Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1
virtió en el elemento unificador y animador del régimen. La oposición, empeñada en aprovechar los pocos espacios
de acción política existentes, no pudo evitar convalidar aspectos fundamentales del régimen a lo largo de los
años siguientes. Por defender la posibilidad de un referéndum por iniciativa popular, la oposición defiende en
todos sus alcances la Constitución de 1993 y así, sin más remedio, se convierte en el mejor abogado del poder
político-militar que se reproducía dentro de ese marco. UPP, el movimiento opositor liderado por Pérez de Cuellar,
pide en junio de 1996 el pronunciamiento institucional de las Fuerzas Armadas sobre la privatización de
Petroperú, con lo cual convalida la práctica del Comando Conjunto de intervenir en política mediante comunicados
que son, por tratarse de una fuerza armada, posiciones de fuerza. En abril de 1998, el ex presidente Fernando
Belaunde propone públicamente un pacto civil-militar para impedir la inconstitucional segunda reelección
de Fujimori. Con este fin, se celebran reuniones en que participan líderes políticos y oficiales en retiro que
fungen de líderes de la opinión política disidente dentro de las Fuerzas Armadas.
El cuestionamiento político internacional al gobierno de Fujimori arrecia conforme éste acelera sus medidas
para perpetuare en el poder, pero al mismo tiempo los Estados Unidos otorgan reiteradamente al Perú
buenas calificaciones en la lucha antidrogas y renuevan la ayuda por este concepto. Un «zar antidrogas», el
general Barry Mac Caffrey, fue el encargado de desarrollar esta relación. Una primera buena calificación fue
concedida en marzo de 1996. Ese año fueron reinstaladas en el valle del Huallaga algunas bases militares que
habían sido desmovilizadas. En octubre, el «zar» visita Lima y, preguntado por la prensa, elude responder
sobre Montesinos, con quien trata en privado los asuntos relativos a la interdicción del narcotráfico. La visita
oficial se reitera en abril de 1998 para alentar los programas de cooperación antidrogas. En esa ocasión fue
difundido un video en que él y Montesinos aparecen dialogando. Mac Caffrey se ve obligado a tomar distancia
de Montesinos y declara que le parece una persona de prestigio discutible que suele recurrir a la manipulación.
Ello no fue obstáculo para que continuara la cooperación con el régimen. En agosto de 1999 vuelve a
felicitar en público la política antidrogas del Perú y en particular al SIN como uno de sus gestores.
La exitosa operación «Chavín de Huántar» que liberó el 22 de abril de 1997 a los rehenes que retenía el
MRTA en la residencia del embajador japonés desde el 17 de diciembre de 1996 fue la última operación militar
que contribuyó al prestigio del Gobierno, con la particularidad de que estos laureles fueron amargamente disputados
en los años siguientes por Fujimori y Hermoza Ríos, lo que causó una desunión que hizo recrudecer el
viejo problema del sometimiento de las Fuerzas Armadas a Fujimori. El recurso a una acción militar para resolver
la crisis de la embajada, fuese o no inevitable, tuvo como consecuencia que los aspectos discutibles y cuestionables
del operativo llevasen a una serie de debates públicos sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Al interior
del oficialismo se abrió un debate sobre si el artífice de la victoria fue Fujimori, en estrecha cooperación con el
SIN, es decir, con Montesinos, o si lo fue el jefe operativo militar, es decir, Hermoza Ríos. La oposición, por su
lado, fue planteando gradualmente la duda sobre si todos los miembros del MRTA murieron en combate o si
algunos fueron ejecutados cuando ya estaban inermes. En el medio, y a media luz, quedaba la cuestión del proceso
abierto a los oficiales superiores de la policía, a quienes se señalaba como los únicos responsables de que la
residencia fuese tomada por el MRTA. Esta última consecuencia no pudo ser sostenida políticamente por el régimen.
Los oficiales de la policía fueron amnistiados en julio de 1998. En octubre de 1987 Hermoza Ríos reclamó
la autoría de la operación en un libro que fue presentado en la Universidad del Pacífico, con la asistencia del
«doctor» Vladimiro Montesinos. En diciembre, Fujimori dejó entrever a los medios que estaba evaluando la permanencia
en el cargo del presidente del Comando Conjunto, general Nicolás Hermoza Ríos. La respuesta de las
Fuerzas Armadas fue una inaudita reunión de los jefes de las seis regiones militares, quienes abandonaron
simultáneamente sus bases y se reunieron en Lima con el presidente del Comando Conjunto bajo el buen pretexto
de que era su cumpleaños. En realidad, se trató de una manifestación de apoyo y desagravio a Hermoza Ríos,
semejante a la que recibió años antes, en la forma de un paseo de tanques, cuando fue denunciado en el Congreso
el crimen de La Cantuta. Esta vez, sin embargo, el agravio venía de Fujimori.
Paralelamente a este proceso de desunión corrió otro aun más amargo y destructivo, el que empezó el 23
de mayo de 1997 con un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contra el ciudadano
Baruch Ivcher:
Desde hace tiempo, el ciudadano nacionalizado peruano Baruch Ivcher Bronstein viene realizando una campaña
destinada a dañar el prestigio y la imagen de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Perú son instituciones
que cumplen un papel de primordial importancia en preservar la defensa de la pacífica convivencia social, la
pacificación nacional y el desarrollo del país. A lo largo de estos años, el país ha sido testigo del sacrificio y pa-
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