Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
triotismo con que las Fuerzas Armadas han enfrentado a enemigos tanto en el frente interno como en el externo.
Las Fuerzas Armadas (respetuosas de la libertad de prensa) expresan su más enérgico rechazo a la tendenciosa y
malintencionada campaña implementada por el ciudadano Baruch Ivcher Bronstein ya que ésta desnaturaliza el
respeto a las libertades de expresión al pretender distanciar a las instituciones tutelares del pueblo peruano que
es en última instancia, nuestra razón de ser.
El canal de televisión cuyo accionista mayoritario era Ivcher había dejado de apoyar al régimen y publicado
graves denuncias contra él (como los ingresos de Montesinos, el caso sobre Leonor La Rosa, etc.), después
de haberlo apoyado fielmente durante años. Ivcher había estado vinculado a las Fuerzas Armadas
también por una serie de contratos como proveedor. Sin que nadie pudiera saber a qué se referían exactamente
los generales al hablar de una «tendenciosa y malintencionada campaña», Ivcher se había convertido
en el primer peruano merecedor de un comunicado de las Fuerzas Armadas sobre su comportamiento personal,
sin que mediara denuncia penal ni juicio alguno. Para completar el amedrentamiento, el 28 de mayo
el Ministerio del Interior publicó el Reglamento de la Ley de Nacionalidad que regula los requisitos para la
obtención y pérdida de la nacionalidad peruana por parte de ciudadanos extranjeros, en cuyo artículo 12 se
señala como una de las causales para que el Estado peruano cancele la nacionalidad otorgada a los ciudadanos
extranjeros «cometer actos que pudieran afectar la Seguridad Nacional y el interés del Estado, previo
informe de los organismos competentes». Si Ivcher perdía la nacionalidad, perdía también el control del
canal, pues no está permitido a extranjeros regir canales de televisión en el Perú.
La respuesta de la mayoría de los diarios, radios y televisoras fue indignada y directa. Las Fuerzas Armadas
estaban amenazando la libertad de prensa. Fujimori y su primer ministro, Alberto Pandolfi, tuvieron
que dar la cara por los militares. Pandolfi y otros ministros tuvieron que responder a las preguntas del congreso.
Al mencionar que en el fondo del asunto habría una cuestión de seguridad nacional, Pandolfi dio a
entender que, para presentar esa cuestión al Congreso, correspondía hacer una sesión secreta con miembros
de las Fuerzas Armadas. Rectificado por la oposición, admitió que quien debía concurrir al Congreso era el
Ministro de Defensa. Pero, llegada la hora de la sesión, sucedió lo inaudito: se presentó el ministro de Defensa,
general EP César Saucedo Sánchez, y con él los comandantes generales del Ejército, Nicolás Hermoza
Ríos; de la Marina, Antonio Ibárcena Amico; y de la Fuerza Aérea, Elesvan Bello Vásquez; y 36 militares
más, la plana mayor entera de las Fuerzas Armadas. Sucedió luego que, durante la sesión secreta, el congresista
Javier Diez Canseco (IU) sostuvo una entrevista telefónica con el conductor del programa En Persona,
César Hildebrandt. Al enterarse de la comunicación que en ese momento sostenían Diez Canseco y Hildebrandt,
la Mesa Directiva suspendió de inmediato la sesión por falta de garantías. Los altos mandos
militares se retiraron indignados y Diez Canseco fue suspendido mediante proceso disciplinario del Congreso.
Nunca se supo cuáles fueron las actividades de Ivcher que los militares consideraron lesivas a la
seguridad nacional. El único civil a quien le fueron presentadas fue Francisco Tudela, Ministro de Relaciones
Exteriores, en sesión secreta con el Comando Conjunto en el Cuartel General del Ejército.
La expoliación se puso en marcha unos días después. El general Fernando Dianderas, director de la PNP,
anunció, en una conferencia de prensa, irregularidades en la nacionalización de Ivcher. Poco después se publicó
una resolución de la Dirección de Migraciones que dejaba sin efecto la nacionalidad peruana de Ivcher, por no
haber él acreditado en su momento la renuncia a la nacionalidad israelita. Este argumento era ilegal y la resolución
hubiera sido fácilmente impugnable si hubiera habido un Poder Judicial independiente. Perdida la nacionalidad,
perdió Ivcher en los meses siguientes el control del canal y éste quedó en manos de los accionistas minoritarios,
los hermanos Winter, quienes lo pusieron completamente al servicio de la línea del Gobierno.
En vez de resultar una ganancia para la imagen del Gobierno, esta operación reveló la peligrosidad de su vocación
autoritaria y antidemocrática y causó inseguridad en el empresariado y hasta en los medios de prensa
conservadores. Al quitarle la libertad de expresión y luego la ciudadanía y la propiedad a Ivcher, el régimen se
mostró capaz de atentar contra los principios más elementales de la sociedad moderna. Lo que había empezado
años atrás como la abolición de los derechos laborales y sociales, para luego convertirse en la mutilación de las
garantías jurídicas y políticas, terminaba ahora en un ataque a la propiedad privada y la libertad individual. Es
notorio que el caso Ivcher surgió por iniciativa de la cúpula militar, en particular de Hermoza Ríos. Montesinos se
las ingenió para hacerle pagar a Hermoza Ríos la cuenta de estos perjuicios políticos, lo cual no era muy difícil,
porque Hermoza Ríos era simple y previsible en todas sus acciones. Durante el año siguiente y hasta su destitución
en agosto de 1998, no tomó ninguna iniciativa pública.
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