Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
Fujimori se hizo presente en el teatro de operaciones más para sacar provecho político que para apoyar
el esfuerzo de guerra. Señaló el puesto de Tiwinza como un objetivo militar decisivo y declaró sorpresivamente,
en medio de los combates, que las fuerzas peruanas habían desalojado de allí a las fuerza ecuatorianas
y que, en vista de esta victoria, él había decidido un cese unilateral del fuego a partir del mediodía del
martes 14 de febrero. En los hechos, Tiwinza no había quedado bajo control militar peruano. A la hora de la
orden del cese de fuego, fuerzas de avanzada peruanas quedaron en posiciones desventajosas y con las
líneas de aprovisionamiento cortadas. El general Luis Pérez Documet, jefe de los comandos que soportaron
lo peor del conflicto, fue promovido después a Jefe de la Sexta Región Militar, una nueva región creada
expresamente para esa zona. Los pasos diplomáticos del mes de marzo, bastante favorables a la paz, más
las elecciones presidenciales de abril, terminaron de distraer la atención de lo que había pasado realmente
en Tiwinza. La mentira de Fujimori se convirtió en una firme convicción de quienes habían arriesgado sus
vidas en ese conflicto, tan firme como su decisión de volver a arriesgarla contra quienes dijeran lo contrario.
Así, mezclando el honor de las Fuerzas Armadas con una falsedad inaceptable para la ciudadanía consciente,
Fujimori mantenía a las Fuerzas Armadas sometidas a su voluntad y fomentaba en ellas, y en los fujimoristas,
un odio falsamente patriótico contra los críticos democráticos del régimen.
Esta aclaración no implica negar en ningún punto el alto valor que tiene para ambos países el tratado de
paz que ahora los une. El kilómetro cuadrado que el tratado otorga en propiedad sin soberanía al Ecuador en
la zona de Tiwinza es un justo memorial a los ecuatorianos que allí lucharon y murieron y es, al mismo tiempo,
una prueba de que los combates se dieron en suelo peruano y de que el Perú actuó en legítima defensa.
Es innegable el efecto del conflicto sobre los resultados de las elecciones presidenciales. El candidato
opositor, Javier Pérez de Cuéllar, se abstuvo de atacar al Presidente, pues el Perú atravesaba un conflicto
armado y era imperioso mantener unida la voluntad nacional. Los temas de violación de los derechos
humanos, aquellos que producían directamente una descalificación de Fujimori en el ámbito internacional,
no podían ser usados por el candidato opositor. Fujimori, en cambio, lució sin escrúpulos su prestigio de
líder militar e hizo su campaña con eso, no con planteamientos políticos. Fue una situación semejante a la
del golpe de Estado. En vista de que el país se estaba enfrentando a un grave peligro, el de una guerra generalizada
con el Ecuador, la mayoría de la población optó por apoyar al régimen que estaba dirigiendo el
esfuerzo de defensa, a fin de no debilitar al país. Como es sabido, en situaciones de emergencia la población
se inclina a apoyar propuestas continuistas y no polarizadoras.
Meses antes del conflicto, en septiembre de 1994, el general Howard Rodíguez, jefe de la Primer Región
Militar, había sido sorprendido por periodistas repartiendo manualmente propaganda electoral impresa de
Fujimori. Lo acompañaban numerosos oficiales y personal de tropa, en una especie de operativo militar de
acción cívica en apoyo a la campaña electoral de Fujimori. Tales acciones de proselitismo oficialista a cargo de
las Fuerzas Armadas habían sido detectadas en muchas partes antes de que esta acción particular fuese revelada.
Ésta sí causó escándalo, pero la justicia militar sólo halló responsabilidad en oficiales de baja gradación.
Fujimori abusó grotescamente de su popularidad renovada por su reelección y por el desenlace pacífico
del conflicto del Cenepa. El Congreso aprobó en junio de 1985 una ley de amnistía general que eliminaba las
sentencias condenatorias y procesos por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo y al mismo
tiempo anulaba las condenas por el intento de golpe militar contra Fujimori del 13 de noviembre de 1992 y las
más recientes por ultraje a la Nación y a las Fuerzas Armadas. Esta amnistía echaba por los suelos la justicia y
era especialmente confusionista y ofensiva. Dejaba impunes y libres, con pleno derecho a continuar en la carrera
militar, a los más avezados violadores de los derechos humanos, como los autores de las matanzas de La
Cantuta y Barrios Altos. Pero, además, igualaba con ellos a los militares disidentes, los que habían sido calumniados
e injustamente perseguidos por los tribunales militares manejados por el régimen.
El conflicto con el Ecuador dio a la camarilla presidencial-militar liderada por Fujimori, Montesinos y Hermoza
Ríos la ocasión para emprender nuevas adquisiciones de armamento y, de paso, cometer desfalcos y desvíos
de dineros públicos hacia actividades ilícitas. Estos robos al Estado, perpetrados mediante la recepción de
sobornos para aceptar contratos desventajosos y la sobrevaloración de material bélico, son de una magnitud
nunca antes vista en la historia del Perú. Cabe destacar que los desfalcos fueron realizados usando parte importante
de la infraestructura de inteligencia desarrollada para tomar el control del narcotráfico en los años anteriores.
El dinero negro, antes proveniente sólo del narcotráfico y ahora también de los desfalcos al Estado, se con-
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