Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
Es cierto que al momento de la primera captura de varios de los subversivos después liberados, el conocimiento
de la estructura de las organizaciones subversivas y la posición exacta o rol que en ella jugaban los
detenidos, especialmente en el caso del PCP-SL, no eran lo suficientemente profundos. Esto se iría revirtiendo
con el paso de los años gracias al proceso de aprendizaje iniciado por detectives de la DIRCOTE. Sin embargo,
estos conocimientos no se trasladaron adecuadamente a otras instancias del sistema de administración de
justicia por la ausencia de canales institucionalizados para ello y experiencias previas. Pero, sobre todo, por
los problemas de coordinación existentes; en realidad, por la existencia de relaciones sumamente tensas, conflictivas
y de mutuo desprecio, sobre todo con los fiscales. Como bien precisa De la Jara,
Durante años fue evidente la falta de coordinación entre la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las
autoridades penitenciarias, cuando era obvio que había que coordinar [...] había que coordinar en el «buen sentido»,
es decir, para compartir información y análisis, para intentar construir criterios comunes y hasta para elaborar
de manera conjunta una especie de plantilla de posibles pruebas de acuerdo a la naturaleza del delito. Sin
embargo, había que hacerlo respetando siempre las funciones que de manera autónoma debía cumplir obligatoriamente
cada institución según las atribuciones y limitaciones impuestas por la ley (De la Jara 2001: 52).
El principal problema relacionado con la labor policial para la administración de justicia consistía en la actuación
de pruebas en la etapa de investigación prejudicial. 368 Una situación, ya tensa, se empezó a agravar con
la aprobación de la ley 24700 en 1987, que señaló al Ministerio Público como responsable de dirigir investigaciones
prejudiciales sólo para casos de terrorismo. Hasta la derogación de dicha ley en 1989, la relación entre las
Fuerzas Policiales y los fiscales se deterioraría aun más; incluso estos últimos llegaron a acusar a los policías de
intentar sabotear sus investigaciones (Embajada de Estados Unidos 1988). Añadamos a ello las relaciones tensas
entre institutos policiales, con las Fuerzas Armadas, los problemas en las cárceles y la ausencia de respuestas
adecuadas de la clase política hacia el problema, para contar con una idea más cabal de las circunstancias. Mientras
tanto, la sensación de ingobernabilidad y el terror se iban extendiendo en nuestro país.
2.3.9. El ataque al puesto policial de Uchiza 369
El hecho que cierra este período es el ataque al puesto policial de Uchiza. Éste marcó un hito en la historia del
proceso de violencia al inaugurar un nuevo frente de acción para las Fuerzas Armadas. Los ubicó en un escenario
complejo marcado por el fenómeno del narcotráfico, donde morirán varios cientos, si no miles, de peruanos
los siguientes años.
El 27 de marzo de 1989, Uchiza —una pequeña ciudad en el centro de una zona cocalera en San Martín—
fue el escenario de uno de los mayores ataques del PCP-SL en el área. El puesto policial de la ciudad contaba
con un contingente de 57 hombres: 35 hombres de la DOES, 15 policías de seguridad (ex GR) y siete policías
básicos (GC) locales. El día del ataque, mientras un grupo custodiaba al perímetro del local, otros 18 se encontraban
de retén, una suerte de vela de armas a la espera de cualquier emergencia para actuar rápidamente.
Los otros 18 se encontraban de franco (estaban jugando un partido de fulbito muy cerca al puesto).
El ataque se inició a las cinco de la tarde con la detonación de un artefacto explosivo en una calle aledaña
al puesto y el ataque de francotiradores. Luego de la sorpresa inicial, los policías trataron de reaccionar ante
los subversivos. Éstos sobrepasaban el centenar y, gracias a sus vínculos con el narcotráfico, estaban muy bien
equipados, pues contaban con armas de guerra y reflectores portátiles de luz de día que les permitieron luchar
sin problemas a medida que fue oscureciendo. 370 El mayor del puesto solicitó ayuda a otras bases como la
de Santa Lucía, a una hora de camino o cinco minutos de vuelo. 371 Los policías de Santa Lucía respondieron
que no podían salir a auxiliarlos, porque no recibían órdenes de Lima. 372 El mayor se comunicó también con el
ministro del Interior Armando Villanueva, quien le dijo que de todas maneras le iban a enviar ayuda y ordenó
que resistiera. Hubo comunicación con las bases de Tocache y Tingo María, que tampoco acudieron al auxilio
368 Como veremos luego, éste fue el momento y el motivo de una serie de violaciones recurrentes a los derechos humanos perpetradas
por policías
369 Para un detalle mayor sobre el ataque, véase el estudio de caso sobre Uchiza. Asimismo, véase el sucapítulo 23, «Narcotráfico, conflicto
armado interno y corrupción», del tomo V.
370 Caretas, 1051, 3 de abril de 1989.
371 Aquí estaban los helicópteros de la DEA destinados a las operaciones antidrogas.
372 Caretas, 1051, 3 de abril de 1989.
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