Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
contra el Congreso y contra los partidos políticos las demandas de libertad de acción prácticamente irrestricta
que planteaban las Fuerzas Armadas. Los decretos supremos y legislativos para apoyar la contrasubversión y
la pacificación fueron la principal arma para arrinconar al Congreso.
La técnica de Fujimori para desbordar al legislativo con iniciativas a favor de una contrasubversión sin
control democrático fue producir en serie decretos supremos y luego, con las facultades extraordinarias que
obtuvo del Congreso, decretos legislativos cuyo contenido era ilegal, inconstitucional o impropio de una democracia.
El primer decreto de este tipo rechazado por el legislativo fue el decreto supremo 171-90, el cual
dispone que los policías y miembros de la fuerza armada destacados en las zonas de emergencia prestan servicio
las veinticuatro horas del día, de forma que no importa la naturaleza de sus actos, éstos están siempre
sometidos al fuero privativo, con el añadido de que no se podrá revelar la identidad de dicho personal. El
Congreso anuló este decreto un mes después. La revancha de Fujimori fue no aprobar la ley que reglamenta el
recurso de amparo y el hábeas corpus, la cual fue devuelta al congreso el 28 de febrero. El gran error del Congreso
fue otorgar las facultades legislativas al ejecutivo (ley 25327, junio de 1991). En abril, el gabinete en pleno
se presentó ante el Congreso con excelentes modales, largas argumentaciones y discursos patrióticos para
solicitar dichas facultades. Lo que el Congreso no previó fue que, en los meses siguientes, Vladimiro Montesinos
sería el orquestador de la producción de 126 decretos leyes, entre los cuales había muchos, especialmente
entre los 35 referidos a la pacificación, que abandonaban la base constitucional y democrática del Estado y
ponían al Congreso en la alternativa entre permitir tal desfiguración del régimen político o enfrentarse al ejecutivo
en un debate en el que muy difícilmente recibiría apoyo popular.
La actividad terrorista del PCP-SL mantenía acosado al país mediante atentados y asesinatos en las ciudades
y masacres en las zonas rurales. Las Fuerzas Armadas aplicaban intensamente la estrategia de eliminación
selectiva, perpetrando ejecuciones extrajudiciales, matanzas, torturas y desapariciones. En julio fue presentado
en televisión por la periodista Cecilia Valenzuela un documento de las Fuerzas Armadas que
indicaba el uso de la estrategia de eliminación selectiva. El documento fue negado por el Comando Conjunto
en un comunicado. Hay entonces también denuncias de asesinatos cometidos por paramilitares. Ahora sabemos
que no fueron paramilitares, sino oficiales en actividad organizados en pelotones de operaciones especiales.
618 Las denuncias de violaciones de derechos humanos se acumulaban y eran difundidas por organismos
internacionales sin que ello causara efecto alguno sobre la marcha de las operaciones contrasubversivas. La
mayoría de la población no estaba dispuesta a arriesgar en defensa de principios éticos y legales el poco bienestar
particular que le quedaba. Pero el Congreso no claudicó ante el desafío que le presentaron los decretos
legislativos de Fujimori y Montesinos. Prefirió ponerse en curso de colisión con el ejecutivo, aunque ello fuera
precisamente lo que buscaban los golpistas para justificar una acción de fuerza contra el orden constitucional.
El Congreso tenía treinta días para revisar los decretos. En los pocos días que quedaban hasta el cierre de la
legislatura ordinaria el 15 de diciembre, derogó seis decretos, el 731 y 764, que postergaban la entrada en vigencia
del código procesal penal; el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de dinero, el encubrimiento del
narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema de Defensa Nacional.
Por la imprecisión de sus términos, estos decretos se prestaban a ser mal usados en desmedro de las libertades
democráticas. Pero fue la derogatoria del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que más escandalizó
al Ejecutivo, porque se trataba directamente de un instrumento central de la lucha contrasubversiva. El problema
señalado por el Legislativo era que esta ley dejaba al Servicio de Inteligencia fuera de todo control democrático.
En respuesta, el Presidente observó estas derogatorias y no las promulgó. Entonces el 7 de febrero la
Mesa Directiva del Congreso promulgó la ley 25399 que contenía las normas que derogaban esos decretos.
La respuesta inmediata de Fujimori fue hacer el último día del año numerosas observaciones a la Ley General
de Presupuesto para 1992, impidiendo así su promulgación en un momento en que el Congreso no podía
reunirse para resolver el impasse. Ello paralizó las actividades del sector público en los primeros días de
1992, pues no había marco normativo para la ejecución de gasto alguno. Entonces Fujimori convocó una legislatura
extraordinaria, con lo cual mantuvo emplazados a los congresistas. Sin embargo, el Congreso usó la
legislatura extraordinaria para hacer sólo modificaciones en una serie de decretos de pacificación que no resultaban
muy polémicos. Entre ellos, estuvo, empero, el 743, Ley del Sistema de Defensa Nacional, que era
618 Véase en este Informe el apéndice del apartado «La década del noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori» en el tomo III donde
se presenta la información recabada sobre el «Grupo Colina».
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