Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
reportarse heridos, capturas o incautación de material subversivo, hablan de una enorme desproporción en el
campo. 494 La dificultad para obtener inteligencia sobre el PCP-SL y para estabilizar el control de las áreas rurales
provocó no sólo casos muy graves de excesos, sino también la aparición de centros de reclusión y tortura
clandestinos en algunas bases militares. Tristemente célebre es el estadio de Huanta, base principal de la Infantería
de Marina en esa provincia, el cual alojó temporalmente un centro de clandestino de reclusión donde
se practicó la desaparición y la tortura. Otros lugares de interrogatorio fueron la chanchería situada en las
inmediaciones del cuartel «Los Cabitos» de Huamanga y la llamada «casa rosada» en esta misma ciudad.
La situación de los derechos humanos se agravó porque el Comando Político Militar de la zona de emergencia,
dentro de su estrategia de aislamiento de la zona, prohibió el ingreso de la Cruz Roja, de las organizaciones
humanitarias y del periodismo en general, y se reservó el derecho de autorizar determinados reportajes
o entrevistas. Las pocas noticias que escapaban eran tomadas luego por ciertos sectores del público nacional e
internacional como indicadores de una situación fuera de control y al mismo tiempo desacreditas por las autoridades
del país. A los pocos meses de iniciado este bloqueo informativo se produjo la muerte de ocho periodistas
a manos de los comuneros de Uchuraccay, quienes los confundieron con subversivos. La prensa y los
políticos de oposición dieron al hecho de inmediato las interpretaciones más negativas, pues primaba la idea
de que habían sido asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas o por órdenes de éstas. Nada perjudicó
tanto la imagen del jefe del Comando Político Militar, general Clemente Noel Moral, como la ola de rechazo
que produjo este hecho. Ante la gravedad de la situación, el gobierno constituyó una comisión investigadora
presidida por el novelista Mario Vargas Llosa. El informe no fue creído por ese público de oposición para
quien los periodistas habían muerto como mártires de la lucha democrática contra la guerra sucia o, peor aun,
como víctimas directas de esos mismos métodos. Pero lo más grave de este episodio es que el informe de la
Comisión Uchuraccay no logró aclarar la naturaleza del conflicto ni alertar a la ciudadanía sobre los peligros
reales que amenazaban al país. La esfera oficial volvió a cerrar el tema y a apostar por una victoria rápida sin
importar los costos, sin mayor alteración de la agenda política y los planes económicos.
El general Clemente Noel fue denunciado públicamente por algunos medios de prensa como responsable
de la muerte de los periodistas y más tarde fue denunciado penalmente por parlamentarios de oposición. Él
respondió haciendo declaraciones en que se refería a esa prensa, a las organizaciones defensoras de los derechos
humanos y a esos políticos como colaboradores voluntarios o involuntarios del PCP-SL. Semejante fue la
reacción del presidente Belaunde al recibir una serie de cartas de Amnistía Internacional que denunciaban los
excesos de la lucha contrasubversiva y las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo. Su
expresión fue que él echaría las cartas «directamente al tacho de basura». 495
Mientras el oficialismo negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos o simplemente, en algunos
casos, restaba importancia a las denuncias, la oposición le daba al asunto la mayor relevancia política.
Esta desunión política del país fue el mayor obstáculo para que el esfuerzo de defensa interior fuera complementado,
como era urgente, por esfuerzos económicos, administrativos y políticos para incrementar la presencia
del Estado en la zona de emergencia. Los opositores de izquierda veían en la guerra contra el PCP-SL
una versión peruana de la «guerra sucia» argentina. Aunque la izquierda parlamentaria marcó ciertas distancias
con el PCP-SL, en muchas actividades políticas de izquierda se mantenía una posición ambigua con respecto
a la lucha armada, dando a entender que no se había renunciado a ella y que se comprendía perfectamente
el carácter violento que estaba adquiriendo el conflicto social. El hecho general fue que no hubo un
acuerdo nacional activo contra el PCP-SL.
Las posiciones políticas se polarizaron, pues, sobre este tema. Los altos mandos militares —que eran entonces
un actor político— interpretaban esta falta de apoyo unitario al esfuerzo de defensa como una debilidad
del nuevo sistema. Tanto el oficialismo como la oposición confundían al PCP-SL con un fenómeno más de
la Guerra Fría, una «guerrilla» nacional alentada por el comunismo internacional. Imperaba también la percepción
confusa de que todas las organizaciones de izquierda, incluido el PCP-SL, eran vástagos radicales del
494 «Yo les he contado a los señores Comisionados. Cuando recién llegado a la Presidencia, recibía yo unos informes cada mañana y al
leerlos veía que una patrulla había encontrado dos “terroristas comunistas” huyendo y habían sido abatidos. Mi primera preocupación
fue qué arma se capturó, qué circunstancia concreta de que hubieran sido “terroristas comunistas”, como se usaba entonces decir».
Declaración del ex presidente doctor Alan García Pérez. Sesión de Balance y perspectivas de la CVR. 12 de abril de 2002.
495 Las declaraciones son del día 18 de agosto de 1983. Desco. Resumen Semanal, VI, 230, 19-25 de agosto de 1983.
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