Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
contraterrorismo y la contrasubversión. El espionaje obtiene información clasificada «en violación de las leyes
que rigen en la zona o país donde se va a realizar». El sabotaje «tiende por cualquier medio a impedir, anular
o debilitar el potencial de Guerra de un adversario en los aspectos Político, Militar y Sicosocial en provecho de
nuestro esfuerzo de Guerra». 623 El contraespionaje y el contrasabotaje consisten en identificar y destruir las
redes de espías y saboteadores enemigos. Estos dos primeros tipos de operaciones especiales son ya bastante
preocupantes si se ejercen al interior del país a iniciativa y bajo responsabilidad exclusiva del Presidente de la
República y los institutos armados, es decir, sin control por parte del gabinete ni del congreso.
Si esto es ya preocupante, los dos tipos siguientes de operación especial son inadmisibles e indignantes. Según
el manual, una operación especial de terrorismo es «el uso calculado de la violencia o amenaza de violencia
para obtener objetivos, frecuentemente de naturaleza política o ideológica a través de la implementación del
terror o coacción. Es un acto criminal, algunas veces de naturaleza simbólica, dirigido a influenciar en cierta
cantidad de personas por medio de víctimas inmediatas». Ésta es una definición de terrorismo bastante precisa y
completa, semejante a la adoptada por las Naciones Unidas, pero con la enorme diferencia de que aquí no se usa
para definir un crimen abominable, sino un tipo de operación especial de inteligencia militar. Así también, sorprende
que se hable de subversión en este contexto, aunque ya hemos encontrado en los manuales norteamericanos
de la época Reagan la iniciación o el refuerzo de movimientos de insurgencia armada como un recurso de
la guerra de baja intensidad. (Por «contraterrorismo» se entiende en este manual la detección, identificación y
neutralización de redes terroristas por medios subrepticios. La «contrasubversión» se define de manera análoga).
En todo el texto, se menciona sólo una vez, y de pasada, que las OEI de espionaje, sabotaje y terrorismo no
suelen ejecutarse dentro del propio país, bajo el título «14. Empleo de las OEI y OECI»: «f. Cuando se tenga que
realizar en otro país, espionaje, sabotaje, terrorismo, etc.». 624 Esta frase indica las circunstancias en que se tienen
que realizar OEI violatorias de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Significa que el
Perú se reserva el derecho a cometer tales actos en otros países y mantener personal entrenado para ello. Que se
asuma que las OEI del Ejército peruano pueden incluir actos de terrorismo, sea en otro país o en el propio, es
moralmente inadmisible y políticamente contrario a la democracia y a la paz mundial. Habiendo visto, sin embargo,
el escaso y en ocasiones nulo respeto a los derechos humanos en las operaciones contrasubversivas, y
además el régimen de terror que establecieron Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos al interior de las Fuerzas
Armadas, no podemos negar que es altamente probable que durante este régimen se hayan planeado y consumado
al interior del país operaciones especiales de inteligencia del tercer tipo, es decir, de terrorismo. Las amenazas
contra los generales disidentes y sus familias, el asesinato y descuartizamiento de la agente del SIN Barreto
y la tortura a la agente Leonor La Rosa hacen ver de lo que eran capaces los comandos de operaciones
especiales del Ejército que actuaban a las órdenes de Montesinos.
A esta esfera de acción podemos atribuir también la operación «Mudanza Uno», un traslado de presos en
los pabellones senderistas del penal de Canto Grande iniciado el 9 de marzo de 1992, durante el cual murieron
35 reclusos acusados de terrorismo. Siendo una operación policial, incluyó fuerzas especiales encubiertas que
eliminaron selectivamente a miembros del Comité Central senderistas a lo largo del operativo. El secreto mantenido
y el manejo de prensa, característicos de la nueva manera de operar, permitieron que esta matanza de
reclusos no fuese identificada como tal por el público peruano ni por los observadores internacionales. El
asesinato de reclusos y de agentes del servicio de inteligencia del Ejército, así como las operaciones para aterrorizar
a los oficiales disidentes, fueron mantenidos en secreto. Otras acciones violentas, en cambio, como la
matanza de Barrios Altos, fueron dejadas adrede a la luz pública.
Por lo menos desde la masacre de Barrios Altos, si no antes, es evidente que la camarilla presidencialmilitar
del gobierno desarrolló una serie de actividades de violación premeditada y sistemática de los derechos
humanos con el propósito de radicalizar a sus partidarios y obligarlos a defender posturas que implicaran
la ausencia total de control democrático sobre la contrasubversión. Estas OEI tenían como meta producir
un efecto aterrorizante sobre todos los opositores al régimen (no especialmente sobre los terroristas) y un efecto
unificador y fijador de las bases y escaños fujimoristas. Apoyar a su régimen elegido y garante de ciertas
condiciones mínimas de bienestar implicaba entonces para los fujimoristas participar del encubrimiento de
formas crueles e inhumanas de combatir a la subversión o convalidarlas abiertamente, con el propósito de
623 Ibídem, p. 10.
624 Ibídem, p. 16.
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