Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
3.4.3. Las operaciones especiales del Servicio de Inteligencia Nacional
Uno de los decretos legislativos de noviembre de 1991 que el Congreso no ratificó fue el 746 sobre el Sistema
de Inteligencia Nacional (SINA). Esa norma daba amplias atribuciones al Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN) y lo ponía bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República, sin dar lugar a ningún control
ministerial, judicial ni parlamentario. El SIN establecería su propio presupuesto y sus planes de operaciones,
manteniendo todo esto clasificado como secreto. Las nuevas atribuciones del SIN no excluían claramente que,
además de coordinar y controlar a los servicios de inteligencia militares, efectuara sus propias operaciones de
obtención de inteligencia y también operaciones encubiertas de seguridad contra agentes encubiertos del
enemigo, o sea operaciones de contrainteligencia. Organizado y liderado desde el primer momento por Montesinos,
el nuevo SIN estuvo integrado casi exclusivamente por militares, con la excepción de algún analista
profesional de inteligencia estratégica.
El asunto principal de la ya mencionada denuncia del Gral. Rodolfo Robles no era que destacamentos de
operaciones especiales del Ejército estuvieran violando los derechos humanos, sino que el SIN estaba usando
personal militar e impartiéndole órdenes al margen de la cadena de mando oficial, de forma que esas operaciones
ya no respondían a los fines de la contrasubversión sino a los de la camarilla presidencial-militar. Estas operaciones
encubiertas del SIN contaban con la aprobación del Comando Conjunto, instancia que está en la cadena
de mando como Comando Operativo del Frente Interno (COFI) y comanda directamente las operaciones en los
frentes contrasubversivos desde inicios de 1990. Con ese respaldo, el SIN formaba sus propios destacamentos
para misiones especiales, usando personal del Servicio de Inteligencia del Ejército, y los insertaba en los teatros
de operaciones notificando apenas al jefe militar del frente o zona para que diera garantías a la operación, lo que
quería decir en buena cuenta que no se inmiscuyera ni hiciera preguntas y que diera paso al destacamento.
Así sucedió el asesinato de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. Lo primero fue
una llamada telefónica del general Nicolás Hermoza Ríos, jefe operativo del frente interno, al general Luis
Pérez Documet, jefe de los comandos del Ejército. Poco después el mayor Santiago Martin Rivas se presentó
ante Pérez Documet y se refirió a lo adelantado por teléfono por el general Hermoza sobre una operación
especial de detención de delincuentes subversivos en la residencia de la universidad, para la cual requería que
fuera asignado un determinado teniente. A la pregunta de Pérez Documet sobre por qué tenía que ser ese
teniente y no podía ser otro, Rivas contestó que ese teniente había estado destinado hasta hace poco en la base
militar que controlaba la universidad y podía identificar a los DDSS que estaban buscando. El jefe operativo
accedió entonces, en el entendido de que se trataba de una operación especial bajo responsabilidad directa del
Comando Conjunto y el SIN. Destacó al teniente y dispuso que se diera acceso al grupo especial a la universidad
en horas de la noche. El camión de Martin Rivas ingresó al campus llevando al grupo especial y salió
horas después sin que el jefe de la base militar examinara su carga ni supiera a dónde se dirigía.
Dejemos de lado por un momento la naturaleza moral o jurídica de las acciones así cometidas para concentrarnos
en su organización. El procedimiento regular para organizar operaciones especiales de inteligencia está
establecido en el manual de inteligencia militar Operaciones Especiales de Inteligencia (ME-38-20). Allí se dice que
primero determinan las grandes unidades (batallón de inteligencia G-2 o compañía de inteligencia de una región
militar o frente contrasubversivo) sus objetivos y luego los remiten al jefe del teatro de operaciones, quien los
aprueba «y determina quién los tomará a su cargo, si son las UU de FFEE (unidades de fuerzas especiales) que
tiene a su disposición o el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército) o las Unidades de Inteligencia asignados para
esa dependencia». 619 El plan así elaborado es sometido entonces a la aprobación del más alto escalón de inteligencia,
la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE). Además, si el jefe del teatro de operaciones selecciona
objetivos cuya ejecución no está a su alcance, debe comunicarlos al Comando Conjunto, quien los aprueba y
determina si los asigna a unidades de fuerzas especiales o a uno de los servicios de inteligencia militares.
Esto rige también cuando se trata de un operativo conjunto de fuerzas especiales con agentes de inteligencia.
Cuando los elementos de inteligencia, que son agentes encubiertos integrados a una red, son requeridos
para participar en una operación especial, ello implica riesgos especiales para la red, porque la expone a perder
durante la acción su carácter secreto, y también para los agentes de fuerzas especiales, porque su seguridad
durante el operativo pasa a depender de la acción coordinada con los agentes secretos, con quienes la
619 Operaciones Especiales de Inteligencia (ME-38-20), p. 9.
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