Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

LOS ACTORES ARMADOS
tria perpetrados en el teatro de operaciones; la facultad de condenar en ausencia a los inculpados por terrorismo;
prolongó a catorce días el plazo de detención por investigación policial y sin acusación judicial en el
caso de los delitos de terrorismo; y restringió el derecho de defensa y el endurecimiento de las condiciones
carcelarias para estos detenidos (Rospigliosi 2000b). Como se ve, la breve dictadura de Fujimori puso en vigor
normas altamente problemáticas y muchas de ellas totalmente inaceptables para cualquier orden constitucional
democrático. De hecho, la mayoría fujimorista del CCD ratificó gran parte de estos decretos leyes, pero no
se atrevió a hacerlo con la supresión del hábeas corpus en casos de terrorismo, ni con el proceso sumario en el
teatro de operaciones ni con la condena en ausencia, los que fueron corregidos por la ley 26248 (noviembre de
2003). En todo caso, los decretos leyes de Fujimori que el CCD legalizó llevaban la doble marca de haber sido
rechazados por el Congreso disuelto inconstitucionalmente y haber sido promulgados primero por una dictadura,
el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
Junto al «arrepentimiento», el dispositivo que más influencia tuvo en el avance de la contrasubversión fue el
del reconocimiento y organización de las rondas y autodefensas campesinas bajo la autoridad militar. Según el
Comando Conjunto, desde 1992 hasta 1994 se habían formado 4,628 comités de autodefensa, integrados por
232,668 ronderos. Más favorable al predominio político de Fujimori que a la contrasubversión fue la ampliación
de las atribuciones de los Jefes de los Comandos Políticos Militares, quienes pasaron a ser los gobernantes locales
efectivos, pues podían remover de sus cargos y nombrar a todos los funcionarios. El jefe político militar designaba
un comité de notables que le recomendaban el personal. En Ayacucho, destacó como cabeza de dicho
comité el Obispo Juan Luis Cipriani —severo crítico de las organizaciones defensoras de los derechos humanos—,
cuya venia fue imprescindible durante años para acceder a cualquier cargo público en Ayacucho.
Llama la atención, en este contexto, que la Constitución de 1993 haya conservado idénticos, salvo en un
punto, los capítulos sobre el régimen de excepción y sobre la defensa y el orden interno de la Constitución de
1979. El punto que cambia es el de los ascensos de los generales y almirantes. En la de 1979, requieren ratificación
del Senado y en la de 1993 son otorgados por el Presidente de la República a propuesta del instituto correspondiente.
No es éste un cambio importante, porque el balotaje senatorial de los ascensos no se había ejercido
significativamente; fue siempre un trámite insulso y apenas simbólico. En muchos sistemas
democráticos, donde está garantizada la estricta fidelidad de los oficiales a la democracia y su estricta neutralidad
en política partidaria, el Poder Ejecutivo ratifica los ascensos. Descontado, pues, este único punto que se
modificó, la constitución fujimorista repitió punto por punto el capítulo de seguridad y defensa de la constitución
de 1993. Esto indica, por un lado, que para luchar exitosamente contra la subversión terrorista no hacía
falta romper el orden constitucional ni convocar una asamblea constituyente, porque las normas constitucionales
de seguridad y defensa de 1979 eran suficientes. Por otro, significa que el contenido de estos capítulos
de la Constitución de 1979 —el cual, como hemos visto, fue propuesto por las instituciones militares mientras
estaban todavía en el poder— es compatible con el papel que desempeñaron la Fuerzas Armadas durante
todo el régimen de Fujimori y con las leyes de los órganos del Sistema de Defensa Nacional que dieron lugar,
entre otras cosas, al SIN de Montesinos. Ambas situaciones son ciertas y se complementan. Fujimori no dio el
golpe de Estado porque necesitara cambiar la constitución para los fines de la contrasubversión. Este cambio
no le era necesario, pues la Constitución de 1979, en lo referente al control democrático sobre las Fuerzas Armadas
y, en general, al control del Sistema de Defensa, incluido el SIN, es un texto muy indefinido que no
presentó obstáculos a esa forma de gobernar. Por ello, este capítulo no fue modificado en 1993.
Los cambios que siguieron en las leyes revelan las graves consecuencias de esa indefinición. Cambios legislativos
con consecuencias graves fueron el que permitió al presidente mantener en el cargo indefinidamente
a los altos mandos militares, gracias a lo cual Hermoza Ríos presidió el Comando Conjunto durante siete
años, y el que otorgó al SIN la atribución de realizar operaciones encubiertas al margen de todo control.
3.4.2. Los militares disidentes
El 13 de noviembre de 1992, faltando nueve días para los comicios de elección del Congreso Constituyente
democrático, se realiza un intento de golpe militar contra Fujimori, organizado por los generales en situación
de retiro Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Ernesto Obando; el mayor en retiro Salvador Carmona; los
comandantes en actividad Raúl Montero y Marcos Zárate; y el mayor Hugo Ormeño. Fujimori llegó a aban-
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