Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
ros años del conflicto las Fuerzas Armadas adoptaron estrategias que se apartaron del mandato dado por la
política de seguridad y defensa del gobierno elegido.
3.2. 1985-1988: INTENTO DE CONTROL CIVIL Y GENERALIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
La violencia disminuye en el Perú engañosamente en los años 1985 y 1986. El PCP-SL, golpeado por la contraofensiva
militar, se recompone y desplaza, activando células en otros departamentos. Las fuerzas del orden,
criticadas por el nuevo Presidente, reducen sus operaciones mientras el gobierno mantiene la pretensión de
ejercer sobre ellas control democrático. El sangriento desenlace del motín de los presos del PCP-SL en las cárceles
de Lima terminó con esas pretensiones y dio comienzo a un lento proceso de recuperación de la iniciativa
por parte de las Fuerzas Armadas, mientras se desvanecía el control del Gobierno sobre sus planes y operaciones.
Así las cosas, la creación del Ministerio de Defensa no tiene mayor efecto para mejorar el control
civil sobre las Fuerzas Armadas. La expansión del PCP-SL llega a su apogeo en 1988.
3.2.1. Intento de establecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas
En los primeros meses de su gobierno, el presidente Alan García, con discursos y medidas radicales, intentaba
disipar la atmósfera opresiva de la guerra interna y la recesión económica. Pero, desde el primer momento,
tuvo que asimilar condiciones muy duras, al mismo tiempo que proclamaba sus programas de cambios.
El 5 de junio de 1985, el saliente gobierno de Belaunde dio la ley 24150 que regula las atribuciones del Comando
Político Militar en una zona declarada en estado de emergencia y le otorga la «potestad de solicitar el
cese, nombramiento o traslado de las autoridades [...]» La misma ley —vigente a la fecha— establece la sujeción
exclusiva de «los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales [...] a la aplicación del Código de Justicia
Militar». Este legado del gobierno saliente, introducido por presión de las Fuerzas Armadas y sectores afines,
no fue rechazado por Alan García, quien aprovechó su luna de miel electoral para desviar la atención del tema y
no derogar dicha ley, aunque tenía mayoría absoluta en el Parlamento. La táctica política de los militares es, en
este caso, análoga a la que usaron para introducir las leyes del Sistema de Defensa Nacional, las que Belaunde
encontró recién promulgadas cuando asumió el poder en 1980. Con esta ley sobre los Comandos Políticos Militares,
se satisfacían en parte los reclamos de las Fuerzas Armadas, pero por la vía de la claudicación del Gobierno
a sus competencias y la entrega de competencias políticas y judiciales a las mismas. La ley 24150 no hace más
que conceder en parte lo que pedía el general Adrián Huamán o, más precisamente, oficializar como política del
Estado los cambios que implicaban las estrategias adoptadas de hecho en la zona de emergencia.
En su discurso ante las Naciones Unidas, el presidente Alan García expresó un rotundo rechazo a la «barbarie»
militar como forma de enfrentar a la subversión. Las Fuerzas Armadas redujeron las acciones contrasubversivas
para darle a entender al Presidente que no estaban dispuestas a luchar sin el amplio respaldo y
las prerrogativas que les corresponden. Parte del descontento en las filas de los militares provenía de la suspensión
parcial de la multimillonaria compra de aviones de guerra que se venía negociando con Francia desde
el gobierno anterior, lo cual no tenía nada que ver con la guerra contrasubversiva, sino directamente con
los planes y prioridades de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, García daba aparentes señales de disposición a apoyar soluciones políticas y sociales a la violencia,
como recibir en el Palacio de Gobierno a una delegación de la guerrilla salvadoreña Farabundo Martí de
Liberación Nacional (FMLN). Centroamérica se encontraba en un momento de equilibrio estratégico. La política
de Estados Unidos para América Central, en vista del desastre producido por la aplicación de estrategias todavía
muy parecidas a la de Vietnam, había empezado a girar hacia un nuevo concepto llamado «conflicto de baja
intensidad». Ello suponía restringir el uso de la fuerza a fin de no afectar a la mayoría de la población y preparar
una salida política. En Nicaragua, el gobierno sandinista combatía a una organización militar de derecha conformada
por antiguos miembros del sistema de seguridad de Somoza, los llamados «Contras». En El Salvador, el
gobierno enfrentaba una insurgencia revolucionaria liderada por el frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN). En Colombia, las guerrillas habían entrado en negociaciones con el presidente Belisario Betancur
y sus brazos legales se habían unido, conformando una sola fuerza política que adquirió de inmediato importancia
nacional. Eran, pues, momentos en que las salidas políticas a los conflictos violentos internos se hacían creíbles
en América Latina. Pero creer que eso podía aplicarse al conflicto peruano hubiera sido un grave error.
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