Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
A pesar de las limitaciones en medio de las que debía realizar su trabajo, la DIRCOTE alcanzó una serie
de logros tempranos en la labor contrasubversiva. Esto se tradujo, especialmente, en capturas de
mandos medios y altos (sobre todo del MRTA). Sin embargo, su labor no estuvo ajena a la violación
de derechos humanos. Debido a prácticas institucionalizadas en el desempeño policial de la PIP, serán
frecuentes los casos de detenciones indebidas —costumbre de detener para investigar— así como de
malos tratos y torturas en interrogatorios.
Por entonces, el sistema de administración de justicia comportaba una serie de deficiencias que dificultaban
el trabajo policial contrasubversivo, fundamentalmente por la liberación de diversos subversivos
durante el proceso judicial o por beneficios carcelarios excesivos.
La creación de la Policía Nacional del Perú no representó en sí misma una reestructuración radical de
la estrategia contrasubversiva del Gobierno. Intentó disminuir los conflictos entre los institutos policiales,
pero no los eliminó inmediatamente. La formación de una unidad élite, como la DOES, fue un
proceso importante en la centralización de las acciones policiales contrasubversivas, pero implicó un
sesgo militarista en la institución.
El proceso creciente de violencia en el país, la abdicación sucesiva del poder político y, con ello, la militarización
de vastas zonas del país —que implicó un recorte de las funciones policiales— y de la respuesta
contrasubversiva contribuyeron también a acentuar la militarización de nuestra policía.
La aplicación del nuevo manual contrasubversivo del Ejército en las zonas de emergencia desde 1989,
redefinirá también el rol y acciones de los agentes policiales bajo su mando.
Ajena a estos cambios, la DIRCOTE seguirá el trabajo trazado en Lima, con una mejora sustancial en
sus recursos gracias al apoyo de agencias de seguridad de gobiernos extranjeros. A inicios de los noventa,
la DIRCOTE (luego DINCOTE y nuevamente DIRCOTE) sorprenderá al país con las capturas
sucesivas de los principales dirigentes de los grupos subversivos, especialmente con la de Abimael
Guzmán. Los logros de la DINCOTE no fueron parte de una estrategia o plan diseñados por el nuevo
gobierno o por las Fuerzas Armadas, sino más bien consecuencia de decisiones tomadas previamente
en un largo proceso de trabajo, el financiamiento y equipamiento oportuno y de la experiencia policial
e información acumulada en la materia.
Las capturas de los principales líderes subversivos durante 1992 constituyeron un aporte fundamental
para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo.
Sin embargo, estos grandes logros se vieron apañados en parte por un nuevo incremento de violaciones
de los derechos humanos, sobre todo al debido proceso, propiciado por un marco legal e institucional
autoritario y represivo. Esto conduciría a cientos de inocentes a prisión en muchos casos, entre otros factores,
debido a una deficiente actuación policial y del sistema de administración de justicia en general.
La instrumentalización política de la policía, presente en los ochenta, llegó a niveles alarmantes durante
la década de los noventa. Con el cambio de gobierno, se inició un giro hacia el afianzamiento del
poder militar, con la progresiva preeminencia del SIN. La Policía Nacional será sometida al control
militar desde el Ministerio del Interior y, en general, a los planes que el SIN incluía para ella. A finales
de la década, vemos a una Policía Nacional subordinada al poder militar, postergada en la agenda del
gobierno, disminuida en sus facultades y atravesada por la corrupción de las altas esferas del Estado.
3. LAS FUERZAS ARMADAS
Las decisiones políticas, estratégicas y operacionales relativas a la participación de las Fuerzas Armadas durante
la guerra contrasubversiva en el período 1980 a 2000 son el tema del presente estudio. Se trata de establecer cuáles
fueron los efectos e implicancias del empleo de las Fuerzas Armadas a lo largo del conflicto y de evaluar, por
períodos y casos, de acuerdo con el mandato de la CVR del Perú, si este empleo fue responsable y acertado o no.
Nuestro trabajo aspira a hacer patente hoy la enorme dificultad de las decisiones que tuvieron que tomar los
responsables de la defensa. No emplear la fuerza militar cuando el país se encuentra bajo ataque es una responsabilidad
muy grave, pero ordenar su empleo lo es también, porque la acción militar implica un estado de excepción
en el cual la población pierde la mayor parte de sus derechos y la violencia suele desbordarse.
Las decisiones sobre el empleo de la fuerza militar son especialmente graves cuando se trata de un conflicto
interno. Si los insurrectos —como en el caso del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL)—
TOMO II PÁGINA 169