Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
gunos de sus miembros involucrados. En lugar de que la situación fuera enfrentada luego de la matanza de
1986, ésta empeoró. A la par que la crisis económica del país se agudizaba, aumentaba el número de detenidos
acusados por terrorismo 262 y la ineficiencia del sistema de administración de justicia. 263
2.3. EL DESPLIEGUE NACIONAL DE LA VIOLENCIA (18/19 DE JUNIO DE 1986-27 DE MARZO DE 1989)
2.3.1. Otras medidas dadas desde el Ministerio del Interior
Como hemos precisado, la decisión de emprender la reorganización de las Fuerzas Policiales no constituyó parte
de una nueva estrategia de lucha contrasubversiva. Cabe resaltar que, en términos generales, la subversión no
era sentida aún como un problema principal ni en la opinión pública limeña, centro del poder, ni tampoco fue
establecida como una de las prioridades para atender desde el Gobierno. Dentro de una visión aún incompleta y
sesgada acerca del carácter del fenómeno subversivo, el Gobierno privilegió otro tipo de medidas más bien generales,
bajo el supuesto de que los resultados de las mismas darían sus frutos rápidamente. 264
Presionado especialmente por la ola de secuestros en aumento, así como el deber de llevar adelante la reorganización
de las Fuerzas Policiales, el Ministerio del Interior decidió priorizar la resolución de los problemas
más sentidos por la opinión pública, eminentemente limeña en ese momento: la delincuencia común y los
secuestros y, en segundo lugar, la política antidrogas. 265
En esta primera etapa, la acción de Interior con respecto a lucha contrasubversiva priorizó el equipamiento
de las unidades de combate de las Fuerzas Policiales ydescuidó el fortalecimiento de sus órganos de inteligencia.
Se tendería al fortalecimiento de las ramas y órganos operativos policiales de interés, a partir de una
política de equipamiento y armamento. El Ministerio del Interior no tuvo, en ese momento y durante buena
parte del gobierno, un trato directo con los ministerios militares para coordinar planes conjuntos para la lucha
contrasubversiva, especialmente para las zonas de emergencia, pues hasta entonces el fenómeno se percibía
como localizado. Estos problemas se agravaron cuando, en 1986, el Ministerio del Interior procedió a la compra
de armamento para las Fuerzas Policiales. 266
Estos primeros meses en el gobierno, permitieron que el Viceministro del Interior se acercara a las unidades
policiales y observara las condiciones en las que trabajaban. Pronto descubrieron la labor que con dificultades
venía realizando la DIRCOTE. Mantilla decide continuar con el equipo de trabajo tal como estaba, sin
ordenar cambios como en otras unidades. Para él fue claro que ellos eran «los que tenían la experiencia en ese
momento». 267 Él se dispuso, entonces, a apoyarlos. Le planteó a Reyes, su director, que escogiera lo mejor de
su institución (PIP) para que esos miembros fuesen trasladados a la DIRCOTE. Precisa, asimismo, que se trató
de ayudarlos económicamente en ese momento; pero «no había dinero, no habíamos encontrado, la caja estaba
en muy mala situación». 268 Ya habían definido otras prioridades.
Sin embargo, especialmente a partir de 1986, la agenda del sector cambiaría de rumbo. El incremento de
atentados dinamiteros y asesinatos del PCP-SL, así como de las acciones del MRTA en la ciudad de Lima, dieron
pronto una señal de alerta al gobierno con respecto a la expansión de la violencia. En ese año, se decretó el estado
de emergencia y el toque de queda en Lima Metropolitana y se dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el
control del orden interno mientras durara la suspensión de garantías constitucionales. La sensación de pérdida
262 Para mayores detalles, véase el subcapítulo sobre el PCP-SL en este tomo.
263 Véase más abajo «Fuerzas Policiales y administración de justicia».
264 Para mayores detalles al respecto, véase el subcapítulo sobre el PAP.
265 CVR. Entrevista. 24 de octubre de 2002. Mantilla.
266 Mantilla refiere que, cuando llegaron al Ministerio, encontraron que la Guardia Republicana tenía siete mil fusiles HK, que se habían
comprado durante el gobierno militar. La GC, que era la otra institución policial que contaba con una unidad que estaba en el campo,
tenía mil fusiles argentinos, que les había proporcionado el Ejército. «El resto era armamento de segunda, usable, pero psicológicamente
la policía no quería saber nada con la MGP de la Marina de Guerra, con la MK3 de Argentina que había comprado, que era un armatoste.
¡Claro! Disparaba, pero cuando la gente psicológicamente se afecta y corre la generalización “ese chisguete no sirve, se revienta, se
recalienta, no quiero eso. ¿No hay otra cosa?”» (CVR. Entrevista. 24 de octubre de 2002. Mantilla).
267 CVR. Entrevista. 24 de octubre de 2002. Mantilla.
268 Ibídem.
TOMO II PÁGINA 127