Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
La conciencia de los problemas nacionales contenidos en las relaciones cívico-militares surgió, como ya lo
hemos visto, durante el debate interno del gobierno de Belaunde sobre si emplear o no a las Fuerzas Armadas
en la lucha contra el PCP-SL. Ahora encontramos en el primer gabinete de Alan García un claro propósito de
incrementar el control civil sobre la seguridad y la defensa. Dentro de ese común propósito, se distinguen, sin
embargo dos tendencias: una más programática y política, liderada por el ministro del Interior Abel Salinas; y
otra más pragmática, personificada en el viceministro del Interior Agustín Mantilla, dirigida a hacer de la
policía una fuerza leal al Presidente para contrabalancear el peso de las Fuerzas Armadas. En general, se tenía
el diagnóstico de que una mejor coordinación de todas las acciones contrasubversivas, sumada al esperado
crecimiento económico, dejaría sin espacio de acción a los subversivos. Los constantes conflictos entre las tres
instituciones policiales (GC, GR y PIP) y el aumento de los delitos comunes hacían urgentes los cambios en la
policía. Estos objetivos inmediatos, más el objetivo político de dificultar un posible golpe militar mediante el
liderazgo del gobierno sobre la policía, opacaron a la tarea de fondo que debió haber sido reencauzar la lucha
contra el terrorismo dentro del sistema policial y penal.
Alan García multiplicó las zonas del país bajo control de Comandos Político-Militares. Eso implicaba
que la policía quedara en esas zonas bajo la autoridad militar, como fuerza auxiliar, y que la supresión de
las garantías constitucionales hiciera perder sentido al trabajo policial propiamente dicho. La política declarada
de García y de Salinas era elevar la exigencia de respeto a los derechos humanos en la lucha contra la
subversión. Pero, ante el motín de los penales organizado por el PCP-SL, Alan García ordenó emplear la
fuerza armada para recuperar el control de los penales en el más breve tiempo posible y a cualquier precio.
En ese tiempo también se trabajó para crear el Ministerio de Defensa. Pero Alan García y su mayoría parlamentaria
mantuvieron acalladas las consecuencias constitucionales que debía tener este cambio. Al crear
el nuevo ministerio, el Presidente no admitió recorte alguno de la autoridad directa que le reconocían las
Fuerzas Armadas como Jefe de Estado ni redujo en nada el poder efectivo del Comando Conjunto. Antes
bien se entregó a la ilusión —o a la farsa— de estar captando las voluntades de los altos mandos mediante
el trato personal. De todo esto resultó un Ministro de Defensa cuya función se limita a facilitar las relaciones
entre el Comando Conjunto y el Consejo de Ministros. Aunque la ley del Sistema de Defensa Nacional
fue modificada para dar al Consejo de Ministros la autoridad directa en estas materias, ello no alcanzó para
cambiar el modelo de relaciones civil-militares establecido por el gobierno militar en 1979.
El impulso inicial de Alan García duró ocho meses, hasta su final abrupto en la matanza de los penales. En
1987, cuando se aprobó la ley del Ministerio de Defensa, este proyecto ya no tenía el significado inicial. Nació
por inercia y el primer ministro fue un militar en retiro. Durante los cuatro años restantes de su gobierno, García
se dedicó a convalidar lo que hicieran las Fuerzas Armadas, aceptando incluso papeles confusos y menores con
tal de aparentar iniciativa. La hiperinflación, el apogeo del terrorismo del PCP-SL en 1988 y la total fragmentación
política del país provocada por el intento de privatizar la banca, dejaron a García sin liderazgo.
3.2.2. El motín del PCP-SL en las cárceles 503
El 18 de junio de 1986, estando reunida en Lima la Internacional Socialista, los reclusos del PCP-SL protagonizan
en las cárceles un motín armado. Las Fuerzas Armadas reciben del Presidente de la República, y con acuerdo del
Consejo de Ministros, la orden de tomar el control de los penales. En Lurigancho, el Ejército rodea las instalaciones
amotinadas, abre boquetes y pone las condiciones para el asalto. Pero es la GR, formalmente bajo las órdenes
del Ministerio del Interior, pero en el marco de una operación comandada por un general del Ejército, la que
ingresa, se enfrenta a los elementos armados del PCP-SL y ejecuta extrajudicialmente a los internos que no habían
muerto en el combate. El 19, en la isla penal de El Frontón, un fuerte destacamento de guardias republicanos
se preparaba desde primera hora a intervenir, luego llegó el viceministro del Interior Agustín Mantilla, luego se
retiraron tanto la GR como Mantilla y se dio órdenes a la Marina de Guerra para que rodeara la isla y abriera los
boquetes. Toda la operación quedó a cargo de la Marina hasta las últimas consecuencias.
Está claro que, en ambos casos, no se dio a conocer inteligencia previa ni análisis militar alguno que fundamentara
la necesidad de acabar con el motín en unas pocas horas y con tales costos en vidas humanas. Como
antecedentes, debe considerarse que los pabellones ocupados por los senderistas en las cárceles estaban
bajo control de ellos desde mucho tiempo antes, es decir, desde el gobierno anterior, y existía además la fun-
503 Para mayor información, véase en este Informe el apartado sobre las Fuerzas Policiales.
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