Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
raba entonces que este nuevo concepto permitiría desactivar a los agentes perturbadores de la paz y el desarrollo
sin efectuar mayores intervenciones en las economías ni en los procesos políticos nacionales.
Sobre este trasfondo internacional puede entenderse mejor la situación del Estado peruano frente a la
subversión terrorista a inicios de los años ochenta. Cuando estalló la violencia terrorista, la política económica
del gobierno elegido (marcada por las personalidades liberales de Manuel Ulloa, Pedro Pablo Kuczynski y
Luis Pércovich, entre otros) estaba inscrita en la coyuntura política internacional y, por lo tanto, era contraria a
la concepción desarrollista y estatizadora de la década anterior. Sin embargo, la estrategia contrasubversiva
seguía siendo la misma, porque las Fuerzas Armadas no habían cambiado. El concepto de guerra de baja intensidad
—y bajísimo presupuesto— era todavía demasiado nuevo. Las Fuerzas Armadas peruanas carecían
de él por completo y percibían, además con recelo, que las nuevas tendencias implicaban el descrédito de su
ideología institucional, que era entonces todavía el militarismo reformista y desarrollista de izquierda del
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Cuando en 1984 el general Adrián Huamán Centeno, jefe
de las operaciones en Ayacucho, remite al gobierno de Belaunde una imperiosa demanda de inversión pública
masiva y reforma política y social en la zona de emergencia, estaba nadando contra la corriente. La ausencia
de apoyo internacional a grandes proyectos de desarrollo no varió en los años siguientes, arrastró también los
intentos desarrollistas y estatizadores de Alan García. Sólo después de ello, en 1988, las Fuerzas Armadas
peruanas adoptaron sistemáticamente la estrategia recomendada por los Estados Unidos y se prepararon para
librar una guerra de operaciones especiales, orientada a respetar los derechos humanos de la mayoría de la
población y a aislar socialmente a los subversivos a pesar de no hacer inversión pública ni reformas sociales.
Es necesario precisar un poco más la original combinación de política estatal y estrategia militar contenida
en el concepto de conflicto de baja intensidad. La administración Reagan llegó a convencerse de que sólo podía
apoyar a un gobierno que asumiera metas de justicia social y pudiera subsanar con auténtico liderazgo los
graves problemas de legitimidad que afectan a los Estados pobres. Este gobierno tendría que adoptar un riguroso
control del uso de la fuerza y al mismo tiempo enfrentar políticamente a los subversivos, movilizando
contra ellos la acción de todos los sectores del Estado. Las reformas que estarían más a su alcance serían las
reformas administrativas, para hacer más eficiente y barata la administración pública. Este gobierno no contaría
con más ayuda norteamericana que la imprescindible para la acción cívica, además de la preparación militar
de sus grupos de operaciones especiales. La acción cívica es una operación militar para ganar el favor de la
población en medio de las operaciones de combate. Las tropas ingresan a un poblado con buenas maneras y
ofrecen servicios básicos al momento, como atención médica o alimentación para los más necesitados, o hacen
obras rápidas de infraestructura local, como reparación de calles o caminos, eliminación de basurales o pantanos,
eventualmente construcción de una escuela o local comunal. La acción cívica es, a fin de cuentas, un tipo
de operativo psicosocial, está destinada a producir un efecto momentáneo de paz y progreso en medio de la
inseguridad y el desamparo de la guerra interna. Su efecto es tan limitado que sólo tiene sentido si se intercala
con los avances de combate. La doctrina del conflicto de baja intensidad deja bien claro que no se trata de
desarrollo económico, niega que la pobreza sea la causa principal de la subversión y que el desarrollo económico
acabe con los conflictos internos violentos. En palabras del Coronel Rod Paschall: «la historia indica claramente
que tales esfuerzos [de desarrollo económico] no son esenciales para el éxito. Las insurgencias han
sido debeladas muchas veces con la fuerza bruta represiva. Paradójicamente, un programa de desarrollo llevado
muy lejos puede afectar los frágiles hilos de la estabilidad social —como bien lo vio el Sha de Irán [...]
Además, el desarrollo económico, siendo ya bastante difícil de lograr en tiempos de paz, es extremadamente
difícil de conseguir en medio de una guerra de guerrillas» (Paschall 1986: 2-15). Por estas razones, los Estados
Unidos se negaron durante los años ochenta a prestar al Perú otra ayuda que no fuera la ayuda militar —
instrucción y entrenamiento— necesaria para adaptar la estrategia contrasubversiva peruana al concepto de
guerra de baja intensidad. Esa política norteamericana condicionó finalmente el proceso político peruano.
Hacia 1988, cuando el Perú estaba tocando fondo en la crisis social y económica del gobierno de Alan García y
la subversión estaba en su apogeo, se produjo el golpe de timón que enrumbó a la contrasubversión peruana
hacia una intensa estrategia de operaciones especiales.
Sin embargo, hay que admitir que la estrategia contrasubversiva contenida en la idea de conflicto de baja intensidad
era sólo un conjunto de recomendaciones cuya aplicación dependía de que se desarrollara una versión
local. El difícil camino de esta aplicación se ve en el conflicto interno de El Salvador durante esos mismos años.
A inicios de los ochenta, el Ejército salvadoreño enfrentaba a las guerrillas del frente Farabundo Martí de Libera-
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