dominio territorial,
suponiendo que la población se dividía entre poblados leales al Estado peruano y poblados subversivos
o zonas rojas, sin advertir que estas últimas no eran homogéneas y contenían por lo general
sectores sobre los cuales el PCP-SL se imponía por la coacción.
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